Rajoy prevé presentar una ley de segunda oportunidad

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto anunciar este martes en el debate sobre el estado de la nación un proyecto de ley de segunda oportunidad para familias y empresas endeudadas y una reforma de la ley de tasas, según fuentes del Ejecutivo.

En la primera trabajan desde hace meses los ministerios de Justicia y de Economía, con algunas discusiones entre ambos sobre el alcance que debe tener. Por ejemplo, sobre el ámbito de aplicación, que inicialmente iba a afectar solo a pequeñas y medianas empresas y finalmente podría extenderse a todas las personas físicas. No obstante, los detalles seguirán perfilándose este lunes y, posteriormente, en el trámite del anteproyecto de ley y en el debate parlamentario.

El objetivo es facilitar el pago de las deudas y su racionalización para evitar que fracasos de emprendimiento empresarial puedan lastrar de por vida a pequeños empresarios y que muchas familias tengan dificultades para sobrevivir por haber contraído deudas excesivas en el pasado.

La idea de la ley de segunda oportunidad ha sido planteada por colectivos como los jueces decanos y por la casi totalidad de los grupos parlamentarios, pero el PP ha rechazado hasta ahora varias propuestas al respecto en el Congreso. La idea de la ley admite graduaciones en las propuestas, por ejemplo, en el extremo al que previsiblemente no llegará el Gobierno algunos grupos pedían que las familias y las personas físicas pudieran tener un procedimiento similar al concurso de acreedores, de tal forma que pudiera reestructurarse, aplazarse o aminorarse su deuda. Así quedaría a salvo el pago de gastos de primera necesidad como la vivienda, la alimentación o la energía.

Esa vía serviría para evitar desahucios y casos de llamada pobreza energética en la que familias ven cómo se les corta la luz o el agua por falta de pago.

El texto sobre el que trabaja el Gobierno no llegará a ese extremo y, salvo cambios de última hora, se quedará en la posibilidad de establecer quitas o demoras en los pagos de ciertas deudas, especialmente las contraídas con la Seguridad Social o Hacienda en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Si esas sociedades demuestran que no hay quiebra fraudulenta podrán acceder a esas mejoras en el pago de la deuda para poder abordar nuevos negocios.

En el caso de las familias, Justicia y Economía estudian la posibilidad de ampliar los límites a los embargos, para que los jueces puedan facilitar que las familias remonten después de deudas excesivas.

El otro anuncio sobre Justicia será el de la reforma de la ley de tasas. El anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, aprobó la ley en 2013 para extender las tasas a todos los ciudadanos (salvo los de rentas más bajas) y a todas las jurisdicciones, salvo la penal, y para subir las cuantías. El objetivo, según se dijo entonces, era sufragar la Justicia gratuita. El propio Gallardón retocó la ley poco después, por ejemplo, para no aplicarla a mujeres víctimas de malos tratos, y ahora el nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, trabaja en la reducción general de tasas. La ley está pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que presentó el PSOE por considerar que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Además, Rajoy mencionará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento, que está pendiente del informe del Consejo de Estado y que tiene el objetivo de reducir los tiempos de instrucción de sumarios; y la Ley Orgánica del Poder Judicial, que llegará al Congreso con retoques referidos a la organización de la administración de Justicia.

La gran incógnita sobre todas estas normas es si habrá tiempo suficiente para que se aprueben. Si las elecciones son en noviembre, es posible que no haya tiempo para que el Parlamento se abra después de verano. Por eso, el Ejecutivo tendría que habilitar el mes de agosto para aprobar esas normas pendientes o agilizar notablemente la tramitación.

Las reformas requieren pasar por Consejo de Ministros dos veces, con plazos para los informes preceptivos. Según un informe de Justicia, el plazo legal máximo para la celebración de las elecciones generales sería el 20 de diciembre, pero nunca en España se han celebrado hasta ahora comicios en ese mes. Lo más probable es que sean en noviembre, como hace cuatro años.