Dos años y medio fuera del sistema

El 20 de abril de 2012, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció que no bastaría con estar empadronado para obtener la tarjeta sanitaria, sino que se exigiría la residencia fiscal. Este cambio dejaba fuera del sistema a las personas en situación irregular, que solo podían acceder a urgencias, maternidad y cuidados de los niños, la asistencia básica asegurada a cualquier persona. La medida entró en vigor en septiembre de ese año. Hoy, su sustituto al frente del ministerio, Alfonso Alonso, ha rectificado en parte esta medida al anunciar que los sin papeles volverán a tener derecho a la atención primaria pero no recuperarán la tarjeta sanitaria que les daría acceso a las recetas médicas, las pruebas diagnósticas o la atención especializada. Han sido, pues, dos años y medio en el que los sin papeles han estado fuera del sistema.

¿A cuántas personas afectaba la medida?

No está claro. En 2012 este diario calculó que había en España 153.469 inmigrantes irregulares. No obstante, la cifra puede ser muy superior dado de que no hay datos oficiales y algunas ONG elevaron la cifra hasta casi un millón de personas. El 31 de agosto de 2012, el Gobierno anunció que retiraba 910.342 tarjetas concedidas desde 2002, aunque de unas 500.000 no consta si sus titulares residían en España. En 2013 el Gobierno cuantificó en 873.000 las tarjetas de extranjeros residentes en España que habían sido finalmente dadas de baja.

Para seguir teniendo atención sanitaria, no solo se les exigía estar empadronados, sino también estar cotizando a la Seguridad Social. Además, el decretazo dejó fuera a otro colectivo, el de los familiares de extranjeros que pidieron la residencia por reagrupación familiar y la obtuvieron después de las medidas. A los inmigrantes irregulares solo se les daba la opción de pagar por los servicios, contratar un seguro o recurrir a las organizaciones que tienen programas gratuitos.

Pero el sistema para que pudieran pagar sanidad pública no llegó hasta un año después, en septiembre de 2013. Se trata de un convenio (una especie de seguro) que cuesta 60 euros al mes para las personas de 18 a 64 años, y 157 si exceden esa edad.

¿Desde cuándo tenían tarjeta sanitaria?

En el año 2000 y bajo un Gobierno también del PP —presidido por José María Aznar— la Ley de Extranjería abrió las puertas a los inmigrantes en situación irregular a la tarjeta sanitaria con el único requisito de que estuvieran empadronados. La ley establecía que los extranjeros que se encontraran en España inscritos en el padrón “tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles”. Hasta 2000 solo se les reconocía el derecho a la atención de urgencias, embarazo, parto y postparto, y los cuidados a los menores.

¿Cuánto se pretendía ahorrar?

Ana Mato aseguró que aspiraba a ahorrar unos 500 millones de euros, aunque nunca se informó de sus efectos reales. Este periódico calculó que supondría un ahorro aproximado de 240 millones, en lugar de los 500 previstos inicialmente por el Ejecutivo, tomando como base el gasto medio de un español en servicios sanitarios (1.600 euros).

¿Qué suponía para los irregulares?

A partir de septiembre de 2012, los inmigrantes sin papeles pasaron a ser atendidos exclusivamente en urgencias, maternidad y la atención infantil hasta los 18 años. Sanidad se comprometió a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención debía financiarla el país de origen si existía convenio de colaboración. En caso de no haberlo, el inmigrante sería atendido sólo cuando el facultativo determinara un riesgo vital. Al no tener tarjeta, se cierra también el acceso a los medicamentos subvencionados por Sanidad.

¿Qué suponía para el sistema?

Según los expertos consultados por este diario, una saturación de las urgencias y una amenaza para el control de enfermedades infecciosas como la tuberculosis. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria inició una campaña contra el decreto, animó a los médicos a objetarante una medida “discriminatoria e injusta” y advirtió de que poner barreras a la atención médica ponía en riesgo la salud de estas personas y del resto de la población. En su anuncio de hoy, Alonso ha reconocido que se rectifica por "cuestiones de salud pública", porque es "más práctico" y para "no saturar las urgencias".

¿Se aplicó en todo el territorio nacional?

No. El Gobierno de Canarias rectificó el decreto  aunque parcialmente, ya que exigía a los inmigrantes que demostraran que cobraban menos de 532 euros al mes y que estaban empadronados desde hace más de un año. En Euskadi se expide una tarjeta que garantiza la universalidad de la sanidad para los indocumentados y cuyo uso el Gobierno, tras un auto del Tribunal Constitucional favorable, circunscribió a este territorio. En Andalucía fueron más allá y mantuvieron el mismo protocolo de actuación sanitario de antes de entrar en vigor el decreto. También Asturias y Cataluña siguieron dándoles tarjeta sanitaria.

Además otras cuatro comunidades, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra, tratan de proporcionarles asistencia, aunque a través de fórmulas administrativas y programas específicos. En resumen, solo nueve comunidades aplicaron el decreto a rajatabla: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón.