La causa se queda en el limbo tras la operación de Hacienda contra Rato

El caso sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se encuentra ahora en una suerte de limbo judicial. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, anunció este martes en Barcelona que el ministerio público recurrirá la decisión del juez Antonio Serrano-Artal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, con sede en la plaza de Castilla, de inhibirse en favor del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Este juez investiga ya el caso Bankia, sobre la salida a bolsa de la entidad financiera en julio de 2011 y la pieza derivada sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid, en las que está imputado Rato.

Pese a que la fiscalía entiende que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) maniobró supuestamente para evitar que sus bienes sirvieran para cubrir su parte de la fianza de 133 millones de euros (el total es de 800 millones) que le impuso el juez Andreu por el caso Bankia —hechos por los que ha sido imputado ahora por alzamiento de bienes—, esto no es suficiente para establecer un vínculo entre las distintas causas. La imputación de Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes tienen que ver con la esfera personal y familiar del expolítico, y no guardan relación con su trabajo al frente de Caja Madrid y Bankia.

La fiscalía considera precipitada la decisión del juez Serrano-Artal de Madrid de ceder la investigación —que recibió el pasado lunes por turno de reparto y sobre la que no ha practicado diligencia alguna— a su colega de la Audiencia Nacional.

En declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona, donde acudió a reunirse con la fiscalía de esa provincia, Consuelo Madrigal indicó que la competencia sobre el llamado caso Rato debe corresponder a los juzgados de Madrid. Si las investigaciones sobre esta causa permitieran detectar conexiones de fondo, más allá de la identidad de Rato, con el caso Bankia, se podría replantear a qué juzgado correspondería la investigación.

Madrigal, durante un encuentro en Barcelona con los miembros de la Fiscalía Provincial de Barcelona y de la Fiscalía Superior de Cataluña, ha precisado que en esta causa “se investigan fraudes fiscales esencialmente” de un contribuyente, en concreto, Rodrigo Rato. “Con toda probabilidad vamos a recurrir este auto de inhibición”, insistió Madrigal, que ha considerado que hay fundamentos suficientes para presentar este recurso.

Fuentes judiciales sostienen que los delitos fiscales y de alzamiento de bienes corresponden a los jueces ordinarios

La fiscal general también ha enmarcó dentro de la normalidad y de las atribuciones de competencias del ministerio público el hecho de que la investigación haya pasado a manos de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Madrigal reconoció que ella medió en el momento en que la Fiscalía Anticorrupción consideró que la investigación les debe corresponder a ellos, pero ha insistido en que esto no ha provocado “malestar” en el seno de la acusación pública.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico sostienen que, en principio, los delitos fiscales y de alzamiento de bienes corresponden a los jueces ordinarios, en este caso, al tratarse de una persona no aforada, a los juzgados de Instrucción de Madrid. El pasado viernes, al día siguiente de que Rodrigo Rato fuera detenido durante siete horas para que asistiera al registro de su casa y su despacho en Madrid, Anticorrupción anunció que iba a reclamar la competencia sobre la investigación de la Agencia Tributaria, de la que tenía conocimiento desde el mes de enero. Aquel día, fuentes de la Fiscalía General ya dieron por hecho que la causa debería permanecer en los juzgados de plaza de Castilla.