El ‘caso Rato’ y la amnistía fiscal acorralan al ministro Montoro

El caso Rato y la amnistía fiscal han elevado la presión política sobre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La oposición le ha convertido en su objetivo prioritario, porque quien fuera su principal mentor, Rodrigo Rato, se ha acogido a la medida para aflorar dinero oculto que él puso en marcha en 2012. El propio Montoro quiso protegerse y este miércoles se mostró molesto con los cargos públicos que han acabado confesando comportamientos de fraude fiscal, como es el caso de Rato.

No obstante, en ese clima de presión, Mariano Rajoy dio un balón de oxígeno notable a su ministro de Hacienda, mientras era acosado por la oposición. El presidente del Gobierno hizo una defensa firme en el pleno del Congreso de lo que el Ejecutivo califica como regularización fiscal, mientras que toda la oposición lo ve como una amnistía fiscal. Todo se agrava para el ministro porque por esa grieta legal se ha colado, entre otros, el exvicepresidente del Gobierno y referente del PP y porque persiste la sombra de duda sobre las otras 714 personas relevantes que se acogieron a esa figura legal y que son investigadas en este momento.

El presidente defendió este miércoles en el Congreso la eficacia de la medida, debido al dinero rescatado para la Hacienda pública, y también sus circunstancias, es decir, que se mantenga en secreto la lista de 30.000 contribuyentes que se acogieron a ella y la de 715 personas de especial relevancia que son investigadas.

El martes toda la oposición votó por la reprobación de Montoro y este miércoles la sesión de control se convirtió en una ofensiva contra él. Primero, por la amnistía fiscal. Pero también por los contratos con la administración pública del despacho de asesoría que fundó, Equipo Económico S. L., revelados por EL PAÍS. También generan dudas las muchas filtraciones que algunas voces críticas dentro y fuera de su partido atribuyen a su departamento, como la de la investigación de la Agencia Tributaria a Rato y la publicación en varios medios de la totalidad del expediente de investigación del fisco a ese exvicepresidente. El pleno de este miércoles solo le sirvió para constatar que tiene el apoyo de su presidente y que, obviamente, la amnistía de 2012 es asumida como decisión de todo el Gobierno, aunque en el PP haya recelos respecto a los efectos negativos para el partido que ha provocado aquella medida.

“Las decisiones del Gobierno en esta legislatura han permitido aflorar en España 124.000 millones de euros, que se dice pronto, que ahora van a comenzar a tributar en nuestro país. Las decisiones del Gobierno de España y la actuación de la Agencia Estatal Tributaria en la lucha contra el fraude han permitido recaudar, en los años 2012, 2013 y 2014, 34.785 millones, que son los mejores datos de la historia de la Agencia Estatal Tributaria”, dijo Rajoy.

Para justificar la opacidad de la lista de acogidos a la amnistía fiscal, el presidente explicó que se ha hecho lo mismo que en las regularizaciones de 1984 y 1991, decididas con Gobiernos del PSOE. Entonces, según dijo, los amnistiados no tributaron nada, mientras que ahora sí. En realidad esta tributación no ha pasado en muchos casos del 3%, aunque el Gobierno divulgue ahora la idea de que no queda nada impune en la investigación del origen del dinero aflorado, como lo prueba el procedimiento contra Rato.

“Ese proceso ni limpia ni borra delitos”, aseguró Rajoy, en lo que sonó a advertencia y a un intento de demostrar que es una regularización y no una amnistía.

El presidente hizo esta apelación a la herencia y al pasado en respuesta al líder socialista, Pedro Sánchez, que utilizó en su pregunta la amnistía fiscal para denunciar lo que considera “deterioro de la calidad democrática”. Y, sobre todo, para acusar al PP de estar con los defraudadores.

Para la oposición, Montoro se ha convertido en el flanco más débil del Gobierno y en esa tarea se empeñó este miércoles. “La amnistía fiscal es el último capítulo de una cultura que privilegia a los poderosos, el enriquecimiento a cualquier precio, la mentira y el fraude, y la forma más rápida de poner fin a esta infamia es que entreguen la lista de los defraudadores a una comisión de investigación parlamentaria en aplicación de la legislación vigente”, le espetó el socialista Antonio Hernando.

“Esa amnistía fiscal, que solo ha recaudado 1.200 millones —la mitad de lo que usted pensaba que se iba a recaudar—, en realidad sirvió para que muchos delincuentes pudieran blanquear su dinero. La sorpresa es que muchos de esos delincuentes resulta que, finalmente, han sido compañeros suyos de partido”, le dijo Alberto Garzón, de IU. Frente a esta ofensiva, Montoro no se amilanó en la sesión de control ni en los pasillos del Congreso en una charla informal con periodistas. Su tesis es que era necesario aflorar ese dinero, que sí tiene consecuencias para los defraudadores y que la actuación de Hacienda no distingue “nombres ni colores”.

“Es ahora cuando la Agencia Tributaria está investigando la lucha contra el fraude sin tener en cuenta, como dije en esta tribuna, nombres, apellidos, amigos o enemigos”, aseguró el ministro.

Montoro no dio muestra alguna de debilidad. “Ustedes, que me dedicaron una sesión extraordinaria —y todas las que hagan falta—, lo que quieren es que me marche del Gobierno. No se preocupen, que ya me iré. Esto no es eterno, nada en la vida es eterno, pero antes vamos a sacar a España de esta crisis, si me permiten”, replicó a una diputada socialista.