Educación crea un grupo de trabajo para detectar la violencia en las aulas

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha propuesto este martes a las comunidades autónomas crear un grupo de trabajo para “estudiar qué elementos de mejora se pueden introducir en los protocolos para la prevención y detección de problemas de violencia en las aulas”. Wert admitió que el crimen del instituto Joan Fuster de Barcelona es un caso “absolutamente extremo”. El grupo de trabajo no tiene aún fecha de reunión ni objetivos claros.

El propio ministro considera que “el riesgo cero no existe ni existen estrategia de prevención que pueda evitar situaciones de este tipo”, como el “brote psicótico” que según la Generalitat sufrió el alumno. Las comunidades autónomas editan protocolos de actuación en casos de violencia. El plan de convivencia de Andalucía, de 2011, prevé por ejemplo que se analicen “las conductas conflictivas” en los centros y se anoten los datos como las faltas de respeto, de puntualidad o asistencia, el acoso escolar o ciberacoso o el “deterioro grave de las instalaciones”. El Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad de Madrid, de este curso, prevé conferencias a los alumnos sobre acoso escolar, prevención de riesgos de seguridad “asociados a las nuevas tecnologías” y orientar a los escolares “sobre aquellos comportamientos que pueden derivar en acciones delictivas o violentas”.

En Cataluña también existe un protocolo, que materializa un decreto de 2006 sobre regulación de la convivencia en los centros. Allí, entre otras cosa, se establece la mediación escolar como el mecanismo para gestionar los conflictos, siguiendo los criterios de su proyecto educativo. Cada centro posee una comisión disciplinaria, donde tienen representación los padres. Para los casos particularmente complejos o que no se pueden solucionar por la vida ordinaria existe la Unidad de Apoyo a la Convivencia Escolar (USCE, en sus siglas en catalán).

Distintos sindicatos educativos reclamaron el mismo lunes más medios para vigilar la adaptación y la convivencia y criticaron que los recortes habían reducido la presencia de orientadores y apoyos. El ministro rechaza que el crimen se asocie “con deficiencias constatadas del sistema educativo” y añadió que “no se le puede cargar más responsabilidades de las que asumen”.

Wert tenía prevista una reunión con representantes de las comunidades autónomas para debatir sobre evaluaciones y becas. Al inicio del encuentro planteó esta propuesta sobre la que encontró “consenso”, según indicó al final de la reunión. El secretario de Políticas Educativas de la Generalitat de Cataluña, Joan Mateo, dijo que abrirán un periodo de reflexión para determinar si es necesario incrementar las medidas de seguridad en las escuelas y facilitar a las familias protocolos de prevención.

Consultarán con los expertos, “para saber de qué manera, en el ámbito familiar, en el de la orientación y en la propia escuela” se pueden detectar y prevenir conductas violentas. Admite que “no es fácil” porque él también cree que situaciones como la del menor de Barcelona son “absolutamente imprevisibles".

A la salida del instituto Joan Fuster, donde ocurrieron los hechos, los padres respaldaban este martes la labor de los maestros y el acompañamiento que hacen a los alumnos. “De todas maneras te hace dudar si falta más vigilancia”, dijo Karima, madre de una niña de tercero de ESO.

“Se ha de hablar de todo, pero no en caliente. Puede haber problemas de disciplina, pero no se pueden vincular con lo que ha pasado”, aseguró Àlex Castillo, presidente de la federación de Ampas catalanas. Jesús Salido, portavoz de la confederación española de padres de la escuela pública (Ceapa) pide que se amplíen las medidas para “abordar las necesidades sociales, afectivas y patológicas de todos los que están en los centros educativos” y que haya más orientación. No cree que sean necesarias “ni más medidas de seguridad, ni presencia policial ni guardias jurados porque esto ha sido un acto puntual”.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró contrario a cambiar la legislación sobre menores (que convierten al estudiante de 13 años en inimputable) ante un “hecho puntual”. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que también reclamó “no legislar en caliente”.