Decenas de imputados volverán a ser candidatos en los comicios de mayo

Caso a caso, como pide Mariano Rajoy. El PP está cerrando ya las listas para las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, donde se juega gran parte de su poder institucional, y no ha dudado en confirmar a candidatos que tienen abiertas causas judiciales tras examinar, supuestamente, caso a caso. El PSOE también mantiene como candidatos a algunos imputados, aunque en menor medida.

Entre los populares hay algunos ejemplos muy sonados: León de la Riva, pendiente de juicio por desobedecer una sentencia urbanística, será de nuevo candidato a la alcaldía de Valladolid; Juan José Imbroda, presidente de Melilla, intentará revalidar el cargo pese a la causa que le ha obligado a declarar como imputado en el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación en la contratación de un abogado; la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha sido confirmada aunque el juez Pablo Ruz investiga una adjudicación supuestamente amañada en su municipio a favor de la red Gürtel; Pilar Barreiro, que declaró como imputada ante el Supremo por ser senadora, repetirá como cabeza de lista a la alcaldía de Cartagena (Murcia).

En Galicia, 18 alcaldes en ejercicio —14 del PP y cuatro del PSOE, entre ellos el regidor de Lugo— encabezarán sus candidaturas pese a que tienen problemas con la justicia. En la Comunidad Valenciana, especialmente golpeada por casos de corrupción —que motivaron en los últimos años la dimisión del presidente Francisco Camps un mes después de ser reelegido, de una decena de diputados autonómicos y de varios alcaldes—, se mantienen en las listas algunos políticos bajo sospecha. Media docena de alcaldes, entre ellos un socialista (Benidorm) y cuatro del PP (La Nucia, Paterna, Cullera y Alboraia) repetirán como candidatos.

Los populares han llegado a presentar nueve implicados por corrupción

En la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) ha ratificado a tres regidores con causas abiertas, pero la candidata a la alcaldía subraya que las imputaciones están relacionadas con cuestiones administrativas y no de corrupción.

El PSOE de Madrid asegura que no llevará a imputados en las listas, salvo casos excepcionales donde se trata de procesos relacionados con conflictos de personal o similares sin relación con la corrupción. La comisión gestora del PSOE de Madrid ha llegado a considerar no idóneo al candidato ya elegido en primarias en Parla porque la Fiscalía pide su imputación.

En Cataluña, los dos casos más emblemáticos de alcaldables imputados son el de Teo Romero (PSC), alcalde de Santa Margarida de Montbui (Barcelona) imputado por uso irregular de fondos públicos; y el de Josep Poblet (CiU), alcalde de Vila-Seca (Tarragona) y presidente de la diputación provincial, imputado por seis delitos, entre ellos blanqueo y malversación.

Las elecciones del próximo 24 de mayo en 13 comunidades y 8.108 municipios de España medirán los efectos que tiene sobre cada partido el problema de la corrupción, convertido durante estos años de crisis económica en la segunda preocupación de los españoles tras el paro, según las encuestas del CIS.

El coste de la corrupción fue inapreciable para el Partido Popular en las últimas elecciones de 2011, tanto en las municipales y autonómicas celebradas en mayo como en las generales de noviembre. Venció en 10 de las 13 comunidades y ganó con mayoría absoluta en 3.317 municipios. Fue con diferencia la fuerza política más votada en España, pese a estar bajo sospecha debido a las causas judiciales por corrupción, de enorme impacto social, que ya le afectaban.

Tras su victoria en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el PP se hizo con el mayor poder institucional de su historia en la reciente etapa democrática. Gobernaba en la Administración central, en más de la mitad de los Ayuntamientos y en 11 de las 17 comunidades autónomas. Y eso a pesar de que el PP cargaba con dos años de lastre por los efectos del caso Gürtel, con más de 20 cargos públicos imputados, entre ellos el ex tesorero nacional Luis Bárcenas, seis alcaldes, consejeros autonómicos y el presidente valenciano, Francisco Camps.

El desprestigio pesaba aún más por decenas de pruebas conocidas de un pillaje institucional que duró más de 10 años y que se extendió por numerosas administraciones públicas gobernadas por el PP (tres comunidades, una decena de Ayuntamientos, algún ministerio).

El escándalo de corrupción más grave que ha padecido en toda su historia el PP no le restó votos aquel año 2011 pues revalidó sus mayorías absolutas en feudos como Madrid o la Comunidad Valenciana, donde la trama delictiva de Francisco Correa hizo sus mayores negocios ilícitos. El PP nacional llegó a aprobar entonces unas listas electorales a la Comunidad Valenciana con nueve candidatos que ya estaban imputados por corrupción. Y con ese escaparate logró 55 de los 99 escaños en juego y 1,2 millones de votos, casi el doble que el PSOE, la segunda fuerza en esa comunidad. El presidente Alberto Fabra, que sustituyó en el cargo a Francisco Camps, cuando éste fue procesado por corrupción, intentará revalidar el puesto y ya ha anunciado que no incluirá en su candidatura a ningún político que esté imputado.

Y es que los partidos han tenido, a lo largo de los años y dependeniendo de los cargos, distintas varas de medir. Los estatutos del PP castigan con suspensión de militancia o incluso expulsión a quienes incurran en “cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos”. Los del PSOE sitúan la dimisión en el momento en el que se abre juicio oral. En los últimos años, no obstante, el trato dado por los partidos a sus imputados o procesados ha sido muy dispar.

Los partidos han tenido distintas varas de medir para pedir dimisiones

Algunos los ejemplos lo demuestran: El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, fue imputado por el caso Gürtel en 2009. Camps ganó las elecciones, sin apearse del cargo, en 2011 poco antes de que se dictara la apertura de juicio oral pero no dimitió hasta que se fijó la fecha en la que se sentó en el banquillo para ser juzgado. Fue absuelto en enero de 2012. Sin embargo, el consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, dimitió solo tres días después de que estallara la Gürtel por su supuesta implicación en la trama.

En el PSOE, la imputación del alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, por la Operación Pokémon, el mayor sumario por corrupción instruido en Galicia, vuelve a ser candidato en la localidad más importante con un regidor en activo afectado por el caso. Y el Tribunal Supremo acaba de absolver a la exsenadora del PSOE por Salamanca y exalcaldesa del municipio salmantino de Villamayor, Elena Diego, que dimitió al ser imputado por un supuesto delito de prevaricación administrativa.