Ciudadanos criba sus listas para evitar corruptos

El partido, en plena expansión, intenta descubrir a oportunistas o tránsfugas

Miguel García y Albert Rivera.
Miguel García y Albert Rivera.ALBERT GARCÍA

Una empresa de cazatalentos vigila a los nuevos afiliados de Ciudadanos (C’s). El partido creado en 2006 en Cataluña y presidido por Albert Rivera está ganando músculo absorbiendo a militantes de otras organizaciones para expandirse por toda España en un año repleto de elecciones. Ese método ha provocado las críticas de partidos como UPyD, que acusan a C’s de fomentar el transfuguismo y alertan de la posible entrada de “garbanzos negros” en la formación. Siguiendo el consejo de una compañía especializada en analizar perfiles digitales, el partido de Rivera —que ya ha tenido que afrontar cuatro crisis por otras tantas imputaciones relacionadas con sus siglas— ha impedido o revocado la afiliación de casi 300 personas en el último año para no incluir en sus filas a imputados por corrupción, condenados o “personas que no representan los ideales de Ciudadanos”.

“Quien no arriesga no gana”, afirma Fran Hervías, secretario de Organización del partido, que en el último año ha pasado de 2.500 afiliados a más de 13.000, incluyendo, según sus cuentas, unos 1.000 militantes de otras formaciones que se han disuelto para que sus miembros entren “uno a uno” en C’s. “Para construir algo grande tienes que ser ambicioso, y para ser ambicioso tienes que abrir el partido”, dice Hervías, cuya organización, asegura, ha atraído en los 12 últimos meses a 1.200 personas procedentes del PP, 1.000 de UPyD y casi 300 del PSOE.

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“No ofrecemos contrapartidas. En el caso de los concejales, tampoco es transfuguismo. O llegan tras la disolución de su partido o tienen que dejar sus actas si este continúa, como ha pasado con gente de UPyD, porque en caso contrario sí que serían tránsfugas”, añade el secretario de Organización. C’s tiene en este momento un centenar de concejales en toda España, y solo 16 de ellos fueron originalmente elegidos con las siglas del partido; el resto se fue incorporando tras disolverse sus partidos originales. La formación ha vetado acuerdos con partidos pequeños que no respetaban su política anticorrupción, y ha actuado, sostiene Hervías, contra grupos de personas que se afiliaban en bloque para intentar controlar procesos de primarias.

En la corta trayectoria de la formación destacan cuatro nombres que han puesto a examen su compromiso de no incluir imputados en las listas. Jordi Cañas, que era el número dos de Rivera, dejó en 2014 su acta de diputado catalán cuando se le imputó por un delito fiscal; hoy es asesor del eurodiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta. Antonio Sánchez, que fue en el puesto 22 de las listas europeas, está imputado en la Operación Púnica —aunque el partido alega que “nunca ha sido miembro de Ciudadanos”, sino que siendo de otro partido pidió el voto para Ciudadanos y por eso se le premió con un puesto en la lista—. El tercer caso es el de Miguel Cazorla, candidato en Almería, imputado por apropiación indebida y luego absuelto. Y por último Fernando Mut, coordinador en Valencia e imputado en el caso Innova en 2014. “En ese mismo momento se le envió la carta de baja”, dicen desde el partido.

El partido, sostienen sus dirigentes, hace firmar una "carta ética y financiera" a los candidatos
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“Partimos de cero. Intentamos ser un partido del siglo XXI”, ha defendido Rivera sobre su agresivo método de expansión. El partido, sostienen sus dirigentes, hace firmar una “carta ética y financiera” a los candidatos “para que respeten los pactos [electorales adoptados] o acepten que se pueda saber si tienen antecedentes penales o procesos judiciales abiertos”. “Somos conscientes de que Ciudadanos tiene tirón y hay que establecer unos filtros”, dicen fuentes del partido. “Uno es estatutario: tenemos seis meses para poder revocar una afiliación. Otro son las encuestas personales que hacemos a todo el que quiere afiliarse, para ver sus objetivos”, cierran. “Si con las redes sociales ya detectamos que hay personas que han estado imputadas por corrupción, o que han recorrido cinco partidos diferentes, que se han dado casos, se revoca su afiliación”, dice Hervías. “En el 98% de los casos no se encuentra nada”.

Sobre la firma

Juan José Mateo

Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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