El fiscal pide dos años al expresidente de Caja Castilla-La Mancha

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este martes una pena de dos años y medio de prisión por un delito de falsedad contable para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general de esa entidad Ildefonso Ortega. El ministerio público entiende que ambos directivos de la caja, hoy desaparecida e integrada en Liberbank a través de Cajastur, hicieron una “maniobra contable” que logró que “los estados financieros de CCM, tanto individuales como consolidados, reflejaran beneficios en lugar de pérdidas” en el ejercicio de 2008. En concreto, los beneficios declarados fueron de 29,8 millones de euros cuando el resultado negativo consolidado era en realidad de 182,2 millones de euros. La fiscalía, en su escrito de acusación, va menos lejos que el juez instructor de la causa, Pablo Ruz, que entendía que en la gestión de los rectores de CCM había también un delito de administración desleal. El acusador público, que no reclama cantidad alguna a los imputados, limita la responsabilidad penal de Ortega y Hernández Moltó al falseamiento contable.

CCM fue la primera caja rescatada por el FROB, con una inyección de 9.000 millones de euros el 29 de marzo de 2009. La fiscalía recuerda en su escrito que en febrero de ese año los responsables de la entidad remitieron al Banco de España los estados financieros de la caja. Sin embargo, en la cuenta de resultados, que expresa las pérdidas y ganancias, Ortega y Hernández Moltó, exdiputado del PSOE, no incluyeron los resultados negativos de sus participaciones en las inmobiliarias Afirma, Colonial y Parquesol. Estos grupos, que cotizaban en bolsa, representaban unas pérdidas de 212 millones de euros, que fueron contabilizados como patrimonio neto de la entidad. Además, en la cuenta faltaban 57 millones de euros que CCM debería haber provisionado siguiendo las instrucciones del Banco de España.

Esa “maniobra contable” permitió a los rectores de la caja presentar beneficios en lugar de pérdidas y ocultar la situación de falta de liquidez de la entidad, derivada sobre todo de su exposición al sector de la construcción y la promoción en los años de la burbuja inmobiliaria. Estas dificultades habían sido advertidas por los técnicos del Banco de España que inspeccionaban la entidad manchega. El organismo regulador había exigido a los directivos de CCM que contabilizaran de forma correcta créditos dudosos, subestándar y de seguimiento especial por valor total de 1.549 millones de euros, y que provisionaran 245 millones para hacer frente a la morosidad que podía derivarse de ellos. También les requerían que contabilizaran debidamente los resultados de su cartera de inversión que presentaban “evidencias objetivas de deterioro” por valor de 196 millones.

Pocos días después de la publicación de las cuentas positivas, el 28 de marzo de 2009 el Banco de España sustituyó al Consejo de Administración de CCM y nombró a tres funcionarios como administradores provisionales. Al día siguiente llegó el rescate por 9.000 millones de euros “para superar sus dificultades transitorias de liquidez y así posibilitar el mantenimiento de su operativa y el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores en general”.