El Gobierno confirma que va a recurrir la nueva consulta del 9-N

El Consejo de Ministros ha decidido hoy impugnar la consulta independentista catalana del próximo 9 de noviembre. El Gobierno, que al principio parecía dispuesto a no recurrir el sucedáneo de consulta y calificó de "excelente noticia" que Mas hubiera retirado la otra, ha dado este paso después de recibir un informe del Consejo de Estado que asegura que la nueva propuesta para votar planteada por el Gobierno de Cataluña tiene los mismos vicios de inconstitucionalidad que la anterior, que ya fue suspendida por el Tribunal Constitucional. La consulta actualmente en marcha, según han señalado los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, tiene mayor gravedad que la original "porque carece de garantías constitucionales".

El Gobierno ha optado así políticamente por la solución más dura posible ante la salida que había buscado Mas y que supuso una rupura con ERC. En los primeros días, Mariano Rajoy minimizó esta consulta alternativa y el Gobierno trasladó mensajes que hacían pensar que no recurriría. Pero después, coincidiendo con una semana durísima para el PP con los escándalos de las tarjetas opacas, la imputación de Ángel Acebes y la operación Púnica, el Ejecutivo dio un giro y ha decidido finalmente acudir al Constitucional. El Gobierno explica que está obligado a velar por los derechos de todos los catalanes y en especial de los funcionarios, colocados según el Ejecutivo ante la tesitura de incumplir la ley por la actitud de la Generalitat.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la impugnación -que será registrada hoy mismo- durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Y la ha justificado en la necesidad de "defender los derechos de los catalanes" que la Generalitat, a su juicio, "está perjudicando". "El derecho a la libertad, también la libertad de prensa, el derecho a la igualdad, el derecho de los funcionarios a tener la tranquilidad de que no van a violentar la ley...", ha enumerado Santamaría.

La nueva consulta, ha dicho la vicepresidenta, se ha convocado "sin ninguna base legal y sin ninguna de las garantías democráticas más básicas". Y todo lo que la caracteriza ha sido heredado de la consulta original: está convocada para la misma fecha que la consulta suspendida por el Constitucional, con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas, además de no tener ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por "quienes defienden un resultado concreto", ha afirmado Sáenz de Santamaría.

"No hay decreto de convocatoria, pero sí innumerables actuaciones [para organizar la consulta]", ha dicho en referencia a la estrategia de la Generalitat, que aún no ha convocado formalmente la votación intentando precisamente sortear una nueva suspensión. El Gobierno pedirá por tanto al Constitucional que suspenda "cualquier actuación de preparación de la consulta, las que se han realizado y las que se pretendan realizar". La mera presentación de la impugnación del Ejecutivo, si el tribunal la admite a trámite, supone la suspensión automática de la consulta durante cinco meses, mientras se produce una sentencia sobre el fondo de la cuestión.

Funcionarios "a la intemperie"

La vicepresidenta ha subrayado que el argumento que da la Generalitat de que está organizando la consulta con voluntarios es "un tanto particular", porque a algunos funcionarios "se les han pedido obligaciones para ese día". Por ejemplo, a los directores de los colegios e institutos públicos donde se pretende instalar las urnas. "Ese voluntario asume una responsabilidad que el presidente de la Generalitat no asume", ha avisado Sáenz de Santamaría. "Ahí hay gente a la que están poniendo en la tesitura de tener que llevar a cabo actuaciones suspendidas por el Tribunal Constitucional y que según el Consejo de Estado son ilegales".

Uno de los motivos "fundamentales" de la impugnación, ha insistido, es "proteger a los funcionarios para que no se vean obligados a incumplir la ley y asumir personalmente la responsabilidad"; porque la Generalitat les está colocando, ha dicho, en una situación de "absoluta intemperie legal". "Hay que ser un poquito serios", ha asegurado.

Además, ha cuestionado la imparcialidad en la consulta de los miles de voluntarios que han respondido al llamamiento de la Generalitat, y ha deslizado, sin señalar expresamente al Gobierno catalán sino utilizando un ejemplo genérico sobre una consulta convocada de forma irregular, que los voluntarios, "como los llama ese partido, piensan como ese partido".

Cuando le han preguntado qué consecuencias puede haber para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, si sigue adelante con la consulta aunque el Constitucional la vuelva a suspender, la vicepresidenta ha contestado: "Yo espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que, si en el primer referéndum incumplía la Consitución, en el segundo proceso está vulnerando derechos de los ciudadanos a los que gobierna. Eso es un paso más. Le pido que, al menos por respeto a los ciudadanos, cumpla las resoluciones del tribunal". Esto es, el Gobierno opta por la via más dura, la de la impugnación, pero decide no ir directamente contra Artur Mas, lo que supondría ya una guerra abierta entre los dos gobiernos.

"Decisión del conjunto del pueblo español"

Para decidir la impugnación, el Gobierno ha analizado el informe del Consejo de Estado. En él se recogen las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, admitiendo que la convocatoria del N-9 es para que los catalanes decidan en referéndum si quieren o no un Estado independiente. Se recuerda, a continuación, que la convocatoria de cualquier referéndum consultivo sobre "decisiones políticas de especial trascendencia" (y se entiende que la independencia de una parte de España lo es) es competencia del Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. En ningún caso, por tanto, competencia de una comunidad autónoma. Por lo mismo, según el Consejo de Estado, la consulta del 9-N infringe el artículo 149.1.32a de la Constitución, que contempla la competencia del Estado para la autorización de consultas populares mediante referéndum.

En este informe, como en el anterior sobre la consulta original, el Consejo de Estado señala que, “en lo tocante a la unidad de la nación española, está reservada a la decisión del conjunto del pueblo español en el seno del procedimiento de reforma constitucional”.