Transparencia y Justicia ante el caso Aguirre

La Asociación Transparencia y Justicia, entidad que anima el comisario José Manuel Villarejo, decidió actuar en el caso del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre en la Gran Vía madrileña en mayo de 2014. El abogado David Macías, representante legal de la citada asociación, contrató para ello a un letrado independiente, el abogado Luis Gerez, quien se personó como acusación popular.

Cuando el juez Carlos Valle, titular del juzgado de instrucción número 14 de Plaza de Castilla, decidió tramitar la causa como una falta, en línea con las afirmaciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, el letrado contratado por Transparencia y Justicia consideró que era necesario presentar un recurso de apelación. El letrado estimaba que se trataba de un delito de desobediencia de carácter grave.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de apelación elevado por Gerez. El auto del 5 de septiembre de 2014 no valora la acreditación de los hechos como tales, tal como ocurre en un recurso de apelación en esta fase de instrucción.

Pero señala en su fundamento de derecho segundo que “los hechos denunciados…vendrían a suponer una desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia, a los diversos mandatos de los agentes de movilidad y los policías municipales, acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los citados agentes en el ejercicio de sus funciones, por lo que no puede descartarse que la gravedad de la lesión causada por la conducta de la denunciada al bien jurídico protegido con la tipificación del delito de desobediencia, cual es el orden público, tenga la suficiente entidad como para calificar provisionalmente dicha conducta como delito de desobediencia del art. 556 del Código Penal, excediendo la entidad de la desobediencia del carácter meramente leve de la falta de desobediencia del artículo 634 del Código Penal”.

Añade: “Debe incluso señalarse, a mayor abundamiento, que los actos de desobediencia tuvieron lugar en la vía pública, en una zona muy concurrida, por lo que se incrementa la gravedad de los actos de desobediencia al lesionar en mayor grado la dignidad del ejercicio de la función pública llevada a cabo por los agentes de movilidad”. Y señala al juez “que resulta procesalmente adecuado que los hechos denunciados sean instruidos en el marco de la diligencias previas del procedimiento abreviado por revestir provisionalmente los indicados hechos caracteres de un posible delito de desobediencia a los agentes de la autoridad del artículo 556 del Código Penal”.

Bien.

Esta victoria procesal, empero, llevó a la Asociación Transparencia y Justicia, una vez iniciada las diligencias en el marco del procedimiento abreviado por un presunto delito de desobediencia (declaración de Esperanza Aguirre y de los agentes de movilidad y policías municipales, aportación de las grabaciones que reflejan la persecución de la infractora) a prescindir de los servicios de Gerez.

David Macías, quien contrató y otorgó poderes a Gerez, le dijo que ya no llevaría el caso. La Asociación ya le había abonado la minuta. El letrado nada tenía que objetar. El cliente es quien manda.

Macías trabaja con Villarejo y figura en algunas de sus sociedades como administrador único.

El pasado 19 de enero, después de tomar declaración a Aguirre, a los agentes de movilidad y a los policías municipales, el juez Valle decidió archivar el caso. Ni falta ni delito de desobediencia. Según presumía el magistrado ya la Audiencia Provincial de Madrid descartaba la falta al ordenar instruir la causa por un delito de desobediencia.

El juzgado dio traslado del auto a las partes personadas. Allí aparece el nombre del letrado Luis Gerez, en nombre de Transparencia y Justicia. El juzgado no tuvo notificación sobre la sustitución de Gerez por otro letrado.

La letrada Esther Macías, en representación del agente de movilidad lesionado y personado como acusación particular, señala en su recurso de apelación contra el archivo decretado por el juez Valle, 26 de enero de 2015, que del auto de la Audiencia Provincial “no se desprende en modo alguno una afirmación tan contundente, únicamente se hace mención al hecho de que, habida cuenta de los hechos denunciados, se considera que procesalmente deberán ser instruidos en el marco de las diligencias previas toda vez que, provisionalmente, los indicados hechos pueden revestir los caracteres de un posible delito de desobediencia”.

La fiscal de Madrid, Marta A. Jainaga, recurrió el 3 de febrero la decisión de archivo. Según decía, la Audiencia Provincial consideraba los hechos como constitutivos de un delito de desobediencia “pero en ningún caso excluye que una vez realizada la investigación pueda apreciarse por el instructor que los mismos podrían ser constitutivos de falta”.

El juez Valle, por tanto, justifica su decisión en un auto que de ninguna manera excluye el delito de falta.

Bien.

La causa, por tanto, está abierta al quedar sin firmeza el auto del juez, a expensas de lo que resuelva la sección sexta de la Audiencia Provincial.

A todo esto, ¿por qué se ha esfumado la acusación popular Transparencia y Justicia? ¿Por qué el comisario Villarejo y el abogado Macías decidieron abandonar el caso después de ganar el recurso de apelación el 5 de septiembre pasado?

Fuentes jurídicas consultadas señalan que esta aparición y desaparición es un modus operandi del tándem Villarejo-Macías. Que la acusación popular, aseguran dichas fuentes, es un instrumento para obtener ciertos objetivos que se fijan cuando se deciden a emprender la personación en casos sonados.