En busca del tesoro prohibido

La playa está llena de uniformes. Los menos son oficiales, verdes, de la Guardia Civil. Los otros colorean la arena blanca: sudaderas con capucha y pantalones de chándal. Buscan droga en la playa de Sancti Petri (Chiclana, Cádiz), donde sólo tres días antes ha volcado una lancha cargada de hachís. Juan aguarda junto a un amigo su oportunidad. Lleva varios días sin dormir y este amanecer lo contempla tras cruzar a pie los casi 20 kilómetros que separan Conil, donde vive, de Chiclana. “Que nos dejen tranquilos, que nos dejen llevarnos lo que encontremos porque se va a pudrir”, dice. Su amigo asiente, mientras espera con la paciencia de un pescador. “No estamos delinquiendo, estamos faenando”.

La investigación abierta por la Guardia Civil sostiene que tres lanchas neumáticas salieron de Marruecos el viernes 29 de noviembre rumbo a la costa gaditana con 2.400 kilos de hachís a bordo. Fueron avistadas y cambiaron el rumbo. Una fue capturada con gran parte de la droga en San Fernando. Las otras dos llegaron a Sancti Petri, donde el temporal era tan fuerte que una de ellas volcó y esparció decenas de fardos de hachís. Tres hombres fueron detenidos; otros dos tripulantes, de origen marroquí pero aún no identificados, murieron ahogados. La magnitud de la tragedia ha quedado eclipsada por lo que sucedió después: nada más conocerse que varios cientos de kilos de hachís permanecían flotando en Chiclana la playa se llenó de gente.

“Estamos acostumbrados desde hace muchos años a los busquimanos (rastreadores de droga) pero no de esta manera tan abundante”, explica el portavoz de la comandancia gaditana, Manuel González. En los años ochenta y noventa, los jóvenes de Barbate lucían motos de gran cilindrada, cadenas de oro o ropa cara tras conseguir grandes cantidades de dinero encontrando restos de fardos perdidos en la playa, de forma voluntaria o por encargo. Más recientemente fue noticia cómo un grupo de vecinos de Sanlúcar apedreó un helicóptero de Vigilancia Aduanera para intentar adueñarse de un alijo. Pero la Guardia Civil separa lo ocurrido en Chiclana estos días. “Como esta manera de echarse a la playa, nunca”.

Cuando todavía rastreaban la posibilidad de un tercer narcotraficante ahogado, los agentes comprobaron cómo cientos de personas empezaron a bajar a la arena. Unos disimulaban: llevaban cañas de pescar o ropa deportiva para correr. Otros, ni eso.

Con los primeros cacheos, empezó el recuento de detenidos. Unos pocos se quedaron con fardos de 30 kilos cada uno, vendibles en un primer momento a 30.000 euros. La mayoría se apañaron con pastillas de poco más de 100 gramos. “Los moros han montado el cargamento muy mal. Se ha roto todo. Si estuviesen bien hechos, todos los fardos estarían flotando. El hachís mojado no vale nada, sólo para fumarlo”, se quejaba Juan. Los primeros arrestos no amedrentan a nadie. Al contrario, cada vez que los agentes abandonan la playa para llevar a un detenido a la furgoneta la actividad en el agua y la arena es frenética.

Juan y su amigo no tienen problemas en dar la cara, en dejarse grabar y contar su historia porque no creen que estén haciendo nada malo. “No tenemos para comer y estamos enganchados al chocolate, compadre. Estamos mariscando. Lo que sale del mar es de quien lo encuentra”.

Pero la ley no dice eso. “Los arrestados se enfrentan a penas que pueden superar los cuatro años de cárcel porque es un delito contra la salud pública y se puede agravar si cuentan con antecedentes”, trata de aleccionar el portavoz de la Guardia Civil en pleno aluvión de detenciones. Hasta 70. La mayoría son jóvenes de entre 20 y 30 años, aunque también han caído cinco menores y dos mujeres. Casi todos vecinos del entorno de Chiclana, aunque también han llegado de Sevilla. El aluvión dejó sin grilletes de un solo uso a los agentes y la cárcel de Puerto II tuvo que habilitar un módulo especial para acogerles. En sólo dos días, tras declarar en el juzgado, estaban todos en la calle en libertad con cargos a la espera de juicio.

Las coordinadoras antidroga no creen que estos arrestos sirvan. Antonio Peña, presidente del colectivo Nueva Luz de Chiclana, ha pedido el indulto para todos. “Son personas que han venido a ciegas, muy desesperadas. Lo que hay es que favorecer medidas sociales y laborales para que tengan otras oportunidades”. La provincia de Cádiz se ha acostumbrado a bajar la cabeza cuando en el resto de Andalucía y España los políticos celebran el descenso del paro. Es la única que supera en la Encuesta de Población Activa el 40% de paro.

El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, no compra el argumento: “Esto no se hace para comer. Hay muchas entidades sociales que les pueden ayudar”. Pero los que aguardan en la arena defienden su derecho a buscarse la vida a su manera. Lo explica un hombre de 33 años: “Me han dicho que por una plaqueta de hachís dan 100 euros. El dinero que consiga me sirve para que no me quiten la casa”, asegura. Asume el riesgo de ser detenido.

También el amigo de Juan. “Tenía un bar. Era autónomo y, como todos los autónomos, al cerrar me quedé sin nada. Tengo dos hijos y si puedo pillar aquí 30 kilos, los pillo porque tengo que darles el zumo y el colacao”. Juan lleva ocho años parado. “Yo tengo que comer y, si no como, pues caigo preso”. Confía en poder coger la droga y escapar de los guardias. Se quedó sin su coche hace dos semanas y mientras caminaba 20 kilómetros desde Conil a Chiclana soñaba con conseguir dinero para apañarse uno, aunque fuera de segunda mano. Amanece y sigue esperando. Dice que es su trabajo. Con su uniforme de busquimano: sudadera, capucha y chándal. Como el de los demás.