Una demanda pionera denuncia la sobrecarga de trabajo de los jueces

Jueces para la Democracia exige a Justicia y al CGPJ que adecúen la plantilla de magistrados al nivel de litigiosidad por motivos de salud laboral

La asociación Jueces para la Democracia (Jpd), de carácter progresista, ha presentado este jueves en la Audiencia Nacional una demanda laboral en la que denuncian la sobrecarga de trabajo y la falta de medios de los juzgados españoles. Se trata de una demanda pionera en la que exigen a la Audiencia que obligue al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a que adecúen la plantilla judicial al nivel de litigiosidad, ya que casi la mitad de los jueces soportan una carga de trabajo superior al 150% de la establecida como normal.

El portavoz de JpD, Joaquín Bosch, ha advertido a las puertas de la Audiencia Nacional de que el colapso y la falta de medios de los juzgados afecta a causas complejas como los sumarios sobre corrupción. "Las tramas corruptas disponen de más medios para eludir la acción de la Justicia y esto no es aceptable", ha añadido.

La demanda laboral, la primera que un colectivo de jueces interpone contra sus empleadores por sus condiciones de trabajo, se dirige en primer lugar contra el Consejo General del Poder Judicial, encargado entre otros asuntos de los nombramientos, inspección y formación de los jueces, y responsable de los riesgos laborales. En segundo lugar, la demanda va contra el Ministerio de Justicia, responsable de los medios materiales y las retribuciones de los magistrados.

El colectivo Jueces para la Democracia denuncia que tres años después de aprobarse el reglamento de salud laboral de los magistrados, el CGPJ “carece de las herramientas esenciales para una eficaz protección frente a los riesgos laborales, incluidos los psicosociales, del colectivo judicial: una evaluación de riesgos y la fijación de una carga de trabajo máxima a efectos de salud laboral”. Esta situación pone a los jueces, según la demanda, en “la más absoluta desprotección”.

El pasado septiembre, el CGPJ publicó un informe sobre la carga de trabajo de los juzgados y tribunales españoles, con especial hincapié en aquellos que superaban en un 150% la carga laboral que se considera normal. El 43,5% de los órganos judiciales españoles excedía ese nivel de trabajo. “Resulta evidente que un miembro de la carrera judicial titular de un órgano con una carga de trabajo que supere en más de un 50 % la carga de trabajo que el CGPJ considera normal está poniendo en riesgo su salud (…) parece ineludible y urgente evaluar los riesgos para la salud que dicha sobrecarga de trabajo conlleva y adoptar las medidas preventivas oportunas”.

JpD cita el caso del magistrado de lo Social de Madrid Angel Luis del Olmo, fallecido de un infarto el 2 de julio de 2013. Ese día, el juez tenía que celebrar 19 juicios laborales. La carga de trabajo de su juzgado en relación a los módulos de productividad fijados por el propio CGPJ en enero de 2013 era del 206%.

El pasado 24 de abril, un incendio en los juzgados de la calle Princesa de Madrid –los mismos en los que trabajaba el juez Del Olmo- obligó a evacuar el edificio. JpD puso una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Sin embargo, el informe de este organismo en el que se imponen medidas correctoras a la Comunidad de Madrid no incluye medidas específicas respecto al colectivo judicial.

Jueces para la Democracia, que representa aproximadamente al 10% de los 5.018 jueces españoles, recuerda al Consejo General del Poder Judicial que tiene obligación de ofrecer un plan de evaluación de riesgos laborales y proteger la salud de los jueces. En su demanda, los jueces progresistas piden que se condene a Justicia y al CGPJ a “la inmediata realización de una evaluación inicial de los riesgos, incluidos los psicosociales, para la seguridad y salud de jueces”. También reclaman que se declare que los magistrados que superan el 150% de la carga de trabajo idónea “se encuentran en situación de grave riesgo para su salud” y que “la carga de trabajo soportada se adecúe a los módulos de productividad aprobados en enero de 2013”.

Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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