De perdidos al río

   

 El que avisa no es traidor. No es necesaria ninguna teoría de la conspiración para saber lo que ha sucedido y lo que está ocurriendo. Esta es la conclusión que se extrae de la comparecencia, el pasado 17 de febrero, del director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en la comisión de Hacienda del Congreso, una comparecencia que hoy repite después del tsunami Rato.

“No sé si somos conscientes de la magnitud de esta información, de los contrastes y la actuación que la agencia está ya realizando sobre estos contribuyentes [que presentaron el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero tras el modelo 750 de amnistía fiscal], de estas labores de comprobación que hay que realizar sobre este modelo, y de la cantidad de información que se tiene por un procedimiento legal regulado en la Ley 7/2012, que es muy eficaz en la lucha contra el fraude”, explicó.

Y advirtió: “Tenemos seleccionada una población de 705 contribuyentes, cuya información pasaremos al Sepblac. Una vez que se contraste con las actuaciones que pudieran estar haciendo ellos o por otros órganos de investigación o por organismos jurisdiccionales, la propia agencia, a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), analizará individualmente a cada uno de los contribuyentes para, en su caso, hacer traslado posterior de las posibles contingencias de posibles ilícitos…”

Menéndez, al ser preguntado aquel día, sobre las filtraciones de informes, señaló a un diputado: “Quisiera que me dijera qué dato, informe o antecedente de la Agencia Tributaria se ha filtrado, porque no conozco ninguno”.

 Ahora, dos meses después, Menéndez ya lo conoce. Un nombre de la lista de 705 se ha filtrado. Nada menos que Rato. Y sobre la base de esa filtración se ha asignado a la Fiscalía de Madrid una operación especial con un juez de guardia, una operación que la Fiscalía Anticorrupción se resistió a acometer. Por una razón muy sencilla: consideró prematuro un informe parecido de la ONIF.

Este contrato por obra para la Fiscalía de Madrid ha quedado en evidencia. Sus dos objetivos: montar un espectáculo perp walk neoyorquino, el paseíllo a que se somete a los perpetradores, después de su arresto, para que los medios de comunicación inmortalicen el acontecimiento; y, acto seguido, filtrar el contenido de la denuncia de la ONIF.

Mientras, al imputado in pectore, ni el juez de guardia ni al que le ha tocado la causa por reparto le han visto la cara. Y ya no se la verán. Porque el juez Serrano se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional. Una operación limpia.

 Por otra parte, la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, según habíamos avanzado, ha dado la instrucción del `caso Rato´a la Fiscalía Anticorrupción.

 La división del trabajo entre Hacienda y Economía, de quien dependen la ONIF y el Sepblac, respectivamente, se ha cumplido a rajatabla tal como anticipó Menéndez. Pero cada uno por su lado y mirándose con recelo.

El ministro Montoro se ha comportado como solía hacerlo el inspector Jacques Clouseau de la Sûreté francesa en la saga de La Pantera Rosa, cuyo inmenso ego y excentricidad daban la impronta: todas sus investigaciones se hacían con un desorden entre desopilante y caótico para exasperación de su superior, el inspector jefe Dreyfus, a quien se le atraviesan los ojos y termina en un hospicio para homicidas psicóticos.

El trasiego al que se ha sometido el dossier Rato durante meses -Agencia Tributaria-ONIF-Sepblac-Fiscalía Anticorrupción-Fiscalía de Madrid- entrañaba el riesgo potencial de que los detalles del informe elaborado le explotaran en la mano al mismísimo Montoro-Clouseau. Un recurso de última hora de control de daños puede ser una de las hipótesis más razonables para interpretar lo que ha ocurrido.

De perdidos al río.