Educación instruye a las universidades para que se vendan mejor en el mundo

Hace más de una década que los rankings internacionales que clasifican a las grandes universidades del mundo están en boca de todos. Alabados por unos y criticados por otros tantos, en algunos países europeos y americanos marcan las directrices internas de los campus, las políticas externas de los Gobiernos y hasta las académicas para repartir las becas. En España, con más de un millón y medio de universitarios y de 100.000 docentes e investigadores, se han contemplado siempre con recelo. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha criticado en varias ocasiones que los campus españoles no están entre los mejores del mundo mientras las universidades le replican que es difícil ser Harvard o Berkeley con seis veces menos fondos.

Tras levantar a las universidades en armas con un decreto que acorta la duración de las carreras, el ministerio presenta ahora una guía de buenas prácticas con la que pretende ayudarles a salir mejor en la foto, pero en la que no ahonda en cuestiones financieras ni en cambios estructurales. La Guía de buenas prácticas para la participación de las universidades españolas en los rankings internacionales, que Educación presentará el lunes a los consejeros autonómicos, analiza la presencia española en los principales rankings del mundo —el de Shanghai o Arwu, THE y QS— y da claves formales para mejorar.

“Si las universidades españolas dedicaran más esfuerzo a controlar la información que envían a los rankings y la hicieran más exhaustiva, saldrían aún mejor posicionadas”, resume Elías Sanz, catedrático de Biblioteconomía de la Universidad Carlos III de Madrid y coautor del informe. Los principales rankings analizan entre 1.200 y 5.000 universidades de las 17.000 del mundo y reflejan los resultados de 500, apenas el 3% del total. “Hay muchas españolas que están situadas al filo de las 500 primeras, bastan pequeños cambios para pasar la barrera”, remarca Sanz.

Cuestiones tan simples como que un investigador firme siempre del mismo modo —sin usar iniciales o incluyendo el guión de un apellido en todas las rúbricas— para los catálogos de publicaciones y citaciones científicas, que conforman una parte importante de la nota final, ayuda a subir la nota, como recoge esta guía. Recomienda también que se amplíe la colaboración con organismos públicos de investigación, como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o los hospitales, para hacer publicaciones conjuntas y aprovechar las investigaciones de su personal.

Pero lo cierto es que muchos centros ni sintetizan los datos ni los mandan a los clasificadores. Por ejemplo, el ministerio pidió para su guía la participación a 72 universidades públicas y privadas, pero acabó contando solo con los datos de 19.

El estudio del ministerio dibuja una situación de las universidades españolas más positiva que la que señala en público el ministro Wert cuando lamenta que los españoles no estén entre los primeros del mundo. “España es de los países con mayor número de universidades ordenadas en los rankings universitarios internacionales (año 2012-2013) situándose entre los 10 países con mayor número de instituciones en los rankings ARWU y QS y en la posición 14 en el THE”, recoge el informe. Contabiliza “283 presencias de universidades españolas por áreas, materias o disciplinas” y 496 titulaciones universitarias españolas con algún tipo de reconocimiento.

Distintos expertos defienden que difícilmente habrá un campus español a la altura de Harvard sin unos fondos similares. “Su limitado presupuesto y, en consecuencia, la calidad de los fichajes de su plantilla no le permiten más que mantenerse con mucho esfuerzo y algo de fortuna en la división de honor del fútbol español”. El profesor de la Universidad Politécnica de Valencias, José Antonio Pérez, defendía con este símil futbolístico la posición de las españolas en una serie sobre universidades recientemente publicada por EL PAIS. La financiación en España ha caído de forma drástica durante la crisis —las partidas de las autonomías cayeron un 11,2% hasta los 5.920 millones entre 2010 y 2012, último año de presupuestos liquidados—.

Sanz admite que una mejor financiación “es positivo y necesario, aunque en esta primera fase se analizan determinados aspectos que se podrían mejorar sin que suponga un coste”.

Los rankings analizan principalmente datos de la investigación —y un valor tan subjetivo como el prestigio— aunque se usen como carta de presentación para captar alumnos. En este sentido, la guía alerta del riesgo de diseñar políticas “encaminadas únicamente a la mejora de los resultados en esos indicadores puede producir efectos muy perversos, como podría ser la minusvaloración de las actividades docentes frente a las investigadoras” o del peligro de renunciar a parte de las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales “al estar peor recogidos sus resultados de investigación en las bases de datos internacionales”.

La guía apuesta por fichar a expertos internacionales, obviando las dificultades de contratación de las universidades españolas. Les pide una “identidad de marca de la institución” (algo así como la marca España) y que nombren interlocutores ante los organismos que elaboran los rankings. Los campus disponen de un mes para mandar los datos, por lo que se les recomienda tenerlos unificados. Tras la publicación de la guía se abrirá una oficina —coordinada por el Instituto de Investigación Avanzadas sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU) de las universidades Autónoma y la Carlos III de Madrid— para ayudar a las universidades a enviar los datos.