La fiscalía apoya archivar la causa de Spottorno por las tarjetas ‘black’

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que levante la imputación contra Rafael Spottorno, el exjefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I, por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El ministerio público entiende que este no puede ser responsable del delito de administración desleal que se le atribuye ya que no era administrador de la entidad crediticia y, por lo tanto, no tenía capacidad de decisión en ella.

Spottorno, presidente de la Fundación Caja Madrid entre febrero de 2003 y marzo de 2011, cargó a la tarjeta opaca al fisco un total de 232.152 euros, en gastos personales de todo tipo, desde sastres a viajes pasando por artículos electrónicos y gasolina. En su declaración ante Andreu, el pasado 13 de marzo, Spottorno aseguró que entendía que la tarjeta black formaba parte de su retribución como directivo, y no debía rendir cuentas por su uso. El ex consejero privado de Felipe VI —dimitió tras destaparse el escándalo de las tarjetas en octubre del año pasado disponía de otras tarjetas para gastos de representación, cuyos cargos debía justificar, explicó al magistrado.

La fiscalía aplica a Spottorno el mismo criterio que fijó para otros tres directivos de la entidad —Carlos Vela, Ricardo Morado y Juan Astorqui—, que no formaban parte ni del Consejo de Administración ni de la Comisión del Control de la caja. Todos ellos dispusieron de una tarjeta de gastos de representación —debidamente justificada— así como de otra tarjeta a modo de complemento salarial. Esta última no fue incluida —o al menos no de forma detallada— en los certificados de retenciones ni en las declaraciones tributarias de sus usuarios.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción contemplan la posibilidad de considerar a los cuatro exdirectivos partícipes a título lucrativo del sistema de tarjetas black. De él serían responsables penales, según el criterio del fiscal, los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, alrededor de medio centenar de personas propuestas por partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, entre los años 2003 y 2012. En ese periodo, los consejeros y los directivos de Caja Madrid cargaron gastos personales a las tarjetas opacas por valor total de 15,5 millones de euros.

UPyD, partido que encabeza la acusación particular en el caso Bankia y en la pieza separada de las tarjetas opacas, presentó ayer un escrito en el que se opone “categóricamente” al archivo de la causa contra Spottorno y los otros tres directivos. “La conclusión a la que nos aboca el Ministerio Fiscal y es que estos directivos no sólo no cometieron delito alguno, sino que además beneficiaron altruistamente a la Caja no haciendo uso del total de lo que ellos han dicho que eran sus retribuciones. Esto, dicho con estricto ánimo de defensa, resulta un disparate”, señala la formación magenta.