Wert rechaza que la moratoria de los rectores le haya desacreditado

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, espera que “en breve” algunas universidades españolas presenten las primeras validaciones para ofertar carreras de tres años tras la aprobación del decreto que permite ofrecer títulos más cortos que los actuales (de cuatro años de duración) y que los rectores rechazaron de forma mayoritaria en una asamblea extraordinaria celebrada el lunes.

La Conferencia de Rectores aprobó – con 57 votos a favor, cinco abstenciones y uno en contra- una moratoria para que la flexibilización universitaria que el Gobierno considera “urgente” para converger con el grueso de los países europeos se aplace durante dos años. Pese a ese resultado (los rectores decidieron aplicar un plazo de espera tras reclamarlo en distintas ocasiones al ministerio sin éxito), Wert rechaza que esa decisión le desacredite y esgrime que el real decreto no incluye fecha y además es opcional para los campus. “No veo que estas decisiones o estos desencuentros tengan que implicar desacreditar a nadie. Al final de esta cuestión veremos qué universidades presentan a verificación grados de tres años y ya está. Eso lo vamos a ver en breve”, ha señalado el ministro, tras una reunión con el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados. Universidades como la privada Camilo José Cela, de Madrid, o la pública Pompeu Fabra de Barcelona han anunciado su intención de poner en marcha grados de tres años para el próximo curso en nuevas titulaciones.

En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes en el que se aprobó el real decreto, el ministro Wert señaló que las familias ahorrarían 150 millones de euros con el cambio. Este miércoles ha señalado, no obstante, que el plan de flexibilización “no es ni una política de ahorro ni una política de recorte”. La Conferencia de Rectores (CRUE) calcula que el ahorro de las familias – que se produciría si todas las carreras actuales pasaran de cuatro a tres años y por tanto los estudiantes hicieran un curso menos- supone un recorte en la financiación de las Administraciones “de hasta 800 millones”. Los alumnos cubren con sus tasas entre el 15 y el 25% del coste total de cada curso y el resto corresponde a las Administraciones.