El Defensor del Pueblo pide retirar los barcos de los furtivos del Guadalquivir

La oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Soledad Berrecil, considera "determinante" que las Administraciones retiren las embarcaciones que los pescadores furtivos del bajo Guadalquivir emplean para pescar ilegalmente angulas. Este problema lleva años enquistado. La Guardia Civil y los servicios de inspección realizan periódicamente operaciones contra esta práctica. La pesca de esta especie en peligro está totalmente prohibida en Andalucía debido al enorme descenso que ha sufrido en las últimas décadas.

Pero, para atajar el problema de raíz, expertos y algunas organizaciones -como Ríos con Vida- llevan años reclamando que se retiren las varias decenas de embarcaciones piratas que están fondeadas en el río. De los brazos de esos barcos, que no tienen ni matrícula ni folio, los furtivos cuelgan las redes. Se trata de artes que tienen una luz de de malla de un milímetro. El problema es que en las redes no solo quedan atrapadas las angulas, sino los alevines de muchas de las especies comerciales que luego se pescan en el Golfo de Cádiz. Los últimos 16 kilómetros del cauce principal del Guadalquivir están declarados reserva de pesca de la desembocadura del río. El departamento de Becerril resalta también que "esta pesca furtiva se practica también en el Brazo de la Torre, dentro del espacio protegido de Doñana". 

En 2011, la Junta y el Gobierno firmaron un protocolo de actuación para atajar el problema. El acuerdo incluía la retirada de los barcos o "artefactos flotantes", como se les denomina oficialmente. La oficia del Defensor del Pueblo sostiene que, "aunque existe un protocolo de colaboración firmado en 2011", ni la Junta "ni la Capitanía Marítima de Sevilla ni la Autoridad del Puerto de Sevilla se consideran competentes para retirar las barcas y plataformas en que se calan las redes, ni para perseguir la cadena de suministro de artes y construcción de estos artefactos flotantes". Estos asuntos el Defensor del Pueblo los "considera determinantes".

El departamento de Becerril recuerda que los daños no son solo para esta especie, también hay cuestiones de "cuestiones sanitarias y de consumo. Es obvio que el producto de la pesca furtiva no se somete a ningún examen bromatológico o veterinario", sostiene el informe anual del Defensor del Pueblo. Esta oficina recuerda que en 2014 "se han reanudado las actuaciones". Se ha procedido, por ejemplo, a "la inmovilización temporal de la embarcación o del medio de trasporte o la incautación de artes, aparejos, y accesorios prohibidos, o reglamentarios pero utilizados de modo ilegal, y para la imposición de sanciones contra esta pesca en aguas interiores". Sin embargo, las embarcaciones no se han retirado, como recuerda Pedro Brufao, responsable de la organización Ríos con Vida, que ha sido la que ha llevado este asunto al Defensor del Pueblo.