La Audiencia pide renovar la comisión del juzgado 5

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha adoptado un acuerdo el pasado miércoles, día 26 de noviembre, por el que informa favorablemente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación de tres comisiones de servicios: en el juzgado de vigilancia penitenciaria, en la sala de lo Social y en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Este último es el juzgado donde ejerce su comisión de servicios el juez Pablo Ruz.

Fuentes fidedignas señalaron a este periódico que dicho acuerdo verbal iba incluido en el borrador del acta de la reunión que pasa a cada uno de los miembros para sus observaciones en los días siguientes. En ocasiones, los miembros de la Sala de Gobierno pueden corregir dicho acta; y todo lo acordado no pasa al acta.

La Audiencia Nacional ha informado que el acuerdo de solicitar las tres renovaciones de las comisiones de servicio, que hemos apuntado, no figura en el acta de la reunión del 26 de noviembre, y que dicho asunto no estaba contemplado en el orden del día. Se ha aprobado la prórroga de una comisión de servicio en el juzgado de vigilancia penitenciaria.

¿Puede ser que el hecho de que la comisión permanente ha decidido posponer el tema de los concursos del martes 2 a la siguiente reunión haya llevado a corregir la decisión de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional?

El órgano de gobierno interno, con competencias gubernativas, que preside el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda (foto que abre esta entrada) apoya, según fuentes jurídicas consultadas, la renovación de la comisión de servicios a su vencimiento, el próximo 24 de diciembre.

Esta comisión de servicios del juez Ruz se inició en junio de 2013 y su duración máxima no puede exceder de los dos años. Por tanto, estamos hablando del 24 de junio de 2015.

Pero las comisiones de servicios reguladas por la ley Orgánica del Poder Judicial se renuevan cada seis meses.

En la última renovación por seis meses, el 24 de junio de 2014, la comisión permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, renovó el mandato del juez Ruz "dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado central de Instrucción número 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado".

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional está integrada por los siguientes miembros natos: Fernando Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal; Eduardo Menéndez Rexach, presidente de la Sala de lo Contencioso y Ricardo Bodas Martín, presidente de la sala de lo Social. Además, como miembros electos, están Ana Martín Valero, Felisa Atienza y Fernando Mateo, todos de la Sala de lo Contencioso.

 Fernando Grande-Marlaska

 Ricardo Bodas y Eduardo Menéndez Rexach

El tema fue debatido por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, según fuentes consultadas, ante la previsible aprobación de la convocatoria de concurso para cubrir plazas de jueces, tema que tiene pendiente la comisión permanente del CGPJ.

Se había barajado que la comisión permanente, que se reúne mañana martes, día, 2 de diciembre, podría estimar en su punto del orden del día dicha convocatoria. 

Pero no ha sido así.

Fuentes consultadas señalan que será, en todo caso, la comisión permanente del próximo martes día 9 de diciembre la que resolverá sobre el citado concurso de esas plazas (en principio se habla de un total de 282).

La comisión de servicios en curso del juez Ruz, según se ha apuntado, vencería en su plazo máximo el 24 de junio de 2015.

 Las razones apuntadas para su renovación el pasado mes de junio siguen vigentes.

 El juez Ruz acaba de dictar, el pasado miércoles 26, el auto de conclusión de una de las piezas separadas de la investigación del caso Gürtel (la pieza 1999-2005). Y quedan en esta causa pendientes la pieza principal (Aena, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Alcalá de Henares y otros) y la contabilidad B del Partido Popular o los llamados Papeles de Bárcenas.

 He aquí lo que establece el artículo 350.2 de la ley Orgánica del Poder Judicial:

  1. El Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro:

• a) para prestar servicios en otro juzgado o tribunal, con o sin relevación de funciones;
• b) para prestar servicios en el Ministerio de Justicia, con o sin relevación de funciones;
• c) para participar en misiones de cooperación jurídica internacional, cuando no proceda la declaración de servicios especiales.

2. Las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado, así como el informe de su superior jerárquico y el del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Sólo podrán conferirse, en resolución motivada, si el prevalente interés del servicio y las necesidades de la Administración de Justicia lo permiten.

Hasta el momento, el juez Ruz, según fuentes consultadas, no quería pronunciarse sobre la renovación de su mandato de seis meses, la última pendiente, el 24 de diciembre de 2014.

Esas fuentes señalan que el juez Ruz no quería ser objeto de la lucha entre los sectores conservadores y progresistas de la comisión permanente del CGPJ.

La decisión de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional apoya la renovación de la comisión de servicios.

Ello, según las fuentes, no presupone que el juez Ruz haya solicitado esa renovación o, como señala el artículo 350.2 de la ley Orgánica del Poder Judicial, haya prestado ya su conformidad a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

Esas fuentes señalan que si la Sala de Gobierno ha pedido la renovación de la comisión de servicios es que el juez Ruz ha dado, aunque sea informalmente, su conformidad.

Este cronista no ha podido confirmar que, en efecto, el juez Ruz haya elevado su petición para seguir al frente del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero el magistrado todavía está holgadamente dentro de los plazos para solicitarlo. 

En el juzgado central de instrucción número 5 se había interpretado, hace ahora mes y medio, que la comisión permanente del CGPJ se orientaba a incluir la comisión de servicios del juzgado central de instrucción número 5 entre las plazas para sacar a concurso.

La base para esta idea la propocionó un comunicado en la intranet del CGPJ, de fecha 15 de octubre. He aquí lo que decía: 

Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".

  El artículo citado de la ley Orgánica establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".

Los llamados "mecanismos ordinarios de sustitución" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.

Pero, atención, también se prevé ahora, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).

En la comisión permanente del CGPJ el tema de Ruz no se ha vuelto a considerar desde el acuerdo por el cual se consideraba su comportamiento como "excelente" en el juzgado central de instrucción número 5, el pasado mes de junio.

Pero el clima político ha conocido en las últimas fechas cierta exasperación. 

Las versiones han corrido.

Una de ellas pone en duda que el juez Ruz vuelva a solicitar la comisión de servicios por los últimos seis meses.

 O, mejor dicho, que si tiene alguna indicación de que no hay disposición en la comisión permanente del CGPJ a renovársela, se abstendría de formular la solicitud.

Esa versión indica que por razones personales y familiares, el juez Ruz consideraría terminada su actividad al frente del juzgado central de instrucción número 5.

En apoyo de esta versión de los hechos se cita como argumento de que en su auto de conclusión de la pieza separada 1999-2005, el juez hace referencia a la otra pieza pendiente, la contabilidad B del PP, los llamados Papeles de Bárcenas. 

  Allí, entre otras cosas, el juez escribe: "La contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos". 

 En realidad, no hacía falta que Ruz hiciera referencia a lo que es objeto de otra pieza separada pendiente de concluir.

 Las fuentes consultadas sugieren que el juez ha querido dejar su interpretación sobre la pieza de la contabilidad B del PP para el caso de que no sea él quien finalmente concluya la instrucción. 

 En resumen: si el juez Ruz advierte que la renovación de su comisión de servicio por otros seis meses más provoca división y polémica no la solicitaría. Le permitiría evitar una especie de veto.

Si se sigue esta linea de razonamiento, bastaría con que se le hiciera llegar algún mensaje desde el CGPJ al respecto para que el juez obrase en consecuencia. Ruz ha decidido no presentar combate.

La dimisión de Mercè Pigem, hasta ahora miembro de la comisión permanente, dejaría la votación en situación más comoda para el sector conservador.

¿Por qué?

  Los miembros de la comisión son seis.

 El presidente, Carlos Lesmes, tiene voto de calidad.

En caso de empate 3 (conservadores) y 3 (progresistas y CiU), Lesmes tendría que ejercer el voto de calidad para sacar adelante el rechazo a la renovación.

Pero desaparecida Pigem de la escena, Lesmes votaría con los otros dos votos conservadores, el de Gerardo Martínez Tristán y el de uan Manuel Fernández, contra los dos a favor de la renovación, el de Álvaro Cuesta y María del Mar Cabrejas. No habría lugar al voto de calidad.

 Pero fuentes jurídicas aseguran que no se llegará a esa votación.

 Si bien las tensiones se concentran en las investigaciones del caso Gürtel, que afectan al partido en el Gobierno, al PP, no es menos cierto que el juez Ruz también tiene pendiente concluir otras causas relevantes como el caso de Jordi Pujol Ferrusola o Barça-Neymar-Rosell.