Imputados dos coroneles por corrupción en el Acuartelamiento Aéreo de Getafe

El Juzgado Togado Militar Central número 1 ha citado como imputados a dos coroneles, un subteniente y dos sargentos por la trama de corrupción destapada en el Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Getafe (Madrid). Los imputados son el coronel V. S. M., máximo responsable del acuartelamiento desde 2009 a 2011; el coronel E. C. D., jefe de la SEA (Sección Económico Administrativa) 27 hasta 2013; el subteniente A. H. A., responsable de la SEINT (Sección de Intendencia); el sargento 1º J. E. P. S., encargado del Negociado de Alojamientos; y el sargento J. L. R. de la C., encargado de cocina. Hasta ahora, el único imputado en el caso era el comandante J. E. de J. B., a quien Defensa abrió expediente gubernativo y cuyo ascenso motivó que la investigación pasara al juzgado central.

La imputación de los dos coroneles y los tres suboficiales se ha producido después de que tres interventores militares ratificaran en el juzgado togado el contenido de un exhaustivo informe pericial en el que apuntan la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude fiscal y falsedad de documento público, entre otros. Aunque los peritos no han cuantificado el importe total del presunto fraude, subrayan que se dejaron de ingresar al Tesoro unos 600.000 euros anuales, procedentes del pago de comidas o alojamientos, con los que se nutrió una ilegal caja b. Entre otras irregularidades, el informe constata la existencia de falsos justificantes de pago del IVA, una cuenta bancaria no autorizada, fuertes salidas de fondos sin justificar, contratos inflados, concursos amañados, pagos por suministros no recibidos o falsos estudios de asesoría.

Además, el juzgado togado militar central está investigando la presunta destrucción de documentos de contabilidad por parte de los mandos del acuertalamiento de Getafe que ha sido denunciada por el teniente coronel a quien se abrió expediente gubernativo y que se considera a sí mismo un chivo expiatorio.

Se da la circunstancia de que uno de los coroneles imputados, E. C. D., fue nombrado en marzo pasado jefe de la nueva Sección Económico Administrativa número 16 del Ejército del Aire.

Buena parte de la documentación que sirvió a los peritos para elaborar su demoledor informe fue incautada por la primera instructora del caso, la juez Patricia Moncada, en los registros que realizó en junio de 2013 en el ACAR de Getafe y que le costaron un enfrentamiento con el coronel jefe, quien le recriminó que no le avisara con antelación y la presionó para que le revelara el contenido de la investigación. El Tribunal Militar Central abrió un expediente disciplinario a la juez, aún en tramitación. mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le dió amparo y pidió que cesaran los ataques a su independencia.