Castilla y León paga 137.000 euros por un muerto en lista de espera

La Junta de Castilla y León ha tenido que pagar 136.673,59 euros a la viuda e hijo de Luis Canabal Ramón como compensación por la muerte del hombre, que falleció el 21 de febrero de 2013 después de esperar nueve meses a que le operaran de un aneurisma de aorta (una especie de ensanchamiento que debilita las paredes de la arteria).

En la orden de la Junta que cierra el proceso se recoge, sobre todo, un aspecto: la dolencia del hombre debía haberse resuelto en tres meses por su gravedad, según los baremos de la Sociedad Española de Cardiología, pero no se hizo. Por lo tanto, se le ha causado un daño que no es atribuible a su estado. “Una vez analizado el largo proceso asistencial” del paciente, “existen varios puntos que se pueden traducir en una pérdida de oportunidad para este”, señala la resolución que ha recibido el despacho Lex Abogacía, que es el que ha llevado el proceso. “El informe de la inspección establece que fue excedida la demora máxima de espera, que está en tres meses, por lo que fue mayor de la recomendable”, apunta la resolución.

También se indica que su problema de aorta, por el que esperaba para ser operado, “no constaba en los procesos clínicos abiertos de su historia electrónica”, lo que pudo retrasar la decisión del facultativo que le atendió [en el centro de salud] de derivarle al servicio de urgencias del hospital de El Bierzo (León). Sí estaba en alguna de las historias manuales, pero estas no son de acceso inmediato para los médicos en los servicios de urgencia de los hospitales, ya que suelen estar almacenadas incluso en otros edificios.

Operarle hubiera costado mucho menos", se queja la viuda

Este fue el último de la sucesión de errores que afectaron a Canabal, ya que tuvo que acudir dos veces al ambulatorio con molestias derivadas de la rotura del aneurisma antes de que se decidiera hospitalizarle. De hecho, cuando por fin llegó la ambulancia ya estaba tan mal que no llegó al centro de salud donde debía habérsele intervenido. Ello se debió a que los médicos confundieron sus síntomas con los de un trastorno gástrico.

María del Carmen Enríquez, la viuda de Canabal, ya ha recibido el dinero. “Casi que me quema”, dice. “Una vida no vale ni ese dinero ni nada”, afirma. “Me llevo mejor el ponerles la cara colorada a las autoridades, que no atendieron nuestras quejas”, dice.

Ella no duda de que la culpa del aumento de las demoras para operarse que se ha producido tras los recortes en sanidad de esta legislatura es la culpable de lo que sucedió. Y manifiesta que este caso es un ejemplo de la aplicación ciega de las medidas de ajuste. Lo razona así: “Les hubiera costado menos la operación de mi marido que la indemnización”.