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Rajoy podrá movilizar bienes privados en caso de crisis

Tendrá potestad para declarar la "situación de interés para la Seguridad Nacional"

Felipe VI en el Consejo de Seguridad Nacional, en julio. Ampliar foto
Felipe VI en el Consejo de Seguridad Nacional, en julio. AFP

El Estado podrá movilizar recursos públicos y privados para hacer frente a situaciones de crisis que pongan en riesgo la seguridad nacional. Así figura en el anteproyecto de Ley Orgánica de la Seguridad Nacional, que este viernes tiene previsto debatir el Consejo de Ministros. Aunque el texto llega a la mesa del Gobierno en plena alerta mundial ante la amenaza del terrorismo yihadista, la Estrategia de Seguridad Nacional de mayo de 2013 ya preveía su aprobación en un plazo de seis meses, que se ha superado con creces.

Se cubre el vacío creado al derogar la Ley de Movilización franquista

El anteproyecto no especifica la forma en que se realizaría la incautación temporal de bienes privados, que deja para un desarrollo legal y reglamentario posterior, pero establece que la misma debe basarse en los principios de gradualidad, proporcionalidad a la gravedad de la crisis e indemnización por los perjuicios causados a particulares.

La intervención temporal de medios materiales (como vehículos, inmuebles, etc.) ya está prevista en la Ley de Protección Civil para situaciones de emergencia o catástrofe, pero no para supuestos de riesgo para la seguridad nacional. Se trata de cubrir, según fuentes gubernamentales, el vacío que dejó en 2007 la derogación de la ley franquista de Movilización Nacional.

Todas las crisis, menos el ébola

M. G.

Desde su sesión constitutiva, en julio de 2013, bajo la presidencia del Rey, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) ha celebrado siete reuniones, una cada dos meses. En este tiempo se ha aprobado la Estrategia de Seguridad Marítima, que se adelantó a la de la UE, y la de ciberseguridad, como planes sectoriales derivados de la Estrategia de Seguridad Nacional de mayo de 2013.

Además, se han creado el Consejo de Ciberseguridad y el de Seguridad Marítima, así como el Comité de Situación, equivalente al Comité de Crisis, que preside la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El último comité creado, en julio pasado, fue el de Inmigración. También se han aprobado planes de acción en materia de ciberseguridad y seguridad marítima, así como un plan integral de seguridad marítima en el estrecho de Gibraltar o Plan Mares, y se está tramitando otro de contingencia ante crisis migratorias.

Paradójicamente, una de las mayores crisis a la que ha tenido que enfrentarse el Gobierno de Mariano Rajoy —el primer contagio fuera de África por el virus del ébola— se gestionó al margen del Consejo de Seguridad Nacional mediante la creación de un comité de crisis ad hoc presidido también por la vicepresidenta.

El anteproyecto que este viernes llega al Consejo de Ministros ha tenido una larga gestación. En julio de 2013 se creó una comisión técnica presidida por el director del Gabinete de Rajoy y secretario del CSN, Jorge Moragas, para elaborarlo. La redacción se encargó a un grupo de trabajo encabezado por el director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), Alfonso de Senillosa, con representantes de los ministerios más directamente implicados: Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Presidencia. Superar las discrepancias entre los distintos departamentos no fue fácil, pero finalmente en otoño pasado se consensuó el texto que debatirá el Gobierno.

Además de la movilización de recursos privados, la medida podrá afectar a medios materiales y personales de otras Administraciones públicas. Por ejemplo, podría ponerse bajo la autoridad del Gobierno central a policías locales y autonómicos.

La adopción de estas medidas requerirá la previa declaración del estado de crisis o, en la terminología que emplea el anteproyecto, de la “situación de interés para la Seguridad Nacional”. Esta declaración podrá adoptarse cuando se enfrente una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración y que, sin embargo, no sea tan grave como para aplicar la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, que se aprobó en 1981, inmediatamente después de la intentona golpista del 23-F.

Se creará así, según fuentes gubernamentales, una nueva categoría intermedia entre la situación de normalidad y el estado de alarma, el más suave de los tres previstos por la ley de 1981, activada por el Gobierno de Zapatero durante la huelga de controladores que provocó el cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2010.

La declaración de “situación de interés para la Seguridad Nacional” no supondrá en ningún caso, según las fuentes consultadas, la suspensión de los derechos fundamentales y las libertades públicas, como sucede en los estados de excepción y sitio.

Dicha declaración corresponderá en exclusiva al presidente del Gobierno, asesorado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). El anteproyecto eleva a rango de ley el CSN, que se creó en julio de 2013 mediante decreto como una nueva Comisión Delegada del Gobierno, con la misión de asistir al presidente en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional.

El texto incluye también, por vez primera en una ley, la definición de seguridad nacional —entendida como la salvaguarda de la libertad y seguridad de los ciudadanos, los principios y valores del Estado de derecho, los intereses nacionales y los compromisos internacionales— como objetivo prioritario del presidente.

El Consejo de Ministros debate la ley en plena ofensiva yihadista

El Gobierno considera que la seguridad nacional es una “política de Estado”, por lo que tiene el propósito de pactar el proyecto con la oposición y en particular con el PSOE, con el que ya ha iniciado conversaciones, según las fuentes consultadas.

Tras el debate de este viernes, el anteproyecto deberá volver una segunda vez a la mesa del Consejo de Ministros antes de su remisión al Parlamento, donde deberá ser aprobado por mayoría absoluta, dado que tiene rango de ley orgánica. El nuevo texto no deroga la Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005, que regula la autorización parlamentaria de las misiones en el exterior y el Consejo de Defensa Nacional, que coexistirá con el CSN.

El Gobierno promoverá la llamada cultura de Seguridad Nacional, para implicar a la sociedad en su preservación y facilitar su participación en la misma.

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