Entre el fondo y el escaño

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tomó ayer dos decisiones, fundamentalmente, en el caso de los ERE: se declaró competente para investigar (algo evidente ya que los cinco señalados por la juez Mercedes Alaya son aforados en Cortes) y designó instructor a Alberto Jorge Barreiro, un magistrado cuyas resoluciones no suelen causar indiferencia. Nada más… y nada menos. Los magistrados que han estudiado la admisión de la exposición razonada de Alaya, sin embargo, no se pronuncian sobre el fondo de esta rama del caso: si aprecian indicio de delito en el procedimiento administrativo (las llamadas transferencias de financiación) con el que la Junta de Andalucía pagó durante una década las ayudas sociolaborales en las que, a posteriori, se halló una enorme bolsa de fraude.

Jueces y fiscales del Supremo evitan, por ahora, avalar o rechazar el elemento más polémico de la instrucción de Alaya, que no solo estima que hubo un uso fraudulento de una partida de la Consejería de Empleo (el fondo de los ERE), sino que cree que la cúpula del Gobierno andaluz se confabuló para repartir arbitrariamente dinero público y falseó año tras año el Presupuesto de la comunidad. Los indicios probatorios de esta tesis son muy débiles. Es más, la consideración delictiva de las transferencias de financiación salpicaría a centenares de personas que conocían o debían conocer su utilización: entre ellos, todos los diputados autonómicos entre 2001 y 2010 (las transferencias de financiación las aprobaba cada año el Parlamento andaluz en la ley de Presupuestos), funcionarios de varios departamentos y organismos como la Cámara de Cuentas. En la exposición razonada que elevó al Supremo, Alaya sorteó la hipotética implicación del Parlamento apelando a la complejidad del lenguaje presupuestario, un argumento que deja en muy mal lugar a los diputados andaluces.

A partir de ahora, la intención de la mayoría de los aforados, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza, es acudir a declarar voluntariamente ante Barreiro, que tendrá que decidir si admite esta solicitud. Cuando declaren en el Supremo, los aforados lo harán en condición de imputados, frontera que la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, puso para exigirles el escaño y que causó un hondo malestar entre los afectados. Esta semana ha ido corrigiendo esta rotunda afirmación y ahora sostiene que la petición del escaño llegará si el Supremo aprecia delito en la gestión de los aforados tras su declaración. Este límite se acerca más al código ético del PSOE, que sitúa la renuncia cuando se decreta la apertura de juicio oral.