Jueces progresistas creen inquisitorial expulsar al magistrado Santiago Vidal
La asociación JpD pide la dimisión del promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial
La propuesta de expulsión de la carrea judicial del juez Santiago Vidal por participar en la redacción de una Constitución catalana responde, según la asociación Jueces para la Democracia (JpD), a “persecuciones inquisitoriales de carácter político”. En un duro comunicado, la asociación de jueces progresistas censura la actuación de la máxima autoridad en materia disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero, del que pide la dimisión por tomar una decisión “abiertamente desproporcionada” que desprende “un inquietante estilo autoritario, de falta de respeto a la pluralidad propia del sistema democrático”.
El pleno del Poder Judicial debatirá a finales de mes la propuesta de Fonseca-Herrero, que ha pedido apartar de la carrera a Vidal por participar en la redacción de la Constitución catalana y apoyar explícitamente la independencia de Cataluña. Jueces para la Democracia asegura no compartir la actuación del magistrado catalán, pero sí ha querido mostrar su respaldo a la libertad de expresión y de creación jurídica de Vidal, “así como la de cualquier integrante de la judicatura”. “Y por eso nos oponemos a persecuciones inquisitoriales de carácter político”, sostiene la asociación, que anuncia que ejercerá “las acciones necesarias” para impedir que se consume una expulsión que, en su opinión, devolvería a “a los peores tiempos de intolerancia institucional hacia las opiniones ajenas”.
El promotor pide la separación de Vidal de la judicatura, por considerar que no ha cumplido con su obligación de acatar el texto constitucional. “Parece olvidar que la Constitución ampara tanto a quien defiende su contenido como a quien discrepa del mismo. Y que la libertad de expresión y de creación jurídica permiten realizar aportaciones que modifiquen el actual marco constitucional”, señala Jueces para la Democracia, que recuerda, además, que Vidal ha realizado estas actividades en su tiempo libre, al margen de su actividad jurisdiccional. “De hecho, en modo alguno se acusa a Vidal de haber vulnerado la Constitución en ninguna de las decenas de miles de resoluciones que ha dictado, sino que se le ataca por expresar como ciudadano sus opiniones sobre el modelo territorial de nuestro país”, advierte la asociación, para quien el estilo “autoritario” que muestra en esta propuesta Fonseca-Herrero “va en la línea” de determinadas actuaciones del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
La asociación de jueces se queja también de que en el trámite del expediente contra el magistrado catalán se han producido filtraciones a los medios de una materia que tiene carácter reservado y de la que solo conoce el promotor, por lo que le pide explicaciones y advierte de que denunciará el uso indebido por el Poder Judicial de datos personales de carácter disciplinario por razones políticas.
Jueces para la Democracia advierte en su escrito de que el carácter “marcadamente ideológico” de las actuaciones de Fonseca-Herrero ya ha quedado evidenciado en otras actuaciones. Recuerda, como ejemplo, que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, expresó públicamente que el derecho a decidir no tenía cabida en el vigente texto constitucional y no hubo ninguna consecuencia disciplinaria ante esta legítima opinión. Sin embargo, 33 magistrados emitieron un manifiesto en el que opinaron que el derecho a decidir era compatible con la Constitución y el promotor de la acción disciplinaria incoó diligencias contra ellos, “en una manifiesta vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley”, según la asociación progresista. "Las diligencias se mantuvieron injustificadamente durante casi un año, para acabar archivándose por considerar que se trataba de opiniones amparadas por la libertad de expresión, lo cual era evidente desde el primer día. Además, el promotor reprendió con torpeza a los firmantes por lo equivocado de su punto de vista jurídico, en una actuación que resulta incompatible con la neutralidad exigible a un órgano disciplinario”, señala el texto.
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