El Gobierno limita el impulso de nuevas leyes por el fin de la legislatura

El Ejecutivo estudia reformar la ley del aborto con una proposición de ley del PP para garantizarse la aprobación y eludir los informes

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su rueda de prensa del 26 de diciembre.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su rueda de prensa del 26 de diciembre.ULY MARTIN

El Gobierno afronta el último periodo de sesiones completo de la legislatura con la premura de no poder abordar ya nuevos anteproyectos de ley que requieran una tramitación completa y compleja. La Moncloa tiene previsto aprobar los proyectos que ya han sido vistos en una ocasión por el Consejo de Ministros y, sobre todo, desencallar los atascados en las Cortes, pero no impulsar nuevos con trámite de informes.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio implícitamente por agotada la legislatura a estos efectos el pasado 26 de diciembre en su rueda de prensa, al no incluir ni una sola propuesta legislativa para los próximos meses. En la anterior comparecencia de este tipo, celebrada en julio, incluyó algunas como la reforma electoral para las municipales, que el Gobierno ha abandonado de hecho sin admitirlo públicamente ni explicarlo.

En ese calendario legislativo de fin de mandato las normas referidas a la Justicia y contra la corrupción copan la mayoría de leyes que saldrán de las Cortes durante 2015. Nuevas iniciativas no tendrían garantizada la aprobación, porque el siguiente periodo de sesiones ya no sería completo. El plazo máximo para la disolución de las Cortes es el 20 de noviembre, fecha en la que se cumplen los cuatro años de las elecciones generales. Si los comicios volvieran a ser en noviembre el Parlamento podría no abrir sus puertas después de verano y, por eso, el Gobierno quiere que en julio estén aprobadas las normas. Ese apretado calendario está condicionado, además, por las municipales y autonómicas del 24 de mayo y las probables catalanas del primer trimestre. No habrá tampoco en otoño Presupuestos para 2016.

De hecho, algunas previstas están en fase de estudio y decisión para evitar que se queden sin aprobar. Es el caso de la reforma de la ley del aborto, limitada a establecer la obligatoriedad de consentimiento de los padres para las mujeres de entre 16 y 18 años. El Gobierno duda entre dos opciones: incluirlo en la Ley de Infancia y el Plan de Familia que ya están en trámite o utilizar una proposición de ley del Grupo Popular. La primera norma, que no menciona expresamente la interrupción de embarazo, fue censurada duramente por el Consejo de Estado por usar una norma de rango inferior a la ley orgánica del aborto que modifica y después de que el texto ya hubiese pasado el examen de las comunidades autónomas y del Consejo Económico y Social.

En el texto remitido por el Gobierno al Consejo de Estado no figura la palabra “aborto” ni se menciona directamente la "interrupción voluntaria del embarazo". Se vale de un cambio en la redacción de un artículo a la hora de legislar sobre quién tiene la última palabra en las intervenciones médicas a adolescentes: sustituye el consentimiento de los menores emancipados o mayores de 16 años, que figura en la norma actual, por el consentimiento de los representantes legales (los padres).

Esta vía de reforma legal requiere un trámite más lento y podría ser que materialmente no hubiera tiempo en la legislatura para aprobarlo y, además, se prolongaría un debate público que el Gobierno no desea.

Por eso, la segunda opción que estudia el Gobierno es que el Grupo Popular presente una proposición de ley directamente en el Congreso, que no pasaría por informes y que garantizaría que se aprobara antes de verano porque agilizaría los trámites. Esta vía no es habitual, porque se entiende que la iniciativa legislativa del grupo mayoritario está en manos del Gobierno. No sería la primera vez que lo hiciera el actual Ejecutivo, porque la utilizó con polémica en 2013 para eliminar la justicia universal, en contra de todos los grupos.

El grueso de las normas que saldrán del Parlamento en este año tiene que ver con la Justicia y con la lucha contra la corrupción. Del Gobierno al Congreso irán en este mes de enero los proyectos de ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, enviados ya a informe.

La primera fue enviada a informes en diciembre y supone una reforma parcial de la norma del siglo XIX, renunciando al gran proyecto que intentó abordar el Gobierno al principio de la legislatura. Ese anteproyecto está en fase de informe y la previsión del Gobierno es que llegue al Congreso en febrero, coincidiendo con la reapertura del Parlamento tras la pausa de Navidad. Las polémicas de estas normas están en la limitación de los plazos de instrucción y ampliación de las intervenciones de comunicaciones sin orden judicial previa.

También en enero el Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sometió a informe un anteproyecto ambicioso que ahora quedará en retoques de organización de juzgados. En principio, el Ejecutivo renuncia a reducir en esa ley el número de aforados, tal y como anunció el Gobierno en verano.

De Justicia procede también el proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito cuya tramitación deberá concluir el Senado, tras ser aprobado en diciembre en el Congreso.

Antes de verano saldrá de las Cortes el Código Penal, para lo que el PP agilizará los plazos de tramitación. El jueves 8 se reúne la ponencia para aprobar el texto el 20 en el pleno y remitirlo al Senado. Para eso, la mayoría absoluta del PP rechazará el jueves la petición del PSOE para frenar la tramitación y solicitar informes al Poder Judicial. La oposición entiende que las enmiendas del PP cambian por completo el texto inicial que el Gobierno remitió para recabar los informes, especialmente, el capítulo dedicado a terrorismo.

En el arranque de 2015, el Congreso aprobará dos proyectos de ley prometidos por Rajoy hace justo dos años para luchar contra la corrupción: el de financiación de partidos y el estatuto de los altos cargos. La idea del Gobierno es avanzar su trámite antes de que en febrero se celebre el último debate sobre el estado de la nación de la legislatura. En ese debate, el presidente del Gobierno ya no podrá hacer nuevas propuestas de reformas legislativas por falta de tiempo material para tramitarlas.

También la ley de seguridad ciudadana está pendiente solo del trámite del Senado.

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