La juez impone a la Fundación Afal una fianza civil de 18 millones

Declaran ocho imputados por desvalijar a enfermos de alzhéimer. La entidad desvió dos millones de un tutelado desde Suiza para la residencia Villafal

Residencia para personas con alzhéimer Villafal en Paracuellos del Jarama (Madrid).
Residencia para personas con alzhéimer Villafal en Paracuellos del Jarama (Madrid).L. SEVILLANO

La juez del caso Afal, María Luz García, ha impuesto una fianza civil de 18 millones y ha embargado los bienes de la Fundación Afal Futuro, cuya cúpula está imputada por supuestamente desvalijar a enfermos de alzhéimer a los que debía amparar. La medida dictada busca que los ocho imputados por estafa, apropiación indebida y falsedad documental, entre otros delitos, puedan responder a las obligaciones pecuniarias que se les imponga al finalizar esta causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid. La investigación, en estado muy incipiente, revela ya indicios de transferencias por al menos cuatro millones desde las cuentas de los enfermos hasta empresas vinculadas a los directivos de Afal.

Los acusados, entre ellos una notaria, declararon ante la magistrada la semana pasada. En sus testimonios han aflorado detalles de una presunta estafa masiva para apoderarse del inmenso patrimonio de personas incapacitadas a las que Afal Futuro tutelaba. “Se han llevado a cabo siete testamentos falsos y un sistema de venta de pisos. [...] Se vendieron sus inmuebles, se contrataron productos financieros”, relató a la juez el testigo de iniciales J. M. S. Esta apropiación indebida se diseñó mediante una ingeniería financiera trazada junto a inmobiliarias y consultorías externas para la compra de preferentes. “Primero se les sacaba de la casa y se vendía lo que había en la casa en anticuarios. [...] Después no se pagaba la residencia para pagar deuda, [...] se contrataban seguros”, añadió este extrabajador de la fundación.

La pasada primavera surgieron las primeras denuncias y a finales de julio la Fiscalía de Madrid denunció a nueve personas entre las que figuraba la expresidenta Blanca Clavijo. Esta falleció en un accidente de tráfico, aunque la juez la mantiene imputada por si “no hubiera fallecido”, ya que está pendiente de la certificación de su muerte.

A pesar de las irregularidades destapadas, Afal Futuro ha recibido tras el verano otra herencia de una tutelada y la juez menciona en su auto un posible delito de alzamiento de bienes por el intento por parte de la actual dirección de Afal Futuro de vender la residencia de lujo Villafal, cuyo coste ha rondado los 12 millones.

Este supuesto expolio se ha llevado a cabo durante los últimos años y ahora la instructora sostiene que “las diligencias de investigación van confirmando las sospechas” a través de las declaraciones y la información procedente “de bancos, compañías de seguros y juzgados de incapacitaciones”. Entre estos indicios, la juez destaca el pago de dos millones a través de cuatro transferencias de las cuentas del tutelado Juan Luis de la Cruz Cort para el pago de la residencia de lujo Villafal, inaugurada en primavera a las afueras de Madrid. Es decir, la entidad utilizó presuntamente los fondos de un enfermo, que deberían heredar sus familiares, para pagar las obras de Villafal a la constructora FCC.

El exdirector de Afal Futuro, Jaime Conde, explicó a la juez que la fortuna de seis millones que Cort mantenía en Suiza “para sus nietos”, fue transferida a España con la última amnistía fiscal, y que “de aquel dinero solo quedan unos 700.000 euros”. Conde admitió el desvío de fondos, aunque responsabilizó de la mayoría de gestiones a su anterior superiora Clavijo. “No puedo comprender el motivo de las transferencias de 500.000 euros, cuatro de la cuenta de un tutelado a la constructora”. Un portavoz de FCC negó estas acusaciones y aseguró que “los únicos pagos recibidos figuran a nombre de la Fundación Afal”.

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Conde alega que cuando hace meses tuvo constancia de las irregularidades, dimitió de sus cargos en la entidad y la Asociación Afal Contigo —hermana de la fundación—. A continuación, denunció los hechos ante la fiscal coordinadora de incapacidades, Nuria López, el 7 de abril, dos meses antes de que se publicaran en prensa. López y Clavijo eran amigas y la fiscal asesoró a la directiva sobre las tutelas que pasaban por su despacho, según la correspondencia privada que mantenían ambas.

Las comparecencias de los ocho acusados y el testigo dibujan un panorama con muchos ceros y que atañe a multitud de empresas, desde la inmobiliaria Asset, dirigidas por empresarias amigas de Clavijo, hasta Quorum Auditores, que visaba las cuentas de Afal Contigo y Gimpreso, que realizaba la contabilidad para Clavijo y su esposo Rafael Núñez, exsocio de la consultora KPMG (que facturó a los tutelados por conceptos como asesoría fiscal). Para el desvío de fondos era imprescindible la supuesta connivencia de entidades como Bankia (que financió Villafal con un crédito de seis millones), Bankinter y Caja Navarra. Por tanto, es previsible que el número de imputados se multiplique, dado el rastro que dejan las operaciones financieras, en este caso realizadas a espaldas de los tutelados. La investigación se adivina procelosa, y la magistrada advierte en su auto de “la altísima probabilidad de que existan hechos aún no descubiertos”.

Un imputado confiesa que falseó un testamento

El imputado José Antonio Fernández Díaz declaró a la juez la semana pasada que actuó como testigo en el testamento de una tutelada que legó sus bienes a Afal Futuro, pero sin leer el documento que firmó. Esta confesión ratifica la falsificación del testamento de María Jesús Moreno, que donó tres millones de euros a la Fundación Reina Sofía tras la manipulación por parte de la cúpula de Afal. "Un documento que llevaba Blanca [Clavijo] y que no leí. [...] En ningún momento tuve consciencia de que estaba faltando a la verdad, después de saber lo que ha pasado ya pienso de otra manera", se excusó.

La expresidenta ordenó pagar al falso testigo transferencias mensuales por su trabajo para Afal Futuro, según atestigua un correo electrónico de Clavijo del 9 de diciembre de 2011. Fernández confirmó a la juez que intervino en dos testamentos falsos, el de Moreno y el de la tutelada Pilar Arias. Sin embargo, el testigo de iniciales J. M. S. aseguró que Afal consumó al menos siete testamentos falsos.

Un análisis caligráfico encargado por EL PAÍS confirmó que el testamento hológrafo de Moreno presentado en el juzgado no fue escrito por la anciana, que murió en 2012. Mientras, la fiscalía pidió este verano la nulidad del testamento al no ser citada para confirmar la autenticidad del documento, según establece la ley.

Fernández es el único de los tres testigos que dieron fe del falso documento para validar la herencia que ha sido imputado. Cuando acudió al juzgado para ratificar su firma, Fernández explica que estuvo acompañado de “una persona de la Fundación Reina Sofía y una persona del juzgado”, que le preguntó si había presenciado “cómo la incapaz firmaba aquel documento” y que no recordaba su respuesta.

En ambos testamentos intervino la notaria Blanca Entrena, señalada por la fiscalía por autorizar “a sabiendas” el testamento a Arias, incapacitada por el Juzgado de Primera Instancia 94 de Madrid. La fedataria, amiga de Clavijo, alegó en su declaración que actuó de manera correcta para asegurarse de que la anciana era capaz de testar. Entrena presidió hasta el pasado verano la ONG Mozambique Sur, a la que un testigo hizo receptor de desvíos de fondos. “Se hacían donaciones en metálico de socios ya fallecidos utilizando sus DNI”, relató a la juez. Un portavoz de Mozambique Sur afirmó que no tenía constancia de dichas donaciones a través de sus auditorías anuales.

Para estos testamentos, la expresidenta de Afal Futuro recurrió a otra amiga, la médica Carmen Antúnez, que realizó informes en los que reconocía el deterioro cognitivo “moderadamente avanzado” de las enfermas, pero añadía que eran “capaces de testar”. En un correo electrónico dirigido a Clavijo, Antúnez se refirió así a la fortuna de la tutelada Yolanda García-Cereceda, hija del multimillonario Luis García-Cereceda, antiguo impulsor de la urbanización La Finca: “¿Nos ha tocado la lotería?”

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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