El fiscal pide que Urdangarin pague una multa de 3,5 millones

Horrach exculpa a la Infanta, pero le pide casi 600.000 euros y que sea testigo en el juicio

Desviaba y se apoderaba de los fondos públicos que recibía sin contraprestación alguna desde el Instituto Nóos. Así retrata el fiscal Pedro Horrach a Iñaki Urdangarin, esposo de la Infanta Cristina, al que reclama una pena de hasta 19 años y medio de cárcel y una multa de 3,5 millones, por su supuesta responsabilidad, en ocho delitos, en la trama del caso Nóos, de supuesta malversación de caudales públicos de Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid. Jaume Matas, el ex presidente balear y exlíder del PP, reo y reincidente, recibe una petición de once años por el fiscal que acaba de presentar su escrito de calificación ante el juez José Castro.

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El fiscal ha elaborado un alegato acusador que es una radiografía minuciosa del escándalo de casi 600 folios y aporta dos anexos de análisis para que se archive la causa contra la Infanta por inexistencia de indicios de delito y que no se abra juicio contra ella. Sí reclama para que declare como testigo (solicita la presencia de más de 300 testigos) y, además, el pago de una indemnización de 600.000 euros, por lucrarse del dinero ilegal logrado su esposo, Iñaki Urdangarin, aun sin conocer la trama delictiva, apunta el fiscal. La Abogacía del Estado no acusa a la hermana del Rey a la que los ultras de Manos Limpias piden 8 años de cárcel, por dos supuestos delitos fiscales.

La causa del también llamado caso Urdangarin se abrió en 2010 cuando el juez Castro y el fiscal Horrach entraron a investigar la supuesta malversación de más de seis millones de fondos públicos al Instituto Nóos, de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, mientras escrutaban el supuesto enriquecimiento y desvíos millonarios en obras del ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP) en el caso Palma Arena.

Los dos socios en Nóos, Torres y Urdangarin, se concertaron a finales del año 2002 para dedicarse conjuntamente a la consultoría y la organización de eventos. Torres, que se enfrenta a una petición de 16,5 años de cárcel, es el autor intelectual y Urdangarin el gancho ideal para las relaciones comerciales de prestigio, que abría puertas y alzaba la cotización de los honorarios millonarios. La labor de intermediación de Iñaki Urdangarin no era altruista, exigía contraprestaciones en sus gestiones directas con los presidentes autonómicos. Una cita de negocios la hizo en la Zarzuela y otra en Marivent.

Los cabecillas de Nóos tejieron una trama organizada para el supuesto fraude, una red de sociedades con la que canalizaron las partidas cobradas por los eventos que Nóos celebró: dos Illes Balears Forum (2,3 millones), del Gobierno de Baleares, tres ediciones de los Valencia Summit y los Juegos Europeos (más de 3 millones) de la Comunidad Valenciana y un contrato anual de 120.000 euros para la candidatura Madrid 2016.

Nóos presentaba humo para generar confianza, según el fiscal, con apariencia de ONG, simulando ser altruista, con retórica hueca y fines del interés social y general que brillan por su ausencia, podía acceder a fondos públicos sin someterse a concurso. Nóos se vació patrimonialmente con un desenvolvimiento extravagante y sorprendente languidez de su vida interna: no celebró ninguna asamblea de asociados.

Para el acusador público Nóos pretendía obtener fondos públicos sin contraprestación alguna y las Administraciones abonaron facturan sin control alguno, mediante contrataciones que considera ilegales.

Diego Torres e Iñaki Urdangarin, los jefes o líderes, asumían la dirección y gestión efectiva de su negocio de Nóos. Así organizaron un entramado societario a través de las que desviaban y se apoderaban de los fondos públicos que recibían.

Los precios facturados eran totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la Administración, se simulaba la contratación de servicios ficticios a las entidades de la trama. Se emitían internamente facturas por servicios irreales , de manera que los fondos públicos acabasen en manos de compañía mercantiles controladas por Torres y Urdangarin.

La infanta Cristina estuvo en 2003 en la primera junta de Nóos, pero para el fiscal, ello tenía por finalidad dotar de apariencia exterior de solvencia, dada su posición social e institucional. Ni ella ni el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, intervinieron en la gestión de Nóos ni desarrollaron labor alguna para el mismo. En la compañía Aizoon, la sociedad familiar de los Duques de Palma, según Horrach, Cristina de Borbón, serviría para dar impunidad operativa ante cualquier eventual incidencia ilícita que realizase bajo la cobertura de la mercantil.

Horrach asegura que la infanta accedió a participar en la Aizoon, dada la garantía y confianza que le ofrecían su cónyuge y el asesor fiscal, sin ser consciente del objetivo último de su presencia

14 de los 20 imputados reciben una acusación fiscal

A. M.

El fiscal Pedro Horrach ha formulado acusación contra 14 de los 20 imputados  en el caso Urdangarin. En la lista máxima inicial, además de Urdangarin y su esposa; figuran Diego Torres y su cónyuge Ana Maria Tejeiro; los hermanos de ésta Marco Antonio (arrepentido y contable del instituto) y Miguel (secretario, que pide su exculpación) y el asesor fiscal Salvador Trinxet.

Del Gobierno de Baleares están el expresidente Jaume Matas y cuatro altos cargos de su Gobierno José Luis Pepote Ballester, ex director general de Deportes (que es un arrepentido); Gonzalo Bernal, exdirector de la Fundación Illesport de Baleares; Juan Carlos Alía exdirector del Instituto Balear de Turismo; y Miguel Angel Bonet exsecretario del Ibatur y asesor jurídico. Los cargos de Matas reunen peticiones de penas que van de los dos a los ocho años de cárcel.

De la llamada rama valenciana, con penas de entre seis y cuatro años figuran Alfonso Grau vicealcalde de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau; Luis Lobón, exsecretario de Turismo de la comunidad Valenciana; José Manuel Aguilar exdirector de la Ciudad de las Artes de Valencia Jorge Vela; exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas y Elisa Maldonado asesora jurídica de la Ciudad de las Artes

De la candidatura olímpica Madrid 2016, con peticiones de condenas de hasta cuatro años y medio están Mercedes Coghen consejera delegada de la candidatura Madrid 2016; Miguel Ángel de la Villa ex director general de la Fundación Madrid 2016; Gerardo Corral, ex director financiero de Madrid 2016.

El fiscal no acusa, finalmente, a los agregados por la Audiencia en su auto final. Además de la Infanta exonera al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, al contable Miguel Tejeiro, al abogado de paraísos fiscales Salvador Trinxet, y a los gestores de Madrid 2016, Gerardo Corral y Miguel de la Villa.

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