El juez Bermúdez investiga el sobrecoste del puerto de Gijón

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha abierto una investigación penal acerca del sobrecoste en la construcción del puerto del Musel, en Gijón. El magistrado ha admitido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción después de que la Oficina europea Antifraude (OLAF) recomendara a la Comisión Europea que reclame a España los 198 millones que aportó a la obra y retuviera los 49,5 que tiene pendiente de abonar. El coste de los trabajos se incrementó, sobre todo, por el precio de la piedra empleada en la construcción.

Las obras de ampliación del puerto gijonés se iniciaron en 2005 y concluyeron en 2011, con una aportación de 247 millones de euros de los fondos de cohesión de la UE. En un auto –resolución judicial razonada- el juez Gómez Bermúdez acepta la denuncia de la Fiscalía y del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies (OCAN). El magistrado reclama a la Autoridad Portuaria de Gijón que identifique quiénes eran los miembros de su consejo de administración, así como los del ente público Puertos del Estado en el momento en que se realizaron los trabajos. También solicita todos los documentos sobre las relaciones de la autoridad portuaria con las empresas Hidrocantábrico y Tudela Veguín S.A, dueñas de las canteras de donde salió la piedra para el Musel.

El magistrado reclama al consorcio Dique Torres, constructor del puerto –formado por las empresas Dragados, FCC, Sato y Alvargonzález- que entregue todos los contratos de la obra y de sus relaciones con Hidrocantábrico y Tudela Veguín. Gómez Bermúdez ha pedido también a la Intervención General de la Administración del Estado todos los informes emitidos sobre esta obra y que nombre dos peritos para examinar el expediente de contratación.

El informe de la OLAF, de marzo de 2014, apreciaba “graves irregularidades, incluso fraude”, en el proyecto de Ampliación del Puerto de Gijón, así como “deficiencias en los sistemas de gestión y de control” por parte del beneficiario de los fondos europeos, la autoridad portuaria.

La Fiscalía, tras conocer este informe, presentó en diciembre pasado una denuncia al entender que tras el sobrecoste puede haber delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial, fraude fiscal y prevaricación.