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‘Lobbies’ fuera de control

La batalla de la varicela pone de manifiesto la necesidad de regular los grupos de presión

Una de las insignias con la que los 'lobbies' se identifican en EE UU. Ampliar foto
Una de las insignias con la que los 'lobbies' se identifican en EE UU. ap

El pulso que la Administración española y la multinacional farmacéutica Sanofi Pasteur acaban de librar a cuenta de la vacuna contra la varicela es un ejemplo altamente ilustrativo de la necesidad apremiante de regular la actuación de los lobbies, esa recurrente tarea siempre enunciada y nunca realizada. En España no hay ninguna regulación sobre los grupos de presión, entendiendo como tales las empresas, asociaciones o corporaciones que en defensa de sus intereses intentan influir en los grupos para modificar las leyes. En el Parlamento ha habido varios intentos de grupos minoritarios, interesados en que se conozca la “trazabilidad de las leyes”, es decir, que se hagan públicas, como en otros países, las reuniones de los diputados con los lobbies que tratan de que los proyectos legislativos atiendan a sus intereses. Algunos grupos, como UPyD, lo hacen por su cuenta.

Mariano Rajoy anunció su intención de regular estos grupos en su primer debate sobre el estado de la nación como presidente, en febrero de 2012, pero su propuesta quedó aparcada. Dos años después, el pasado 27 de octubre, el PP propuso al resto de grupos reconocerlos y legalizarlos en el Congreso. El punto de partida es que en Europa, solo Portugal y Grecia están en la misma situación que España y no tienen regularizada la actuación de los grupos de presión en sus respectivos Parlamentos.

Rajoy ya anunció su intención de regular los ‘lobbies’ en 2012 pero hasta el mes pasado el PP no dio un primer paso

La propuesta del PP incluye crear un registro de lobbies, de tal forma que solo el que esté apuntado tenga capacidad de actuar en el Parlamento; elaborar un código de buenas prácticas y dar transparencia a su actuación obligando a publicar las agendas de los diputados. En principio, todos los grupos mostraron su disposición a estudiarlo.

Incluso colectivos directamente afectados, como la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), reclaman hoy ese control, convencidos de que los conflictos de intereses no tienen por qué tener efectos nocivos si se manejan con transparencia. De hecho, la actividad de los grupos de influencia está ampliamente regulada en otros países. Los ejemplos de Estados Unidos y la Unión Europea son bastante claros.

Un actor clave de la política de Estados Unidos

La calle K, donde tradicionalmente se instalan sus oficinas los grupos que aspiran a influir en la política de Washington, sigue ganando oficinas. Es el reflejo del auge del negocio del lobby en la capital de EE UU. Entre 1999 y 2010, su inversión pasó de 1.400 millones a 3.500 millones de dólares (de 1.100 a 2.800 millones de euros), según las estadísticas del Senado recopiladas por el Center for Responsive Politics, una organización independiente. En paralelo, el número de lobbistas registrados alcanzó en 2007 su récord (14.837), el doble que en 1981. Desde entonces, las cifras se han reducido ligeramente (12.359 en 2013), pero según los expertos se debe a factores coyunturales.

Este nivel de detalle revela la transparencia del sector. Desde 1946, la ley regula su campo de acción. La última reforma es de 2007, tras un escándalo de regalos que salpicó al Gobierno de George W. Bush y a congresistas republicanos. Un conocido lobbista fue condenado a cuatro años de cárcel por sobornar a representantes públicos por medio de regalos y viajes. Desde entonces, la ley prohíbe a los legisladores aceptar sus regalos, limita el presupuesto de sus comidas, amplía el periodo de veto para que un excongresista se haga lobbista y obliga a los lobbies a divulgar cada cuatro meses sus actividades. Por ejemplo, se puede saber qué empresas hacen aportaciones a proyectos de ley.

“Es un juego a largo plazo”, explica por teléfono Lee Drutman, analista de New America, un think tank en Washington. “Los lobbistas”, agrega el experto, “buscan moldear el ambiente por medio de una sutil pero continua interacción con los políticos clave”.

Son un elemento intrínseco a la política de EE UU: toda empresa que quiera ser escuchada debe pasar por ellos. En 2013, los sectores que más gastaron fueron el asegurador e inmobiliario (489 millones de dólares) y el sanitario (487 millones). “Hacen más lobby los sectores que van bien”, afirma Drutman. Como victorias del sector menciona el éxito de los bancos en suavizar la reforma financiera tras la crisis de 2008 y de las aseguradoras y hospitales en hacer lo mismo con la reforma sanitaria del presidente estadounidense, Barack Obama. De hecho, el gran salto en la inversión se consolidó en 2009 con su entrada a la Casa Blanca.

Un ‘lobbista’ por funcionario en la Comisión Europea 

Un paseo por el barrio europeo de Bruselas, en el que se concentra el grueso de las instituciones comunitarias, se convierte en una feria al aire libre de asociaciones de toda índole con un objetivo único: influir en las instituciones de la UE en defensa de los intereses de sus representados. A un radio de un kilómetro y medio de la sede de la Comisión Europea, principal centro de poder comunitario, pocos edificios de oficinas escapan de las placas que anuncian los nombres de grupos de presión de toda índole: financieros, energéticos, industriales, medioambientales y también organizaciones de defensa de los consumidores.

En Bruselas hay cerca de 30.000 lobbistas, frente a los 31.000 funcionarios que trabajan en el Ejecutivo comunitario, según los cálculos de Corporate Europe Observatory, una organización independiente que pide más transparencia en la UE y que calcula que invierten anualmente 1.000 millones de euros. Muchos de estos lobbistas trabajan en los 6.935 grupos de presión que figuraban inscritos en octubre en un registro del Parlamento que, desde 2011, hace públicas las señas de los lobbistas con derecho de acceder a la Eurocámara.

Casi la mitad de los grupos registrados son empresariales. El resto se divide entre consultores, abogados y representantes de ONG, think tanks, entes locales y regionales y hasta de confesiones religiosas. La tendencia es ascendente: desde junio de 2011, cuando se constituyó el registro, el número no ha dejado de crecer. Sin embargo, una gran mayoría lleva años en Bruselas. Los conocedores de este mundillo fijan en una década el periodo a partir del cual la influencia empieza a dar réditos. Para estos grupos, la importancia de Bruselas es capital: de aquí proviene, aproximadamente, el 75% de la legislación comunitaria.

Sin embargo, no todos luchan por intereses particulares. Al otro lado de la trinchera lobbista destaca la labor de la mencionada Corporate Europe Observatory, una ONG que pone la lupa sobre los movimientos de los grupos de presión y desvela sus artimañas —no siempre acordes con los estándares éticos—, y la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), que con una financiación muy inferior lucha por hacer contralobby: defender al ciudadano para que las leyes europeas no se plieguen a los intereses de los grupos poderosos. 

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