Andreu archiva la causa de 13 usuarios de las tarjetas ‘black’

En octubre pasado surgió el que puede ser el mayor escándalo de la crisis financiera en España por la impunidad y falta de ética que supuso el gasto de 15,5 millones entre 1999 y 2012 en lujo, derroche y opulencia por parte de 82 directivos y consejeros de Caja Madrid y de Bankia. Solo cuatro cargos de la entidad rescatada con 22.424 millones no gastaron, pese a tener tarjeta.

Para 13 de los directivos y consejeros han llegado buenas noticias. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha archivado la causa que se seguía contra 13 exdirectivos de la entidad, al considerar que la imputación del delito de apropiación indebida que se les imputaba habría prescrito al haber pasado más de cinco o diez años desde la última infracción.

La justicia establece que este delito prescribe a los cinco años si los importes prescritos no superan los 50.000 euros y diez años en caso de que los importes presuntamente sustraídos superen esa cantidad. El delito de apropiación indebida está castigado con hasta seis años de prisión.

Andreu ha remitido 13 autos en respuesta a los recursos de los exdirectivos y exconsejeros en los que declara “extinguida la responsabilidad penal” que les venía siendo atribuida en esta pieza separada del caso Bankia.

Los afectados son la directiva Elena Gil (que cargó 72.479,96 euros a su tarjeta black, buen parte de ellos en objetos de la Joyería Suárez de Madrid): Carlos Contreras (que cargó 23.827 euros a la tarjeta); Ángel Rizaldos (20.176,32); Rafael Pradillo (28.682,55); Ignacio Varela (35.722,09); Joaquín García Pontes (21.135,10); José Luis Acero (10.163,27 euros); Ignacio del Río (21.029, 77); José María Fernández Del Río (47.723,71); Miguel Muñiz (20.866); Domingo Navalmoral (42.966,24); José Nieto (19.855,68) y José Caballero (19.790,55).

De los consejeros con tarjeta: 27 eran del PP, 15 del PSOE, 5 de IU y 11 sindicalistas. Los que no usaron la pese a disponer de ella, fueron Félix Manuel Sánchez Acal, de UGT, que falleció al poco de tenerla, y los directivos Íñigo María Aldaz, Esteban Tejera (de Mapfre) y el ex consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú.

El juez apunta en todas las resoluciones que los gastos de estos siete exdirectivos fueron cargados entre los años 2003 y 2006, por lo que en todos los casos se habría superado el plazo de prescripción establecido en la ley.

El caso más relevante, por su cuantía económica, es el de la exdirectiva Elena Gil. El auto comenta que de los 72.480 euros que gastó con la tarjeta, “el último cargo que realizó contra la tarjeta corresponde al 26 de agosto de 2004, que aparece por reintegro en cajero propio, por importe de 180 euros, siendo la fecha del auto por el que se declara su imputación la del 28 de enero de 2015”. Es decir, se ha librado por cinco meses exactos. Gil gastó este dinero en bolsos, ropa de lujo, viajes y restaurantes.

El magistrado tiene aún pendiente pronunciarse sobre el archivo provisional de la causa de cuatro exdirectivos, entre ellos el exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno. La Fiscalía Anticorrupción apoyó el sobreseimiento provisional al considerar que Spottorno, Carlos Vela, Ricardo Morado y Juan Astorqui no eran administradores de la entidad y, por tanto, no tuvieron capacidad de decisión.

Por otro lado, Rodrigo Rato ultima su defensa contra el requerimiento notarial de Bankia que le reclama la congelación de sus bienes por valor de 133 millones. Esta cantidad es la sexta parte de los 800 millones que impuso Andreu a Bankia, BFA, José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú y Rato. Verdú ya ha respondido a Bankia diciendo que “desproporcionada e infundada” esta reclamación.

Este viernes también se decide el recurso de la entidad financiera contra toda la fianza. Si Andreu rebajara los 800 millones exigidos, automáticamente se reduciría la de los seis afectados.