El jefe de los jueces de Madrid defiende los pagos de la Comunidad
Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior madrileño, declara ante el instructor disciplinario del Poder Judicial
Francisco Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha defendido esta mañana ante el instructor disciplinario del Consejo General del Poder Judicial los pagos que él y al menos otros ocho jueces y cinco fiscales recibieron de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa Indra, por su asesoramiento en la puesta en marcha de un sistema informático para agilizar la tramitación judicial. Vieira, según fuentes jurídicas, ha afirmado que entendía que el trabajo realizado por los magistrados –introducir elementos de jurisprudencia y procedimientos procesales en una base de datos realizada por Indra- no suponía incurrir en las incompatibilidades que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Vieira ha declarado ante el llamado promotor de la acción disciplinaria, un magistrado del Tribunal Supremo que investiga las quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los juzgados de toda España, una especie de instructor de asuntos internos del Poder Judicial. El presidente del Tribunal Superior madrileño, como ya hizo a través de un comunicado el pasado lunes después de que EL PAÍS publicara la noticia, ha reconocido que no pidió autorización para esta colaboración al órgano de gobierno de los jueces. Fuentes de este tribunal sostienen que los magistrados que participaron en la elaboración de este programa informático lo hicieron de manera voluntaria tras recibir una comunicación interna en la que se pedía colaboración. Los magistrados participantes percibieron como compensación entre 3.000 y 9.000 euros anuales. Algunos todavía siguen vinculados a este programa.
La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública de informática ICM adjudicó en 2011 a Indra la creación del programa de agilización judicial, una actuación en tres fases valorada en poco más de seis millones de euros. Los pagos a los jueces los realizó Indra con cargo a este presupuesto de adjudicación. El propio Vieira, que ha declarado durante aproximadamente 45 minutos, ha reconocido que fue él quien exigió que los jueces participantes fueran retribuidos por su colaboración.
El promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Supremo Antonio Jesús Fonseca-Guerrero, deberá dilucidar si el asesoramiento prestado por los jueces madrileños a Indra supone una incompatibilidad con su función. El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la función de juez o magistrado es incompatible, entre otras muchas actividades, con “todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”.
Diversas fuentes judiciales coinciden en que el tipo de asesoramiento prestado por los magistrados madrileños es perfectamente compatible con el estatuto judicial. Sin embargo, consideran un defecto que los jueces no solicitaran la autorización del Consejo General del Poder Judicial y que el propio Vieira participara y cobrara de este proyecto. Los pagos fueron declarados a Hacienda.
15 decanos ven el asesoramiento como una "actividad creativa" compatible
Una quincena de jueces decanos de la Comunidad de Madrid consideran que el asesoramiento que han prestado jueces a la empresa Indra para la creación de un programa informático que busca agilizar la tramitación judicial es "una actividad creativa de naturaleza técnico-jurídica" compatible con su cargo. En un comunicado, difundido este martes, el colectivo incide en que la Ley Orgánica del Poder Judicial considera esta actividad expresamente compatible con el cargo de juez o magistrado y que, por lo tanto, no vulnera el régimen de incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
El colectivo considera que esta colaboración no solo es "conveniente", sino "absolutamente imprescindible" . "No es conceptualmente imaginable que personas ajenas al mundo del derecho y extrañas a la Administración de Justicia posean los conocimientos técnico-jurídicos precisos para la elaboración de un completo, actualizado y sistemático repertorio de formularios o modelos de gestión procesal de la informática judicial", opinan los jueces.
El Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que investigará si los jueces que cobraron diversas cantidades de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa Indra, por asesorar en la creación de un programa informático para agilizar la tramitación judicial, incurrieron en alguna incompatibilidad.
Con este marco, una quincena de jueces decanos de la Comunidad de Madrid, inciden en que esta actividad no provocó "interferencia alguna" en el desarrollo de la función jurisdiccional. "Han realizado una actividad creativa de naturaleza técnico jurídica susceptible de ser retribuida como igualmente lo sería cualquier otro tipo de producción o creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquella", apuntan.
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