El Poder Judicial pide apoyo para los jueces que llevan casos de corrupción

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha anunciado que en las próximas semanas propondrá al órgano de gobierno de los jueces la adopción de una serie de medidas dirigidas a mejorar la lucha judicial contra la corrupción, incluida la creación de una Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC).

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Lesmes ha explicado que la UACC se constituiría como una unidad técnica dependiente de la Secretaría General del Consejo que tendría como finalidad la detección y evaluación de los problemas que surjan en los órganos judiciales que lleven causas por delitos de corrupción.

La Unidad de Apoyo podría proponer a la Comisión Permanente cualquier medida o actuación que redunde en la mejora de la respuesta judicial a este tipo de procedimientos, entre ellas, iniciativas dirigidas a garantizar la independencia judicial cuando ésta se pudiera ver amenazada o perturbada en la tramitación y resolución de procedimientos por corrupción.

Además, Lesmes propone medidas de refuerzo judicial, de personal o de medios materiales en los órganos que lleven este tipo de causas y el seguimiento especial de determinados procedimientos por corrupción o de órganos judiciales encargados de su instrucción o enjuiciamiento.

Entre las propuestas se incluyen modificaciones normativas que puedan mejorar la respuesta judicial en las causas por corrupción y la puesta en marcha de foros y encuentros de jueces y magistrados que conozcan procedimientos por corrupción para que pongan en común sus experiencias, fijen protocolos de actuación y propongan las medidas y reformas necesarias para que la respuesta judicial en esta materia sea la adecuada.

El presidente del Supremo y del CGPJ ha añadido que, junto a la creación de la UACC, propondrá otra serie de medidas que implican la actuación de los Servicios de Inspección, de Relaciones Internacionales y de formación del órgano de gobierno de los jueces.

Entre ellas figura la asignación a un grupo de inspectores de la Unidad Penal del Servicio de Inspección del examen de posibles carencias y disfunciones en órganos judiciales que lleven casos de corrupción de modo que se pueda ofrecer apoyo al juez y la elaboración de un protocolo de actuación que permita obtener una información completa y uniforme sobre el funcionamiento de esos Juzgados y Tribunales.

También planteará la designación de un letrado del Servicio de Relaciones Internacionales para que preste el auxilio técnico necesario a los Jueces y Magistrados que deban llevar a cabo diligencias judiciales en materia de corrupción fuera del territorio nacional, con la finalidad de garantizar la mayor eficacia y celeridad de dichas actuaciones.

Por último, procurará que se habiliten programas de formación especializada para jueces y magistrados que conozcan causas por corrupción, tanto en los ámbitos de derecho sustantivo y procesal como en otras áreas de conocimiento necesarias para la instrucción y enjuiciamiento de ese tipo de procedimientos (económico, financiero, contable, etc.), así como en la gestión de procedimientos complejos y macrocausas.

Carlos Lesmes, que espera que todas estas medidas se implementen a lo largo de 2015, ha señalado que la capacidad del sistema judicial para imponer sanciones penales disuasorias desempeña un importante papel y es una clara señal de que la corrupción no se tolera, aunque las medidas represivas no bastan por sí solas para hacer frente a la corrupción de manera eficaz.

En este sentido, el presidente del TS y del CGPJ ha insistido en que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y ha dicho que impulsando ésta en todos los ámbitos de actuación, públicos o privados, la lucha contra la corrupción avanzará decididamente y de manera correlativa y aumentará la confianza de los ciudadanos en nuestro orden político y constitucional.