Un puñado de leyes moribundas

El pasado 10 de diciembre Greenpeace intentó cubrir con un trapo amarillo la boca de uno de los leones a las puertas del Congreso de los Diputados. Era la forma de rebelarse junto a otras ONG ante la aprobación de la llamada ley mordaza. Junto a ellos protestaron diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC y Amaiur, que no se quedaron en gestos simbólicos: asumieron el compromiso de “derogarla o reformarla drásticamente”.

El rechazo a la reforma sanitaria unió a todos los partidos salvo el PP

La ley de seguridad ciudadana, una de las normas con más rechazo social (el 82% de los españoles está en contra, según una encuesta de Metroscopia) de las que aprobó el Partido Popular en esta legislatura, tendría los días contados en el Congreso fragmentado y sin mayorías absolutas, que pintan todas las encuestas. Las dos fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos, también han mostrado su disposición a eliminarla tras las elecciones generales de otoño. El partido de Pablo Iglesias apuesta por “reescribirla entera porque la sociedad lo que demanda son más libertades, no menos”, asegura Auxiliadora Honorato, secretaria de acción institucional de Podemos. La formación de Albert Rivera pide “limitar la intervención directa que otorga al Gobierno sobre derechos fundamentales”. En el punto de mira de partidos y colectivos sociales está el recorte de libertades y el intento de legalizar las denominadas devoluciones en caliente de los inmigrantes que entran a territorio español.

No es el único texto legal en vigor que peligra si tras las elecciones de noviembre se produce el vuelco electoral que anticipa la demoscopia. Por escrito, toda la oposición con escaño en la Cámara Baja salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN, han acordado derogar la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la polémica Lomce, que resucita las reválidas, blinda los conciertos con los colegios que segregan por sexo, otorga a la Religión católica el mismo peso académico que el resto de materias y desvía a los alumnos hacia la FP a partir de los 13 años. Para tumbarla se precisa una mayoría absoluta en el Congreso. Además de PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, ERC, BNG, Coalición Canaria y Amaiur, la norma cuenta con el rechazo de formaciones que no están en el Congreso pero que según los sondeos cuentan con gran apoyo social.

Ciudadanos sostiene que no es la ley que necesita España y aboga por buscar otra “con un gran consenso para que tenga continuidad en el tiempo”. Podemos es aún más taxativo: “Nació con un fuerte disenso por parte de las Comunidades Autónomas, hay que derogarla, no para volver a la anterior sino para buscar un gran pacto con la ciudadanía”.

Escrito está también que un cambio de Gobierno o incluso de mayorías en el Congreso pretende echar abajo la reforma sanitaria del Gobierno, que dejó sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas. El frente común incluye a partidos que nunca han pisado el Congreso. Lo constituyen PSOE, CiU, PNV, IU, UPyD, ERC, BNG, Coalición Canaria, Geroa-Bai, Amaiur, Nueva Canaria, Equo, Compromís y Podemos. Ese rechazo frontal de casi toda la oposición —la parlamentaria y la que no lo es, a excepción de Ciudadanos que sí respalda la exclusión sanitaria de extranjeros sin permiso de residencia— ya forzó al PP a una primera rectificación: aceptó devolver la atención primaria a los inmigrantes irregulares.

El cambio en la legislación del aborto abre brechas entre los populares

La reforma del Código Penal que introduce la prisión permanente revisable también está en la diana de la oposición. Fue el único cambio de ese calado de la democracia que un Gobierno aprobó en solitario. El resto del arco parlamentario está en contra. Durante el Pleno del Congreso en el que se aprobó, las distintas siglas compitieron en descalificaciones. Fuera del hemiciclo, a Podemos tampoco le gusta. “No responde a las necesidades del país, que tiene una población reclusa superior a la media europea y un índice de delitos más bajo”, asegura Honorato. Consultado por este diario, Ciudadanos, a través de su departamento de comunicación, mantiene la ambigüedad: “El Código Penal es muy extenso y habría que hablar de qué es lo que se pretende cambiar”.

El cambio en la ley del aborto, que el Congreso ha empezado a tramitar hace unas semanas —para que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que pedir el consentimiento a sus padres aunque entrañe riesgo para ellas— tampoco cuenta con respaldo de ningún otro partido: solo diputados sueltos de CiU, UPN y Foro de Asturias. Todo un panorama preelectoral de leyes moribundas.