Las elecciones se cruzan con el final de ETA

Hace casi dos años, a comienzos de 2013, el Gobierno noruego expulsó de su territorio a la dirección política de ETA, que permanecía a la espera de negociar su desarme con el Ejecutivo de Rajoy. Con aquella expulsión, consecuencia de las presiones del Ejecutivo español, se ponía fin a la protección internacional de ETA, con motivo del proceso de cese definitivo del terrorismo, y quedaba patente que el Ejecutivo de Rajoy rechazaba cualquier interlocución con la banda terrorista para supervisar su desarme.

ETA ha tenido, por tanto, casi dos años para buscar una salida ante la evidencia de que el Gobierno no va a participar en su desarme. Y no lo ha hecho. Hace un año, a través de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) y del Gobierno vasco, amagó con un desarme unilateral que incumplió. Su manifestación más expresiva fue el fiasco de desarme de enero de 2014, que colocó en una situación muy incómoda al Gobierno vasco, que había arriesgado con su respaldo a aquel proceso.

ETA incumplió su compromiso de desarme unilateral al no existir acuerdo en sus filas, imponiéndose la apuesta de posponerlo hasta lograr la interlocución con el Gobierno central, con el argumento de que un desarme unilateral no sería validado sin un reconocimiento del Ejecutivo central. A esto añadía las dificultades de sus militantes para moverse en territorio español y francés para comprobar los almacenamientos de armas, sobre todo, tras la decisión de la justicia española y francesa de llamar a declarar a los representantes de la Comisión Internacional del Verificación tras el fracaso de desarme de enero de 2014.

La decisión definitiva de ETA de posponerlo ha venido de la mano de la expectativa de que tras las elecciones de 2015 cambiará la composición política del Gobierno de España lo que podría propiciar su buscada interlocución con el Ejecutivo central para materializarlo.

Sin embargo, ETA, para no crear problemas a la izquierda abertzale, ante la proximidad electoral, pretende ofrecer la imagen de avance hacia el desarme. Lo que explica el informe publicado el pasado domingo, a través del CIV, en el que la banda asegura que mantiene “el sellado de armas”. La maniobra resulta aún más patente si se tiene en cuenta que el CIV no dispone siquiera de un inventario de los depósitos de armas de ETA.

Por su lado, el Gobierno del PP, seguro de que el cese de ETA es definitivo por la debilidad de la propia banda y por el muro que la izquierda abertzale impone a cualquier atisbo de violencia para no arriesgar su legalidad recuperada, trata de ofrecer una imagen de “firmeza” frente a un terrorismo acabado. Su rechazo a comprometer su participación en el desarme de ETA, compartido por un amplio sector de la opinión pública, hastiado con todo lo relacionado con ETA, lo utiliza en clave electoral frente a la pasada predisposición del PSOE a negociar con los terroristas —el propio PP también tuvo su pasado negociador con el expresidente José María Aznar— y los actuales intentos del Gobierno vasco, del PNV, de participar en el desarme de ETA. El Ejecutivo del PP quiere visualizar, de modo más patente, una derrota de ETA cuando la banda ya está policialmente derrotada sin haber logrado ninguno de los objetivos políticos.

¿Por qué entonces el PNV ha apostado por un plan propio de desarme a sabiendas de que ETA lo va a rechazar y que va a provocar malestar en el Gobierno de Rajoy? El Ejecutivo vasco, con el apoyo del CIV, quiere poner en evidencia ante la opinión pública vasca la falta de voluntad de ETA de desarmarse ante la proximidad electoral e impedir la utilización victimista de la izquierda abertzale. Una mayoría de vascos, según las encuestas, está por asegurar el cierre del capítulo de ETA con un diálogo sobre desarme y el Gobierno vasco se apresta a ello tras el rechazo del Gobierno central.

El PNV, como partido gobernante del País Vasco, está convencido de que una ETA sin desarmar, aunque haya cesado el terrorismo, impide pasar página. El recuerdo de que la banda sigue ahí impide el acuerdo entre los partidos vascos para abordar unitariamente el final del terrorismo y bloquea la política penitenciaria del Gobierno central. El ministro del Interior ya ha dicho reiteradamente que mientras ETA no se disuelva no moverá un ápice la política penitenciaria ni siquiera para presos arrepentidos.