El Gobierno rechaza por quinta vez paralizar el almacén de gas de Doñana

El Ministerio de Medio Ambiente ha rechazado, por quinta vez, revisar de oficio la evaluación de impacto ambiental del proyecto de almacenamiento de gas natural en Doñana. El ministerio entiende que esa evaluación se hizo "bien" en su día, según fuentes del Gobierno andaluz, que mantiene paralizado el proyecto al considerar, precisamente, que no ha sido correcta la tramitación ambiental de este almacén subterráneo que apadrina Gas Natural.

El desencuentro entre el Gobierno central y el autonómico es total. Además, Gas Natural reclama por la vía administrativa y por la judicial 358 millones de euros a la Junta de Andalucía por no concederle un último permiso y mantener así en suspenso el proyecto. Ante esta situación, la Consejería de Medio Ambiente andaluza pidió a la Comisión Europea que mediara y estableciera si se debía volver a evaluar el impacto del futuro almacén. Pero Bruselas envió, el 19 de diciembre, un escrito a las dos Administraciones en el que, básicamente, les pedía que se pusieran de acuerdo. A finales de enero, miembros de la consejería y del ministerio se reunieron. Y el departamento de Isabel García Tejerina volvió a negar que haga falta reevaluar ambientalmente el proyecto, competencia que corresponde al ministerio. Es la quinta vez que Medio Ambiente se pronuncia en este sentido: dos veces por escrito y tres verbalmente en reuniones como la de hace unos días.

El proyecto —que prevé la construcción de 20 kilómetros nuevos de gasoductos en la zona— tiene concedidas cuatro declaraciones de impacto ambiental (DIA) favorables por parte del ministerio. Pero la Junta entiende que se ha contravenido la normativa europea al haberse troceado las obras en cuatro para su tramitación ambiental. Además, la consejería sostiene que no se ha tenido en cuenta suficientemente el riesgo sísmico, en clara referencia a los problemas con el almacenamiento Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

Pese a contar con el visto bueno del ministerio, la Junta decidió, en abril de 2013, suspender la concesión a Gas Natural de la denominada Autorización Ambiental Unificada, un permiso imprescindible para que puedan comenzar las obras necesarias para convertir las cavidades subterráneas de la zona en un almacén. La compañía lleva desde los años ochenta extrayendo gas de esas cavidades y lo que pretende es transformarlas en un silo estratégico.