257 cargos no publican su declaración de bienes

El Gobierno se ha acogido a un reglamento previo para no aplicar una parte de la Ley de Transparencia que está en vigor desde hace nueve meses. En concreto, no se ha publicado la declaración de bienes y derechos patrimoniales de la mayoría de los actuales altos cargos. El PSOE cifra en 257 los cargos públicos que deberían haber hecho pública esa declaración en septiembre y aún no lo han hecho. Los socialistas han presentado en el Congreso una proposición no de ley y una solicitud de documentación de cada uno de ellos.

La ley de Transparencia aprobada el 9 de diciembre de 2013 prevé la publicación de los bienes y patrimonio de los altos cargos en su toma de posesión y al acabar su mandato, de forma que pueda compararse si ha habido enriquecimiento. Esa norma ampliaba una ley de 2006, elaborada por el ministro Jordi Sevilla, que solo se refería a ministros y secretarios de Estado. Ahora es aplicable a muchos más altos cargos, incluyendo responsables de empresas y organismos públicos y embajadores.

El pasado 24 de septiembre el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en la que se incluían las declaraciones, pero únicamente referidas a los altos cargos cuya toma de posesión o cese se haya producido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014. Dado que el Gobierno cambió en diciembre de 2012, han quedado excluidos casi todos los altos cargos, es decir, los que fueron nombrados entre esa fecha y el mes de julio.

Para explicarlo, el Gobierno se acoge al Reglamento de 2009 que desarrollaba la ley anterior y que establecía que se publicaban las declaraciones de los que tomaban posesión entre el 1 de julio y el 30 de junio. Es decir, limita la eficacia de la ley estrella del Gobierno de Mariano Rajoy para la regeneración con un reglamento de inferior jerarquía normativa y anterior.

Siete dirigentes de Presidencia aún no han hecho público su patrimonio

El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, aseguró a este periódico que este Gobierno ha ampliado el número de personas que deben publicar su declaración. Explica que no la deben publicar los que ya estaban en el cargo antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia porque así lo ha decidido la Oficina de Conflicto de Intereses y porque "cuando fueron nombrados no estaba en vigor la norma”.

Eso supone en la práctica que en este momento hay dos tipos de altos cargos: los que tomaron posesión después de julio de 2013 y que sí tienen patrimonios transparentes y los que tomaron posesión antes y no lo tienen. Además, con esa interpretación, todos estos altos cargos deberán presentar la declaración cuando cesen en el cargo sin que previamente hayan hecho pública la inicial, es decir, sin que haya posibilidad de comparar para determinar si hay enriquecimiento.

El PSOE entiende en su proposición no de ley que “con esta publicación limitada, el Gobierno ha incumplido la obligación que la ley establece respecto de los demás altos cargos nombrados con anterioridad al 1 de julio de 2013 y que han permanecido en sus puestos hasta ahora”. Añaden que “en ningún caso puede considerarse que el Reglamento pueda limitar o excluir el alcance de los sujetos obligados por la norma legal, ya que estaríamos ante una norma viciada de nulidad por incumplimiento del principio de legalidad".

"La intención del Gobierno de no publicar las declaraciones relativas a todos los Altos Cargos incluidos en la Ley de Transparencia, excluyendo precisamente a los que fueron nombrados durante el primer año y medio de su mandato y aún permanecen en sus cargos, no solo supone el incumplimiento evidente de la previsión legal, sino que además impide que ésta pueda cumplir eficazmente su función respecto de este grupo de altos cargos, al evitar que puedan salir a la luz, en su caso, incrementos patrimoniales injustificados de los Altos Cargos producidos durante el ejercicio de su mandato", explica el principal partido de la oposición.

Por todo ello pide que se inste al Gobierno "al cumplimiento inmediato de la previsión incluida en la Ley de Transparencia, cuya disposición final segunda amplió la obligación de publicar en el BOE el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, procediendo a la publicación de las correspondientes a todos los recogidos en el artículo 3 de la Ley 5/2006 que permanecen en sus puestos, aunque hayan sido nombrados con anterioridad al 1 de julio de 2013."

La lista de altos cargos de los que aún no se ha publicado la declaración incluye a siete de Presidencia del Gobierno, desde donde se impulsó la norma, como el director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y la secretaria general de la Presidencia, entre otros. Diez de vicepresidencia, empezando por el subsecretario de la Presidencia, la jefa de Gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría y el director del Instituto Cervantes, entre otros.

No han publicado sus patrimonios casi todos los delegados del Gobierno y unos 80 embajadores, siempre según el listado aportado por el PSOE en el registro del Congreso.