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La ampliación del permiso de paternidad se aplaza por cuarto año

El PP alega causas económicas, pero CiU calcula que solo costaría 40 millones más al año

La ampliación del permiso de paternidad de las dos semanas actuales a cuatro, una medida que debía haber entrado en vigor en 2011 tras ser aprobada en 2009 por el Congreso, se retrasa por cuarto año consecutivo. El PP votó ayer en contra de una moción de CiU que instaba al Gobierno a implementarla en 2015, con el argumento de que la crisis económica obliga a ocuparse de otras prioridades. Durante el debate de la iniciativa, que fue apoyada por toda la oposición, la portavoz de Igualdad del Grupo Popular reconoció que se trata de un tema "pendiente" que se ha pospuesto en varias ocasiones, pero que es imposible poner en marcha puesto que "existen otros problemas más urgentes” como las altas tasas de desempleo.

Pero la diputada de CiU Lourdes Ciuró cuestionó el argumento económico poniendo cifras sobre la mesa. Según un informe enviado por el propio Gobierno a CiU, cada semana de permiso paterno tiene un coste anual de 110 millones. Eso significa que la ampliación de dos a cuatro semanas supondría un sobrecoste de 220 millones respecto al gasto actual. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo no llegó a gastar 180 de los 2.000 millones presupuestados para bajas de maternidad y paternidad en 2013 por un descenso en la natalidad, Ciuró propuso reorientar esos sobrantes para cubrir la ampliación en 2015. De esta manera la inversión se limitaría a 40 millones. “Esto demuestra que no se trata de un problema económico, pues 40 millones es una cantidad perfectamente asumible. Se trata, en realidad, de falta de voluntad política y una falta de compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres”, asegura Ciuró. “Ni siquiera han aceptado ampliarlo a los padres de bebés prematuros, que solo suponen uno de cada 13 nacimientos. El coste sería mínimo”, lamenta la diputada de CiU.

La portavoz popular reconoció que la implantación de esta medida sería beneficiosa no solo para aumentar la natalidad en España, sino también para “avanzar en la igualdad en el empleo y la corresponsabilidad parental”. “Creemos que es mucho más igualitario y económicamente mucho más eficiente que el cuidado de los hijos se reparta entre ambos miembros de la pareja”, aseguró, pero subrayó que “la situación del país, aunque mejor, sigue siendo difícil y la prioridad absoluta del Gobierno continua siendo la estabilidad presupuestaria y la creación de empleo”. “Esto último es lo que nos demanda la ciudadanía, que centremos todos nuestros esfuerzos en la creación de empleo”, dijo.

La Ley de Igualdad de 2007 reconoció por primera vez en España el derecho de los padres a disfrutar de un permiso propio e intransferible por el nacimiento de un hijo. Entonces se establecieron 13 días a cuenta de la Seguridad Social y dos a cargo de la empresa. En 2009, el Congreso aprobó ampliar este permiso a cuatro semanas y fijó enero de 2011 como fecha de entrada en vigor de esta medida, pero tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy han ido aplazando año a año su implementación alegando motivos económicos.

La ampliación de dos a cuatro semanas es solo el primer paso de un objetivo acordado por el Congreso: la equiparación total de los permisos de paternidad y maternidad. En octubre de 2012, también a propuesta de CiU, la Comisión de Igualdad aprobó una proposición no de ley que pedía al Gobierno, "cuando la coyuntura económica lo permita", aumentar de forma gradual el de los padres hasta llegar a las 16 semanas a las que ahora tienen derecho las madres. Pero por ahora ni siquiera se ha cumplido el primer tramo.

La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), constituida en 2005, registró en el Congreso en 2012 un proyecto de ley con una hoja de ruta para alcanzar este objetivo. "No podemos seguir retrasando este proceso. Mientras exista una división sexual del trabajo y el cuidado de los hijos, las mujeres seguirán siendo discriminadas laboralmente y la natalidad seguirá cayendo", advierte María Pazos, miembro de la plataforma e investigadora del Instituto de Estudios Fiscales. "Y no vale la excusa de la crisis. El hecho de que se siga aplazando la ampliación a cuatro semanas, que tiene un coste ridículo, es indicativo de que no es un problema de dinero, sino de voluntad real", añade.

La PPIINA ha elaborado un documento que recoge precisamente argumentos económicos en sentido favorable; es decir, por qué sería rentable económicamente llegar a la equiparación. Por ejemplo, aunque de entrada supone un mayor gasto, la mayor incoporación de la mujer al trabajo aumentaría con el tiempo los ingresos por cotizaciones al Estado. O se reduciría el gasto en plazas. "No hay ninguna medida que pueda dar más beneficios con un coste tan bajo. Si cada vez hay más mujeres que trabajan, se reducirá la pobreza infantil porque las familias tendrán más ingresos. Bajaría el gasto en plazas de educación infantil. Y no se malgastaría todo ese dinero que se invierte en formar a mujeres que luego no pueden acceder a puestos de responsabilidad", explica Pazos.