Bélgica da marcha atrás a la eutanasia de un violador preso

Cinco días antes de practicar la primera eutanasia autorizada nunca a un preso, Bélgica ha dado marcha atrás en la inédita decisión adoptada el pasado septiembre. Los médicos de Frank Van Den Bleeken, un violador de 51 años encarcelado desde hace casi 30 por varias agresiones sexuales y un asesinato, han paralizado la muerte asistida que el reo había solicitado en 2011 y que estaba programada para este domingo. El Ministerio de Justicia belga informó ayer de esta decisión sin aclarar los motivos, que permanecen “bajo secreto profesional”, señaló su portavoz.

El acuerdo entre el abogado de Van Den Bleeken y el Estado belga para practicar esta eutanasia —un vez recibido el visto bueno de los médicos, que dictaminaron un sufrimiento psíquico insoportable— hace apenas cuatro meses generó gran controversia en Bélgica. Muchos expertos la consideraron un abuso de la norma que, desde 2002, permite invocar el derecho a una muerte digna a personas con enfermedades incurables que sufran dolores físicos o psíquicos insoportables.

Se temió, además, que la muerte asistida a un preso abriese la puerta a otras solicitudes de entre los más de 1.000 reclusos que se estima sufren enfermedades mentales en Bélgica. Otros 15 presentaron demandas similares tras el visto bueno a la eutanasia de Van Den Bleeken. La decisión de ayer tapona, en principio, esa vía.

Tras el dictamen médico que el Gobierno belga dice haber recibido el pasado lunes, el Ministerio de Justicia comunicó ayer una solución de urgencia para el preso violador, que cumple condena en un centro penitenciario común, en la ciudad de Brujas, sin especialización en la enfermedad mental que padece. El violador será trasladado de manera temporal a un centro psiquiátrico en la localidad de Gante, según explicó a EL PAÍS la portavoz del Ministerio de Justicia. Más adelante se evaluará su ingreso en una institución especializada en Holanda, algo que el preso llevaba años reclamando, antes de optar por la eutanasia.

“Bélgica carece de momento de centros especializados que puedan darle los cuidados que necesita”, admitió la portavoz de Justicia, que rehusó aclarar por qué la eutanasia, proyectada desde septiembre, se ha suspendido a última hora. La responsable negó, no obstante, que existan otros motivos distintos del criterio médico. El ministro, Koen Geens, se comprometió a poner en marcha en seis meses una institución destinada a enfermos mentales que no pueden ser reinsertados en la sociedad.

La iniciativa del titular de Justicia, que ocupa el cargo desde el pasado octubre, con la nueva coalición de centroderecha y liberales que gobierna el Estado belga, obedece a varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha fallado en contra de Bélgica por no ofrecer tratamientos adecuados a enfermos mentales en centros penitenciarios. Las autoridades han recibido hasta 14 sentencias desfavorables por confinar a este tipo de enfermos en cárceles ordinarias. El nuevo Ejecutivo confía en revertir pronto esa situación, que ha merecido duras críticas de distintas organizaciones sociales. La Liga de los Derechos Humanos considera esa falta de inversión en cuidados a presos como “un modo de pena de muerte encubierta” y se pregunta si la decisión de aplicar la eutanasia a Van Den Bleeken no constituía “un peligroso acercamiento a la barbarie”, según un comunicado de la organización.

El reo condenado, en 1989, permanece en prisión desde hace 26 años sin previsión de recuperar su libertad. En este tipo de casos, una comisión especializada debe evaluar si el recluso está reinsertado y, en caso contrario, impedir su salida de prisión. El propio reo ha rechazado siempre su excarcelación por miedo a reincidir. “Con razón, nunca seré libre. Fuera de estas paredes, habría un gran peligro de que volviera a cometer graves errores de nuevo”, relató en 2001 en un documental que sacó a la luz su caso. Sin un tratamiento adecuado para su patología, el violador pidió su traslado a Holanda y, al ser denegado, solicitó la eutanasia.

Bélgica cuenta, desde hace 13 años, con una avanzada legislación de eutanasia, que el año pasado fue extendida también a los menores. La norma cuenta con una amplia aceptación social. Cada año se practican alrededor de 1.000, lo que representa el 1% de las muertes, según datos oficiales, que muestran un importante aumento en los últimos años.