La Mezquita también espera el 22-M

La Mezquita de Córdoba se ha situado en el centro de una polémica que atañe a toda España: las inmatriculaciones de la Iglesia, es decir, los edificios, templos o no, que los obispos ponen a su nombre cuando su titularidad se creía de todos. Se suele decir que lo que ocurra en estas elecciones andaluzas será botón de muestra para todo el país: a qué partidos votarán los ciudadanos, qué pactos se suscribirán... El futuro de la Mezquita de Córdoba también atravesará las fronteras andaluzas, porque el monumento se ha convertido en el emblema del afán inmobiliario de la Iglesia en todas las comunidades; y en el símbolo más lacerante para los que luchan por frenar el “paraíso fiscal” del que disfruta la jerarquía católica en España. Pero, tratándose de la Iglesia, los pasos son más lentos, las promesas electorales más tibias y las sorpresas, pocas.

La plataforma ciudadana que defiende la Mezquita como patrimonio de todos, harta de ver cómo desde 2006, cuando el obispado registró el monumento a su nombre, se ha venido sucediendo “un sinfín de despropósitos en la gestión cultural y turística del templo” envió en esta campaña electoral un pliego a todos los partidos políticos para que sellaran su compromiso. Se les pide en él que defiendan la titularidad pública de la Mezquita con las herramientas administrativas y jurídicas a su alcance y que se cree un patronato integrado por los poderes públicos, académicos y ciudadanos, incluida la Iglesia, a quien por cierto jamás le han cuestionado el ejercicio actual ni futuro del culto católico que desde siglos se practica allí.

Sorpresas, pocas: Izquierda Unida firmó el documento, que incluye otros puntos, como plantear la inconstitucionalidad de la ley franquista que permite las inmatriculaciones, que se hagan públicos todos los bienes que los obispos han hecho suyos con este procedimiento privilegiado o que se devuelva al templo el nombre de Mezquita-catedral así como su “amputada” idiosincrasia cultural islámica, símbolo universal de convivencia entre los pueblos, que le hizo merecedora del título de patrimonio mundial. También la candidata de Podemos, Teresa Rodríguez, suscribió estas y otras peticiones sin ambages.

En el ángulo opuesto, el PP tampoco da signos de sobresalto: apelan al “diálogo” y a “fórmulas de colaboración para la mejor gestión del monumento”, escribe en un mensaje electrónico Miguel Ángel Torrico, candidato del PP por Córdoba. Y defienden que solo aquel que posea el título de una propiedad pueda registrarla como suya. En ese sentido ha modificado el PP en el Congreso la Ley Hipotecaria de 1946, pero tendrán un año para seguir haciéndolo desde que la reforma entre en vigor, que no se sabe cuándo será.

El PSOE confía en que todo esto, que ellos no abordaron cuando gobernaban, se solucione con la caída de Rajoy, es decir, con un nuevo inquilino en La Moncloa que no sea del PP. Puede, pero si el nuevo Gobierno es del PSOE, la cosa presume complicada, porque de todos los partidos, el socialista es el que tiene el alma más dividida en este asunto, entre lo laico y lo confesional, o, mejor dicho, entre los que creen que la estrategia político-electoral más adecuada es no tocar mucho los asuntos divinos y los que opinan que lo laico debe ser inequívoco y los privilegios, abolidos. En sus opiniones públicas todos se suman a esta última teoría, pero sus gestos políticos no acaban de convencer a los partidos de la izquierda (o al resto de partidos de izquierda) ni a los ciudadanos que encabezan esta lucha contra los privilegios de la Iglesia. “El PSOE ni está ni se le espera”, resume Antonio Manuel Rodríguez, de la plataforma ciudadana cordobesa. Los socialistas andaluces no han firmado el pliego que suscribieron Podemos e IU. Tampoco han querido llevar al Constitucional el artículo de la ley hipotecaria que equipara a los obispos con funcionarios, como les han solicitado. Votaron en contra de estos privilegios y proclamaron la inconstitucionalidad de dicha ley en el Parlamento Andaluz hace unos meses, pero no recurrieron al Constitucional porque los letrados del Parlamento avisaron de que no se admitiría a trámite.

IU y Podemos se comprometen a devolver la titularidad pública al templo

El periodo para recurrir la inconstitucionalidad de las leyes o artículos predemocráticos concluyó en 1980, dicen los letrados. “Desde 2006, cuando se inmatriculó la Mezquita ha habido, por parte dela Iglesia un cambio de actitud en los acuerdo de gestión y de promoción turística, que hasta entonces discurría sin problemas”, señala Juan Pablo Durán, número uno del PSOE por Córdoba. “No hemos dejado de buscar la manera de recuperar algo que entendemos que es público”, asegura, pero… “Pero ir a una batalla judicial sin sólidos argumentos sería para la opinión pública signo de que no teníamos razón y de que todo era una batalla política”, afirma. ¿Esto es ideología o estrategia política? Durán reconoce que la postura socialista es “centrada y moderada”, pero afirma que la voluntad es buscar la fórmula de obtener la titularidad pública. “Se equivocan los que piden que recurramos, los expertos dicen que eso vale solo como batalla política”.

¿Decíamos que el PSOE tiene el alma dividida? Los socialistas en Navarra acaban de apoyar en el Parlamento foral que sea recurrida esta ley en el Constitucional. Pero falta ratificarlo en pleno. Y los líderes del PSOE federal no están por la labor. Aunque puede que le dejen ese embrollo al Parlamento navarro.

UPyD también es contraria al Constitucional. El diputado Carlos Martínez, responsable de Acción Política, dice en un SMS que su partido defiende la laicidad del Estado, pero cree que “a veces, se mezcla lo laico con lo anticatólico”. Y considera que no se debe mezclar la “posible inconstitucionalidad de las inmatriculaciones” con la Mezquita. “Es un despropósito”.

Ciudadanos tampoco ha firmado el pliego de compromisos de la plataforma cordobesa. En un correo electrónico, el partido de Albert Rivera se enreda en vaguedades electorales y alabanzas a la Mezquita y la Giralda. “La gestión de estos monumentos debe comprometer a todas las Administraciones, incluyendo a los cabildos catedralicios para, juntos, procurar la mayor protección y valoración exterior de un patrimonio cultural sin igual…”. La Mezquita también espera el 22-M.