Un desenlace pendiente de la Confederación Helvética

La última respuesta del Tribunal Federal Suizo, fechada el pasado 5 de enero, ha cargado de incertidumbre el desenlace del caso Gürtel en el juicio que se celebrará dentro de un año aproximadamente. En esa respuesta, las autoridades suizas se reafirman en la imposibilidad de que España utilice los datos bancarios remitidos a través de distintas rogatorias a la Audiencia Nacional contra los imputados en la causa.

Ese veto, que todavía no es definitivo, amenaza una parte importante del proceso abierto hace seis años en España y que implica a casi 200 personas, entre ellas 60 exdirigentes del Partido Popular. Algunos de los imputados ocultaron el dinero obtenido por su supuesta actividad ilegal en cuentas de distintos bancos suizos durante los años en que mantuvieron vivo su negocio.

El Tribunal Federal suizo consideró en su última respuesta al juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, que la investigación judicial abierta en España no ofrecía “explicaciones lo suficientemente convincentes acerca de cómo, en función de los hechos descritos, se podría haber originado un fraude fiscal conforme al derecho suizo”.

Esa conclusión impediría a las partes personadas en el caso acusar de delito fiscal a los principales imputados del caso Gürtel con cuentas en los bancos suizos, que además están acusados por otros delitos que el juez ha acreditado a través de pruebas donde no se necesita la colaboración de la Conferencia Helvética.

La mitad de la pena

Más de la mitad de la pena que la Fiscalía Anticorrupción o la Abogacía del Estado solicitan para el extesorero Bárcenas y otros implicados en la causa con dinero en Suiza, está relacionada con los delitos fiscales que se les atribuyen por los fondos que ocultaron en Suiza y que procedían, según la investigación, del cobro de comisiones ilegales a cambio de su intermediación en la adjudicación de contratos amañados.

El juez Pablo Ruz confía en convencer todavía a las autoridades suizas para que se pueda desbloquear la autorización del Tribunal Federal, de manera que se puedan utilizar como prueba en el juicio todos los datos remitidos en las distintas rogatorias. Esa información bancaria ha permitido acreditar cómo Bárcenas llegó a acumular en dos entidades suizas una fortuna de 48,2 millones de euros y que a raíz del estallido del caso Gürtel intentó ocultar en bancos de otros países parte del dinero.