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El fiscal pide prisión para Alavedra y Prenafeta por el ‘caso Pretoria’

El ministerio público reclama multas y decomisos por valor de 93,7 millones por la trama de corrupción urbanística en el área metropolitana de Barcelona

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este lunes una pena de seis años y diez meses de prisión para Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, hombres de la máxima confianza personal y política del expresidente catalán Jordi Pujol, por tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la Operación Pretoria, la trama de corrupción urbanística destapada en 2009 en el área metropolitana de Barcelona. En un escrito de 71 páginas, el ministerio público acusa también, entre otros, al exparlamentario autonómico del PSC Luis Andrés García Sáez, Luigi, y al ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartolomé Muñoz. Para el primero de ellos, considerado el conseguidor y líder de la trama, el fiscal solicita una pena de ocho años de cárcel por tres delitos de tráfico de influencias y blanqueo continuado; mientras que para el exregidor reclama seis años y diez meses de prisión por dos delitos de cohecho. El fiscal pide también penas de prisión para los otros siete procesados en la operación, casi todos ellos empresarios y testaferros de los principales imputados. El ministerio público reclama a los acusados el pago de multas y decomisos por valor de 93,71 millones de euros.

La fiscalía reclama el comiso de las ganancias ilícitas supuestamente obtenidas por los imputados en los tres grandes pelotazos urbanísticos con suelos públicos que se investigaron en la operación, en Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). El exdiputado autonómico García Sáez medió para comprar los terrenos municipales, obtener su recalificación urbanística y venderlos posteriormente con un sobreprecio. Según el fiscal, Alavedra obtuvo unas ganancias ilícitas de 3,24 millones, y Prenafeta, de 5,83 millones. Por su parte, Luigi obtuvo con sus manejos irregulares 5,8 millones de euros y el exalcalde de Santa Coloma ganó 1,2 millones de euros, según el fiscal.

El ministerio público sostiene que Luigi, diputado autonómico entre 1980 y 1988, desempeñó un “papel fundamental” en la trama corrupta como “conseguidor o facilitador e intermediario”. Según el escrito, era “notoria la relación e influencia que ejercía sobre los cargos públicos integrantes de los órganos decisorios de las adjudicaciones públicas”. Además, los empresarios daban como un “hecho asumido” que “para resultar adjudicatarios, debían contar con la autorización mediata de Luis Andrés García”.

Según el fiscal, Luigi mantenía con el que fue alcalde de Santa Coloma entre 1995 y 2009, Bartolomé Muñoz, “una relación personal y profesional tan fluida e intensa que, de facto, era Luis Andrés García quien dirigía y tomaba muchas de las decisiones urbanísticas de este Ayuntamiento”. La relación estrecha se ampliaba al entonces concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, quien, afirma el fiscal, “contribuyó eficazmente, gracias a la presión que desde su posición de jerarquía ejerció sobre distintos técnicos municipales intervinientes en la adjudicación pública realizada en la llamada Operación Pallaresa, a la comisión de las múltiples irregularidades administrativas”.

Sobre Prenafeta –secretario de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990- y Alavedra –conseller de Economía desde 1990 hasta 1997-, el fiscal sostiene que desempeñaron “un papel relevante en la actividad delictiva desplegada en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona”. El fiscal recuerda que ambos mantenían “una estrecha relación personal” con el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y que ambos “sabedores de la facilidad con la que se movía Luis Andrés García en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña”, se concertaron con él para influir en los tiempos del desarrollo urbanístico y las adjudicaciones de terrenos. Ello les permitió “recibir ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron las adjudicaciones en estos municipios”.

Tanto Luigi como Prenafeta y Alavedra ocultaron sus ingresos ilícitos, según el fiscal, “sirviéndose -principalmente- de un complejo entramado societario así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore”.

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