Cuando arreglar una bombilla cuesta 3.000 euros

Pedro Moreno conoció un lunes el rostro turbio de la corrupción y para el viernes le habían reemplazado. Había ganado su oposición y obtenido una plaza vacante en el ayuntamiento de Marbella. Nada más sentarse en su nuevo despacho de secretario, el teniente de alcalde le pidió que autorizara la entrega del original de unos expedientes. Se negó. Tenía 25 años.

El martes se mostró disconforme a celebrar fuera del consistorio la comisión de Gobierno.

El miércoles, un funcionario le comentó que estaban hablando de él en la radio. Era Jesús Gil en La Cope, diciendo “a ese secretario comunista me lo voy a quitar de en medio, todos los días pidiendo papeles”. Nunca conoció al alcalde. Solo escuchó su voz al teléfono, cuando Gil le dijo que si estaba formando una familia “debía tener cuidado”.

El viernes le dieron unos días de permiso. Durante cinco meses, fueron prorrogando sus vacaciones. Moreno nunca volvió a ocupar su puesto como secretario.

Moreno es actualmente profesor de Derecho del Trabajo en la Facultad de Estudios Sociales de Málaga. Es un hombre ya maduro, padre de tres hijos. Viste traje y corbata. Un estudiante tutea al profesor, pero este le corrige de inmediato y le obliga a utilizar el usted. “En Marbella se desmontó el Estado de Derecho y cuando debe actuar la justicia, ya es tarde”, dice. Recuerda que, cuando llamó al Ministerio de Administraciones Públicas para exponer su caso, un alto funcionario le dijo: “Cuando un secretario y un alcalde se pelean, gana el alcalde”. Esa frase tampoco se le ha olvidado.

Marbella fue el paradigma de la corrupción en Andalucía y fuera de Andalucía. Dio lugar a un macroproceso cuyos 3.000 folios de sentencia necesitaron 13 meses para ser redactados. Los 95 procesados, entre ellos 13 concejales, quedaron reducidos a 52 condenados. Para entonces, 154 casos habían salpicado todas las provincias de Andalucía, según un estudio de la Universidad de La Laguna. Era la cifra más alta de España. ¿Es Andalucía la más corrupta? “No se puede hacer una afirmación así por valores absolutos”, señala Fernando Jiménez, miembro de Transparencia Internacional. “Es la región más poblada y con más kilómetros de costa, donde hay más incidencia de casos”. La corrupción municipal andaluza alcanzó al 20% de sus municipios. El liderato lo ostentaba Murcia, con el 58,8%.

Los 16 casos que se investigan en Sevilla afectan a un conglomerado de trabajadores, alcaldes, altos cargos, empresarios, aseguradoras y sindicatos

Pedro Moreno fue una de las primeras víctimas. En el mismo campus donde trabaja está la sede de la Facultad de Derecho. Allí, un centenar de alumnos del último curso del grado en Derecho han estudiado durante el pasado semestre varios casos de corrupción dentro de la asignatura optativa “Delitos Socioeconómicos y contra la Administración Pública”, dirigida por Ana María Prieto, profesora de Derecho penal e investigadora en el Instituto Andaluz de Criminología, un centro puntero en la investigación de casos de corrupción que en 2005 publicó un estudio que detallaba las vinculaciones entre la delincuencia organizada y la construcción en la Costa del Sol. Dicho estudio fue premonitorio de cuanto sucedería tiempo después cuando, casi consecutivamente, arrancaron las operaciones Ballena Blanca, Malaya e Hidalgo, que sirvieron de pistoletazo de salida para decenas de intervenciones policiales en ayuntamientos de toda España.

Cuatro de los alumnos más brillantes de la asignatura, dos de los cuales merecerán una matrícula, accedieron a ser entrevistados por este periódico sobre la corrupción en Andalucía. Dos mujeres, Sandra y Alicia, de 21 años, y dos hombres, Álvaro (25) y José (21). A las mujeres les gustaría ser fiscal o jueza en un futuro, mientras que los hombres se inclinan por el ejercicio de la abogacía. Los alumnos no creen que se pueda hablar de una corrupción específicamente andaluza, pero sí que en Andalucía se han dado algunos de los procesos más llamativos. Sin embargo, su nivel de indignación crece en función de la relevancia política de los imputados o investigados. “Algo falla cuando el control de la corrupción le pertenece a los políticos”, concluyen. Sus jueces estrella son Pablo Ruz y Mercedes Alaya, además del juez Calatayud, famoso por sus sentencias ejemplarizantes en Granada. Si unos casos les preocupan especialmente son los ERE y los cursos de formación, por el tipo de delito, porque son fondos públicos, afectan a mayor número de gente y, también, porque se extienden por toda Andalucía.

Ambos casos alimentan la actualidad andaluza y son omnipresentes en los debates electorales. Ese monopolio informativo sorprende a Jesús García Calderón, el fiscal superior de Andalucía. Su despacho está en Granada. Calderón se sorprende de que los numerosos casos que hay en Almería y Cádiz no tengan reflejo en prensa. Y establece dos ciclos en la corrupción andaluza. “Uno muy claro que se agota hace cinco años: fue un error grave investigar la infracción urbanística pero no otros delitos”. Y un segundo “al aparecer otros delitos (“porque la corrupción la conoces cuando la descubres”) por la falta de control contable de los fondos públicos. Es un cambio de ciclo muy visible”. Después de 14 años como fiscal superior, no cree que haya una corrupción específicamente andaluza. “No hay otro elemento diferencial en Andalucía que los delitos derivados del Estrecho de Gibraltar, como el tráfico de seres humanos”. Y habla de un “horizonte desmedido” si no se “hacen piezas separadas” y se evitan nuevos macroprocesos.

Y ese horizonte desmedido está protagonizado por cuanto sucede en el juzgado número 6 de Sevilla, donde ejerce la jueza Mercedes Alaya. Por el número de imputados (264 solo en el caso de los ERE), por la importancia de los investigados (27 altos cargos, entre ellos 7 exconsejeros de la Junta y los expresidentes Chaves y Griñán), todo cuanto sucede en el intestino de dicho juzgado amenaza con dejar pequeña la estadística de la Operación Malaya casi diez años después.

Algunas de las investigaciones que dirige Alaya (ERE, Cursos de formación, Avales y préstamos de la Junta) suponen revisar el uso de miles de millones de fondos públicos entre 2001 y 2011. La Junta habla de una causa general, de un proceso politizado, pero la sensación de que fallaron todos los controles es un hecho indiscutible. La Junta, en su investigación interna, descubrió que había 196 trabajadores que fueron prejubilados sin haber pertenecido a las empresas que recibieron ayudas o cuya antigüedad era ridícula, de hasta 10 días. Y, para colmo, el director general de Trabajo, Javier Guerrero, repartía 50 de los 71 millones de una partida de ayudas directas entre familiares, amigos, empresas, asociaciones y ayuntamientos de 10 pueblos de la Sierra Norte sevillana, vecinos suyos y todos ellos gobernados por el PSOE. En algunos expedientes, ni siquiera había firmas.

Los 16 casos que se investigan entre el juzgado número 6 y el 16 de Sevilla (cuyo juez es Juan Gutiérrez Casillas) afectan a un conglomerado de trabajadores, alcaldes, altos cargos, empresarios, aseguradoras y sindicatos. Su extensión salpica a todo el sistema. Algún experto habla de una “socialización” de la corrupción. “Lo que se desprende de estas investigaciones”, dice un abogado con clientes en varios casos, “es que Andalucía ha recibido masas ingentes de dinero para desarrollar políticas, en el marco de una descentralización administrativa, y eso ha puesto al descubierto que había poca cualificación para controlar esos fondos, de tal manera que se termina instalando una administración paralela, aparecen entes instrumentales y luego los típicos sinvergüenzas que terminan repartiendo entre sus amigos. La consecuencia de ello es que todo está paralizado. Andalucía sufre una crisis de imagen”.

Los personajes han cambiado. Roca, Julián Muñoz e Isabel Pantoja duermen en la cárcel. Y no parece que vuelvan. Pero otros sí lo hicieron, como el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, inhabilitado durante un año, quien regresó hace unos meses a la alcaldía y acaba de anunciar que se presentará a las municipales al frente de un nuevo partido, Por Alhaurín. Algo parecido sucedió con Juan Enciso, el hombre que gobernó en El Ejido durante 14 años, y que abandonó el PP para crear el PAL (Partido de Almería). Estuvo en la cárcel durante 235 días, lo que no le impidió volver. Actualmente, la operación Poniente, donde también está imputado, es un voluminoso sumario que pone de manifiesto una extensa red de políticos, familiares, amigos y empresas beneficiadas del uso de fondos públicos. Otra red clientelar. Si hubiera que buscar un detalle ilustrativo de la corrupción en El Ejido, sirva éste: el consistorio pagó 3.000 euros a una empresa por arreglar una bombilla.

Fernando Jiménez alerta: tras la corrupción urbanística llegará la de las concesiones y el uso de fondos públicos. Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política de la Pompeu Fabra, es un estudioso de la función pública y como Jiménez está de acuerdo en la falta de incentivos para la fiscalización y el control de los fondos públicos. “La evidencia ha demostrado que se han delatado irregularidades administrativas de tipo menor, pero las grandes han pasado por delante de sus narices. O no las han visto o no han querido verlas”. “Aquí hay puertas giratorias en muchísimos casos”, dice refiriéndose al reparto de cargos en los tribunales de Cuentas. “En Andalucía hay un ámbito donde se ha generado más metástasis porque aparecen sindicatos, empresarios, espontáneos de partidos políticos, recaudadores y algún free lance. Aquí desde hace 34 años gobierna la misma opción política. Hay muchos funcionarios que habrán entrado y se van a jubilar con el mismo partido”.

La clase preferente del ave transporta cada día un número creciente de abogados de importantes despachos de Madrid. Hay en Sevilla un aroma de juicio final. Todo resulta desmedido, empezando por la corrupción.