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Los ocho de Airbus: “Por la libertad sindical y el derecho a la huelga”

Después de cuatro años de proceso, la Fiscalía y los acusados no han llegado a un acuerdo de si van o no a juicio

El secretario general de CC OO de Madrid Jaime Cedrún.
El secretario general de CC OO de Madrid Jaime Cedrún.

"No ha habido acuerdo. No existen esos delitos. Exigimos que haya una reforma del artículo 315.3 del código penal", sentencia el secretario general de CCOO (Madrid), Jaime Cedrún, que hoy en día aboga por los ocho sindicalistas de la empresa Airbus en Madrid que se enfrentan a 64 años de cárcel —ocho años y tres meses para cada uno, por petición de la Fiscalía— por los sucesos ocurridos en la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la Reforma laboral de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El colectivo, tras dos años de proceso judicial, pide al Gobierno que reforme la parte del Código Penal, que marca como castigo penas de hasta tres años de prisión para quien actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coacciona a otras personas a iniciar una huelga. Uno de los motivos por los cuales el fiscal ha imputado a los siete sindicalistas de CCOO y uno de UGT.

Después de cuatro años de proceso, ambas partes, Fiscalía y acusados, aún no han llegado a un acuerdo en concreto. En todo este tiempo han pasado varias cosas. En abril de 2012, dos años después de la identificación de los imputados, se celebró una rueda de reconocimiento de estos. Tuvieron que pasar otros dos años hasta que, en febrero pasado los sindicalistas recibieron el escrito de acusación donde el fiscal solicita las penas de los 8 años y tres meses de prisión por cabeza para Tomás García Rojas, Enrique Gil, José Alcázar, entre otros. 

La próxima vista de conciliación será el 11 de febrero, donde se decidirá si van o no a juicio. "Estamos pendientes de que la fiscalía pueda estudiar, si hace, alguna propuesta para encontrar alguna conformidad con los acusados. No ha habido un acuerdo más allá de la suspensión de la vista", explica el letrado de uno de los imputados, Rufino Alarcón, que como otros de los abogados de la defensa, amigos y familiares, esperan de pie en el vestíbulo contiguo a las salas de vistas de la segunda planta en Getafe.

Alarcón acentúa que "la defensa no admite" ninguno de los delitos por cuales se les acusa a los sindicalistas: atentado contra los policías, otro de lesiones contra los policías y otro más contra el derecho de los trabajadores, por impedir laborar a aquellos que sí quisieron hacerlo en la mañana de la manifestación celebrada a la entrada de la puerta principal de la empresa Airbus. Este repite una y otra vez, que "el 29 de septiembre de 2010 los ocho trabajadores estaban ejercitando su derecho a la huelga". Y denuncia que para "la imputación", el juez ha hecho "una selección de los detenidos para descabezar el movimiento sindical y desactivar el derecho de huelga".

El juez a varios de los imputados los identificó después de que estos pasaran por la enfermería de la empresa. Uno de estos fue el sindicalista Rodrigo Malo, de 55 años, que fue asistido por una lesión en su muñeca izquierda."Yo realmente la imputación que tengo por haber tenido agresiones. Ese día hubo una carga policial, y por tal motivo, algunos trabajadores que estábamos en la puerta sufrimos lesiones. Pasamos por el botiquín de la empresa para que nos atendieran, y luego, el juez pidió que le facilitaran los nombres de nosotros, porque de esa forma nos situaba en el momento de los hechos", cuenta Malo, que posee la voz más fuerte de los demás colegas sindicalistas, también imputados, que charlan en un semicírculo en la mitad del vestíbulo. Muchos de ellos, visten una camiseta de la cual se lee: Huelga no es un delito. Los ocho de Airbus. Por la libertad sindical y el derecho a la huelga.  

"Nosotros creemos que es un paso muy importante modificar el código penal, y lo segundo, es que lógicamente creemos que se está planteando un delito por coacciones que tampoco tienen cabida, porque cuando ejerces con un piquete de huelga no estás ejerciendo coaciones. La instrucción de este sumario ha sido un poco deficiente, o sea, que hay algunas acusaciones que se sustentan sobre hechos que creemos que no son ciertos", sentencia el secretario general de CCOO (Madrid), Jaime Cedrún.