Un reino `medieval´

La buena noticia es que con la presentación de los escritos de defensa ya estamos más cerca del juicio oral, uno de los grandes espectáculos mediáticos internacionales cuya fecha de celebración probable se puede anotar para comienzos de 2016.

 La propuesta de citar a 689 testigos por parte de la defensa de Diego Torres es la representación simbólica, u onírica, si se quiere, de ese espectáculo. Ni aquí ni en ningún otro país sería posible. Y la reducción radical de ese número que seguramente resolverá la Audiencia Provincial de Palma no supondrá limitar el derecho de defensa.

En su escrito, el abogado Manuel González Peeters hace un esfuerzo titánico para justificar la citación de tal número de testigos y aporta un material documental que continúa ilustrando lo que ya ha plasmado a lo largo de la instrucción. A saber, que no puede haber actividades presuntamente delictivas cuando todo lo que se hizo estaba visado y supervisado por la Casa de Su Majestad el Rey. En otros términos, se escuda en la Corona.

El material que aporta, sobre todo correos electrónicos, muchos de ellos inéditos, indica, ciertamente, que el conocimiento de la Casa del Rey acerca de los movimientos de Iñaki Urdangarín era puntual, y que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, que encabeza el palmarés entre los destinatarios, era una especie de comisario político que seguía los detalles más nimios.

Los personajes se mueven a sus anchas en un reino medieval entre influencias y posesiones. Y esto nos remite al problema central y es, para utilizar una expresión bíblica que viene al caso, el pecado original de todo el tinglado.

El pecado es éste: desde el punto de partida todo el proyecto de Iñaki Urdangarín solo podía asumir las características que finalmente tuvo. Una empresa de relaciones públicas donde el valor añadido que él aportaba era el de ser consorte de la infanta Cristina y yerno del rey Juan Carlos.

Urdangarín era, al desposar a la infanta, un jugador de balonmano de clase media acomodada. No era ni un hombre de negocios ni tenía fortuna. Carecía de patrimonio para garantizar a la infanta una vida de princesa.

  El rey Juan Carlos, sin embargo, no quería renunciar al deseo de que su hija llevara una vida de princesa y si para conseguirlo había que colaborar con su yerno pues manos a la obra.

Los correos electrónicos arrojan luz sobre el destino inevitable de la empresa de relaciones públicas, por no decir tráfico de influencias, que montó Urdangarín. Y sobre la mano que le echó el rey Juan Carlos.

Un correo de fecha 10 de septiembre de 2004, tras una conversación telefónica, deja constancia de ello. Allí, Urdangarín le pide ayuda al rey para hacer gestiones ante algunas personalidades como Bernie Ecclestone, Ernesto Bertarelli, Joseph Blatter, Jacques Rogge.

Y sobre todo ante Bernard Arnault, propietario del grupo francés de artículos de lujo LVMH, para que participe como patrocinador del Valencia Summit los días 27, 28 y 29 de octubre de 2004.

“Quizá con un impulso del Señor, el tiempo no correría tanto y el Sr. Arnaud [sic] decide con rapidez…Si le parece oportuno el tema, quedo a la espera de sus comentarios y plan de acción”.

Esa mediación tuvo lugar.

El Rey habló con Joseph Blatter de la FIFA y esté envió a Fedor Radmann; con Bertarelli de la America's Cup, quien despachó al director del su equipo, Patrick Magyar, y a su Director de Relaciones Institucionales, David Gallego. Otro tanto ocurrió con Jacques Rogge del Comité Olímpico Internacional (COI), quien acordó con Juan A. Samaranch que fuese él quien asistiera, y con Ecclestone de Fórmula 1, quien no pudo asistir. Finalmente, el Rey habló con Arnault, quien después de analizar la propuesta de patrocinio decidió aceptar y envió como representantes a su directora de marketing Christine Belanger y a Jaime de Marichalar.

Bien.

Vayamos a la propuesta de testigos.

La defensa de Torres propone, por ejemplo, la declaración del rey Felipe VI, de Juan Carlos I y de Doña Sofía.

El Rey goza de inviolabilidad. Y los testigos tienen obligación de decir verdad bajo advertencia de que pueden cometer delito de falso testimonio si no lo hacen. Por eso, según el artículo 411 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, el Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino quedan exentos de prestar declaración. 

Pero el artículo 412.2 establece que "los otros miembros de la familia real estarán exentos también de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito".

Por tanto, las declaraciones testificales de Juan Carlos I y de Doña Sofía, los "otros miembros de la familia real", para utilizar la definición de la ley, no parecen estar por encima del juicio oral.