Tres años malgastados

El cruce de acusaciones entre los grandes partidos —por Gürtel, Barcenas, los ERE...— en los tres años transcurridos de legislatura ha dejado poco resquicio en el Parlamento para la entrada de un debate serio sobre regeneración política. Hasta ahora, la mayoría del PP ha rechazado todo tipo de interpelaciones, preguntas, mociones o peticiones de comparecencias sobre el tema. Hasta que en julio el Gobierno decidió cambiar el paso. A esas alturas las encuestas reflejaban el despeñamiento electoral de los dos grandes partidos, PP y PSOE, y el rechazo ciudadano a la política y a los políticos, adelantado en las elecciones europeas de mayo.

En ese contexto, el Consejo de Ministros del 20 de julio aprobó un borrador con medidas de regeneración democrática con el objetivo de convertirse en leyes. Las dos próximas semanas son clave para conocer el grado de acuerdo que el Gobierno puede alcanzar con la oposición después de intercambiar documentos con el PSOE, UPyD, CiU y PNV.

No obstante, las conversaciones más intensas se desarrollan entre el Gobierno y el Grupo Popular, de un lado, y del PSOE por otro. Ajenos, de momento, a estos movimientos se encuentra Izquierda Plural, que no ha querido participar en esta primera fase y aguarda a que les presenten los documentos oficiales para empezar la discusión parlamentaria.

“Vamos muy en serio”. Esta frase sale del Gobierno pero también del PSOE, al margen de que pueda o no llegarse a un acuerdo global. Sí lo habrá en parte. ¿Quién se va a negar a endurecer el castigo por conductas ilegales o al margen de la ética y la moral pública? En estos momentos y “por muchos años”, nadie, responden en todo el arco parlamentario.

Las pensiones de los exministros serán homologadas a las del resto de trabajadores públicos

Algunos, además, alzan la mano para recalcar que ellos no han tirado nunca una piedra, como es el caso de UPyD. También lo proclamaba Izquierda Unida aunque ahora se ha visto ligeramente salpicada por tener a uno de los suyos, expulsado hace años, en el consejo de Bankia haciendo uso de la tarjeta negra.

Con la futura legislación no habrá tarjetas (ni legales ni ilegales) para ningún cargo público. “Se prohíben las tarjetas de crédito para los altos cargos”, señala el documento gubernamental a discutir con los partidos. Tampoco los representantes de órganos o instituciones. Se obligará “la justificación estricta de los gastos reembolsables, acreditando su necesidad para las funciones inherentes al cargo”.

Más controles propuestos: “Fiscalización ex post del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses, una vez abandonen su puesto, para detectar las situaciones de enriquecimiento injustificado”.

Mucho, y no siempre con el suficiente rigor, se ha hablado de las pensiones de los exmiembros del Gobierno y de los parlamentarios. Ahora, en este afán de recuperar credibilidad, las nuevas normas quieren precisarlo. “Habrá una homologación total del régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos y, por lo tanto, con los mismos derechos en el régimen de pensiones públicas”. Además, “las retribuciones tendrán que concretarse en los Presupuestos Generales del Estado y deberán figurar en las normas presupuestarias de forma homogénea y clara”, se dicen en el documento sujeto a discusión.

Los ciudadanos que se unan en torno a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tendrán más protagonismo: serán escuchados en las comisiones del Congreso

El Reglamento del Congreso también tendrá su parte relevante. Los ciudadanos que se unan en torno a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), como han hecho en esta legislatura por ejemplo en contra de los desahucios, tendrán más protagonismo. Así, los promotores de las ILP serán escuchados en las comisiones del Congreso.

En las mejoras del proceso legislativo se aspira a que los debates técnicos, con el pormenor de las leyes, queden para las comisiones en tanto que la tribuna de oradores del hemiciclo, en pleno, se reserve para los debates políticos. Con ello los ciudadanos no verán esa imagen de escaños vacíos cuando se está discutiendo una norma demasiado específica de Agricultura, Fomento o Cultura.

Después de tres años de intentos fallidos ahora todo se precipita porque hay prisa para dar una respuesta a los ciudadanos. El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene voluntad de dialogar sobre asuntos que no fueron posible con su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. El pasado jueves tuvo un primer contacto en torno a un café en su despacho con el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, y la titular de Justicia, Rosa Aguilar. Trataron de materias anticorrupción de lo que es posible acordar.