Ruz abre juicio oral contra la trama de corrupción vinculada al PP

La más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político conocida en democracia, la red Gürtel, se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgada por 12 delitos cometidos entre 1999 y 2005, la primera etapa investigada en la causa cuya instrucción ya ha finalizado.

El daño causado a las arcas públicas por los negocios corruptos de la trama empresarial que dirigía Francisco Correa, en colaboración con más de una decena de administraciones gobernadas por el PP, alcanza los 449 millones de euros. El juez Pablo Ruz ha fijado esta cantidad en concepto de fianza (multas y responsabilidad civil) para 36 de los 40 imputados.

El acusado que hará frente a la fianza más alta (88 millones de euros) es Luis Bárcenas, gerente del PP entre 1993 y 2008; y tesorero nacional del partido entre ese año y 2009, cuando dejó el cargo tras estallar el escándalo. En ese momento, Bárcenas ocultaba en Suiza una fortuna próxima a los 40 millones de euros. Para el cabecilla de la red, Francisco Correa, el juez ha fijado una fianza de 60 millones de euros.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia será la encargada de juzgar una etapa de corrupción masiva en determinadas instituciones gobernadas por el PP que se prolongó durante más de 10 años. Durante ese tiempo, Francisco Correa atesoró una fortuna en Suiza próxima a los 30 millones de euros gracias al trato de favor que dieron a sus empresas numerosos dirigentes del PP, entre ellos el tesorero nacional, diputados y consejeros autonómicos, y media docena de alcaldes. Las administraciones gobernadas por el PP adjudicaron cientos de contratos a dedo o mediante concursos amañados a la red corrupta.

Esta relación de Correa con gobernantes populares, cuyo origen está en una pequeña agencia de viajes que organizaba los desplazamientos de la cúpula nacional del PP, también le permitió enriquecerse como mediador en concursos de suelo adjudicados a empresarios que pagaban altas comisiones a la trama Gürtel y a los políticos a cambio del trato de favor del que se beneficiaba.

El juez también ha decidido sentar en el banquillo a Ana Mato, exministra de Sanidad y diputada nacional del PP. La investigación sostiene que Mato se benefició de los delitos cometidos por quien era entonces su marido, Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Sepúlveda favoreció durante años a Francisco Correa con sus decisiones al frente del ayuntamiento. A cambio, el jefe de la trama corrupta le regaló un coche, varios viajes y financió fiestas de cumpleaños de sus hijos. El magistrado Pablo Ruz ha fijado para Ana Mato una fianza de responsabilidad civil de 28.467 euros.

En calidad de partícipe a título lucrativo también deberá sentarse en el banquillo de los acusados el representante legal del Partido Popular, dado que en dos municipios madrileños con alcaldes populares, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, la red corrupta financió actos electorales de la formación conservadora.

La investigación del caso Gürtel arrancó en el verano de 2008 a raíz de la denuncia formulada por el exconcejal del PP, José Luis Peñas, ante la Fiscalía Anticorrupción. Peñas grabó conversaciones con Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, durante más de un año. En esas grabaciones, Correa detallaba sus negocios corruptos y las vinculaciones que mantenía con los dirigentes del PP.

El juez Baltasar Garzón llevó durante meses la investigación en secreto y ordenó la detención de tres de los cabecillas de la red en febrero de 2009. A la vez, logró numerosa documentación en diversos registros que probaban la existencia de una contabilidad paralela en las empresas de Correa donde se detallaban los pagos de comisiones ilegales a los políticos del PP.

Seis años después de que estallara el escándalo, el juez Pablo Ruz sentará en el banquillo a 40 imputados por los hechos investigados hasta 2005. Aún queda por instruir la segunda parte de la causa que alcanza hasta febrero de 2009, cuando la trama fue definitivamente desarticulada.

Este primer juicio por la investigación abierta en la Audiencia Nacional juzgará el mayor pillaje institucional perpetrado por la red Gürtel en la Comunidad de Madrid, que durante cuatro años durante el mandato de Esperanza Aguirre le adjudicó cientos de contratos para organización de actos institucionales y de propaganda de la presidenta madrileña. El consejero de Deportes, Alberto López Viejo, mano derecha de Aguirre, se encargaba de contratar a la trama corrupta a cambio de una comisión ilegal del 10 % del precio de los actos institucionales, según la investigación judicial. El juez pide para López Viejo una fianza de 14 millones de euros.