La Infanta reclama en su alegación que se le aplique la ‘doctrina Botín’

La infanta Cristina ha solicitado que se le aplique la doctrina Botín, lo que le eximiría de sentarse en el banquillo de los acusados para responder por los delitos fiscales de los que le acusa el juez José Castro y la Audiencia de Palma. El abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, ha anunciado este miércoles que su despacho ya ha presentado la petición de sobreseimiento.

Los abogados de la hermana del Rey han presentado un escrito de 11 folios en el que califica su situación procesal de "insólita". En las alegaciones presentadas ante el juez Castro antes de que este dicte el auto de apertura de juicio oral, que definirá quienes se sientan en el banquillo de los acusados, la infanta Cristina reclama que se considere que, por una cuestión de igualdad, debe aplicársele la misma doctrina que liberó a Emilio Botín de sentarse en el banquillo.

Roca ha hecho el anuncio tras participar en un foro de debate organizado por la Abogacía General del Estado en el que ha denunciado que "la presunción de inocencia no existe en España", si bien ha precisado que no se estaba refiriendo de forma concreta al caso Nóos. Para el abogado, la trascendencia que se da al término imputado en nuestro país no es la que pretendía darle el legislador --un plus de garantía ante la Justicia--, sino que se convierte en una "precondena", algo que hay que corregir.

Esta doctrina dicta que cuando no hay una acusación directa del perjudicado (en este caso sería la Agencia Tributaria), el procedimiento no puede seguir con la única acusación de una acción popular que representa al pseudosindicato Manos Limpias.

Las alegaciones esgrimen que el juez debería aplicar el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que va en la misma dirección de señalar que si no hay acusación del fiscal y de una acusación particular, se debe archivar la causa.

La citada doctrina ya fue invocada este martes por el fiscal Pedro Horrach en su escrito de acusación. El responsable anticorrupción subrayaba que si la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, que son titulares del bien jurídico supuestamente lesionado, no ejercen la acción penal contra la Infanta porque consideran que no se le pueden imputar delitos, este papel no puede usurparlo un tercero no perjudicado, en clara referencia al sindicato Manos Limpias, que sí quiere sentar en el banquillo a Cristina de Borbón.