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El Gobierno critica la excarcelación de etarras: “Esto no se puede hacer”

El PSOE achaca a la negligencia del PP la alarma por la liberación de Santi Potro

Los ministros Catalá y Montoro y la vicepresidenta.

El Gobierno ha criticado duramente a la Audiencia Nacional por su decisión de liberar a terroristas con decenas de asesinatos a sus espaldas como Santi Potros después de conmutarles el tiempo de condena cumplido en Francia, un asunto que está generando una enorme indignación en distintos sectores sociales incluido el PSOE, que reprochó ayer al Ejecutivo que no hubiera trabajado antes para impedir la excarcelación. Ese enfado generalizado puede abrir una nueva brecha en los votantes más fieles del PP, precisamente en un momento en el que Gobierno intenta recuperar impulso, y por eso el Ejecutivo salió rápidamente a frenar la sangría. La vicepresidenta se saltó así la norma de no criticar las decisiones judiciales, que suele cumplir en sus comparecencias.

El Gobierno siempre evita hablar de las decisiones judiciales, sobre todo las que afectan al PP, con el argumento del respeto escrupuloso a la separación de poderes. Pero ayer se saltó esa norma presionado por la indignación de las víctimas del terrorismo, un sector muy sensible para el PP. Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta, criticó con gran dureza, algo inusual en ella, la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a los etarras Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, y Alberto Plazaola.

“Los ciudadanos no lo entienden y nosotros [el Gobierno] tampoco lo entendemos” clamó la vicepresidenta tras la reunión del Consejo de Ministros. La vicepresidenta criticó que la decisión puede variar en función de la sala que la adopte, y apoyó la decisión de la fiscalía de recurrir esta puesta en libertad ante el Tribunal Supremo. “Nosotros respetamos las decisiones judiciales pero en este caso es más difícil porque, depende de la sección, se toma una decisión u otra. La ley es muy clara y el criterio de la sección primera no cabe en esta ley. El Gobierno tiene su criterio: estamos de acuerdo con el recurso de la fiscalía”, aseguró.

La decisión la tomaron los jueces de la sección primera de la Sala de lo Penal en contra del criterio de la fiscalía y de sus compañeros de la sección segunda. La resolución de la sección primera deriva de una normativa europea del año 2008 sobre reconocimiento de sentencias penales entre Estados miembros de la UE. El pasado 13 de noviembre, una ley orgánica incorporó esta norma comunitaria al derecho español, pero limitando notablemente su alcance, hasta el punto de impedir la acumulación en España del tiempo de prisión cumplido por condenas impuestas en otros países de la UE antes del 15 de agosto de 2010. Sin embargo, la Ley Orgánica 7/2014, publicada en el BOE del 13 de noviembre, no entró en vigor hasta 20 días más tarde, es decir, hasta el pasado 3 de diciembre, por lo que los magistrados de la sección primera de la Audiencia no la tuvieron en cuenta a la hora de ordenar el nuevo cómputo del tiempo de cumplimiento de las condenas de los cuatro etarras. Otra sección penal de la Audiencia Nacional, la segunda, optó por la solución opuesta.

“Los ciudadanos no lo entienden y nosotros tampoco”, dijo Santamaría

La vicepresidenta fue más lejos que nunca y no solo comentó la decisión de forma crítica. Aseguró que los jueces no pueden hacer lo que hicieron, una intromisión absolutamente inédita en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros desde que ella llegó a La Moncloa. “Queremos decírselo también a las víctimas. Esto no se puede hacer como lo ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro. La posición del Gobierno está en la ley que salió de las Cortes. Nos llena de desazón que ciudadanos se tengan que enfrentar a criterios judiciales tan dispares y algunos tan incomprensibles”, aseguró.

El Ejecutivo hasta ahora siempre evitaba comentar también las actuaciones de la fiscalía, incluso las que han supuesto una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas.

La indignación con la liberación de Santi Potros que más preocupa al Ejecutivo es la de su electorado, pero no es la única. El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, aseguró que le produce “desasosiego” y aseguró que el Gobierno y los jueces, “ante una alarma social tan tremenda”, debían haber “puesto el parche antes” para evitarlo.

Ante esta presión cruzada desde todos los sectores, el Gobierno trabaja desde el primer minuto para ponerse al frente de la protesta contra la Audiencia y evitar lo que sucedió cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó la llamada doctrina Parot, lo que supuso la excarcelación de decenas de etarras.

Entonces, el Gobierno y el PP vivieron uno de los momentos internos más difíciles de la legislatura, solo al nivel de la excarcelación de otro etarra, Josu Uribetxeberria Bolinaga, en agosto de 2012, que provocó el Comité Ejecutivo Nacional más tenso en muchos años con un grave enfrentamiento entre el ministro del Interior, Jorge Fernández, y el entonces portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor. Esperanza Aguirre salió en defensa de Mayor y Rajoy apoyó a Fernández, en un ambiente interno durísimo.

El Ejecutivo había evitado hasta ahora comentar las decisiones judiciales

Con el fin de la doctrina Parot, las víctimas y un sector de la prensa conservadora se movilizaron y organizaron el 27 de octubre de 2013 una manifestación multitudinaria en la plaza de Colón que nadie en el PP ha olvidado. Todos los dirigentes populares, salvo el propio Mayor y la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre, fueron abucheados e insultados. Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons tuvieron que llegar a sus coches escoltados por la policía mientras les gritaban “cobardes, traidores, asesinos”. Dirigentes del PP vasco con años de escoltas y lucha contra el terrorismo a sus espaldas como Iñaki Oyarzábal o Arantza Quiroga fueron increpados mientras recorrían las calles de Madrid. Ese es el peor escenario para un Gobierno y un partido que pretenden recuperar impulso con un nuevo ministro, Alfonso Alonso, y sobre todo con un giro hacia la política social, después de años de recortes, que esta semana se ha concretado en una reunión con sindicatos y patronal para ultimar una ayuda a los parados de larga duración y ayer con anuncios de ayudas en el IRPF para familias numerosas.

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