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El Tribunal de Cuentas no ve que los partidos hayan delinquido

Los consejeros de Fiscalización y Enjuiciamiento discrepan del informe del fiscal jefe sobre presuntos delitos en seis partidos en el ejercicio de 2012

Los consejeros del Tribunal de Cuentas durante un pleno. Ampliar foto
Los consejeros del Tribunal de Cuentas durante un pleno.

Dos consejeros del Tribunal de Cuentas, los presidentes de la Sección de Fiscalización, Javier Medina, y el de la de Enjuiciamiento, Felipe García, han remitido un escrito al fiscal jefe de este organismo, Olayo González, en el que intentan aclarar algunos aspectos del informe de fiscalización de 2012 sobre las cuentas de los partidos políticos. Los dos ponentes no ven delitos en las cuentas y discrepan de la interpretación que hace el fiscal sobre las finanzas de 2012 relativas a seis grandes partidos. Ambos entienden que el fiscal no ha tenido en cuenta en su informe errores ya subsanados y prácticas contables amparadas por la actual normativa.

Basándose en el informe de fiscalización de partidos de 2012 aprobado por el pleno del Tribunal, el fiscal jefe redactó el pasado 15 de diciembre un contundente escrito en el que aprecia delitos tributarios y/o de falsedad en Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), Partido Nacionalista Vasco, PP y PSOE, Eusko Alkartasuna y Unió Democràtica de Catalunya. González describió en su informe condonaciones ilegales de deudas, cuentas sesgadas en las que no se computan los gastos e ingresos reales, préstamos a fundaciones desconocidas y donaciones ilegales, entre otras prácticas.

» Convergència Democràtica de Cataluña. El fiscal sostiene que en la cuentas de 2012 esta formación “tiene contabilizados ingresos que, en principio, no se corresponden con los servicios efectivamente prestados”. Medina y García aluden a la literalidad del informe de fiscalización, aprobado por el pleno del tribunal, y señalan: “En el informe se dice que la justificación de los servicios prestados es insuficiente, no que dichos servicios no se hayan prestado”. El fiscal destaca que en 2012, CDC efectuó aportaciones por importe de 635.865,99 euros bajo el epígrafe de “ayudas” a sus fundaciones (una de ellas, Cat-Dem), pero sin especificar las otras fundaciones a las que ha dado dinero. Cat-Dem alegó al respecto que lo recibido no “son aportaciones”, sino “donaciones”.

Los ponentes del tribunal señalan: “Hace referencia el informe del fiscal a una aportaciones de CDC a la fundación Cat-Dem que esta contabiliza como donaciones (…). Los términos aportación y donación se utilizan indistintamente al referirse a las aportaciones del partido a sus fundaciones y, tanto si se denominan aportaciones como donaciones, son lo mismo y perfectamente legales". También denunció el fiscal que las cuentas de CDC no incluyen toda su actividad, ya que en sus cuentas no figura incluida la actividad económico-financiera de todas las sedes locales y territoriales y que ello ha podido incidir en su declaración del impuesto de sociedades.

Gran parte de las irregularidades que ve el fiscal en las cuentas de los partidos a los que atribuye infracciones son fruto, según los ponentes del informe, de la indefinición sobre cómo abordar ahora las cuentas consolidadas. El fiscal, que depende de la Fiscalía General del Estado y goza de plena autonomía respecto del tribunal, entiende que cabe aplicar a los partidos normas de reciente vigencia como la Ley Orgánica 5/2012 sobre Financiación de los Partidos Políticos y una resolución del pleno del Tribunal de Cuentas de 2013 que revoca o corrige preceptos anteriores con el fin de evitar la impunidad. El tribunal discrepa del fiscal en que sea posible aplicar la norma de 2012 con carácter retroactivo.

El tribunal señala que los partidos están exentos del impuesto de sociedades y que la actual normativa no obliga a los partidos a presentar cuentas consolidadas en las que consten las de sus organizaciones territoriales. Aunque la reforma legislativa, señalan, tiende “a que paulatinamente” los partidos presenten al tribunal sus balances consolidados. “Es intención de este tribunal que en el plazo de dos años se produzca la implantación de la elaboración y formulación de las cuentas anuales consolidadas”.

» Eusko Alkartasuna. El fiscal denuncia que la formación ha podido cometer delitos en 2012 porque en sus cuentas no figuran “todos los ingresos y gastos”. Los ponentes del tribunal entienden que eso se debe a que en las cuentas presentadas no incluyen las de las sedes locales. Y dan la misma explicación que en el caso de CDC sobre las cuentas consolidadas.

» Unió Democràtica de Cataluña (UDC). El fiscal reprocha en su informe la supuesta condonación de nueve millones de un préstamo bancario concedido en 1996 a UDC. Según el fiscal, el partido y el banco pactaron que el crédito, algo más de 10 millones, quede ahora en menos de uno. El tribunal opone que, a fines de 2012, esa deuda no figura cancelada, y que los términos de la renegociación mantenida entre el partido y el banco serán analizados en el ejercicio 2013. Y añade que se ha podido producir una reducción de los intereses para ajustarlos a los tiempos actuales, pero que eso no es una condonación de la deuda.

» PP. El fiscal jefe también atribuye delitos tributarios al PP y lamenta que no incluya en su contabilidad “diversas cuentas” bancarias que suman 1,3 millones y “pagos de anticipos a miembros del partido que no aparecen descontados o justificados y que superan los 50.000 euros". El fiscal también denunció una donación de 86.000 euros de una empresa que recibía contratos públicos, hecho que está prohibido por ley. Sobre los anticipos, el tribunal señala “que se trata simplemente de anticipos pendientes de justificar a 31 de diciembre, algo habitual en la práctica contable”. Y sobre los 1,3 millones no contabilizados, los ponentes explican: “Esta situación continuará produciéndose inevitablemente hasta que se extienda el ámbito de la consolidación de las cuentas rendidas a toda organización a nivel local”. El fiscal también denunció un préstamo al partido de la Caja Rural de Vinarós por importe de 60.101 euros que no figura en la contabilidad consolidada. El tribunal señala que sí lo estaba porque figura el saldo pendiente, 16.299 euros. Y respecto a los 34 contratos privados que, según el fiscal, no ha aportado el PP, Medina y García sostienen que, aunque no estuvieran formalizados en un documento contractual, sí están “identificados el importe, el objeto y el contratista en cada uno de los casos”.

» PSOE. El fiscal ve delito en préstamos por un total de 4,4 millones concendidos a sus fundaciones Pablo Iglesias e Ideas para el Progreso a sabiendas de la dificultad de recuperar ese dinero. Dice el tribunal: “Es práctica habitual que los partidos financien a sus fundaciones, que en el futuro tendrán que consolidar sus cuentas con las de los partidos. Con independencia de ser una práctica habitual, no se incumple norma alguna, tanto si los recursos proceden de de la financiación privada como de la pública. Tanto si son préstamos como aportaciones ambos “son perfectamente legales”, zanja.

» PNV. Según el informe del fiscal, el PNV no registró en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones derivados de una permuta sobre una finca. Y además posee, aunque está prohibido, sociedades mercantiles de cuyas operaciones “puede derivarse un flujo revelador de financiación ilícita”. También reprocha el fiscal que las cuentas del PNV no son reales. El tribunal señala: “El partido debe arbitrar los mecanismos de control precisos de manera que se pueda justificar el origen de los recursos aportados”. Pero tampoco ve infracciones penales en su finanzas.