Rivero sobre la consulta en Canarias: “Cumple con la legalidad”

El presidente canario, Paulino Rivero, ha asegurado esta mañana que la consulta que tiene previsto llevar a cabo el 23 de noviembre para preguntar a los canarios si quieren las prospecciones petrolíferas frente a sus costas “cumple estrictamente con la legalidad”. Rivero no ha aclarado qué hará si finalmente el Gobierno recurre la consulta en el Tribunal Constitucional y si este decide suspenderla cautelarmente hasta tomar una decisión. “Lo iremos viendo en las próximas semanas”, ha asegurado.

El presidente canario ha rechazado las comparaciones con la consulta catalana. “Son cosas totalmente diferentes. Que no mezclen. En Canarias estamos en otra lucha”, ha señalado. “Queremos que el pueblo canario hable antes de que empiecen a perforar. Queremos que nos dejen opinar sobre nuestro futuro”, ha añadido. Las fechas, sin embargo, prácticamente coinciden. Repsol tiene previsto iniciar los sondeos, en dos puntos a algo más de 50 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, en noviembre. La compañía espera los resultados de las prospecciones que tiene en marcha actualmente en Angola para saber cuándo estará disponible el barco que se usara para perforar.

Rivero ha dicho esta mañana que los accionistas de la compañía petrolífera le han asegurado que las prospecciones en Canarias no tienen interés estratégico para ellos y que únicamente responden “al interés del regulador”. El presidente ha añadido que es “un ministro canario”, en referencia a José Manuel Soria, titular de la cartera de Industria, “el artífice de que los intereses de Repsol estén por encima de los del pueblo canario”. Ha acusado a Soria y, por extensión, al Gobierno central de “clara connivencia en defensa de los intereses privados de una compañía”.

Representantes de las administraciones públicas canarias, organizaciones de defensa de la naturaleza y entidades empresariales y sociales se han reunido en Madrid

Distintos representantes de las administraciones públicas canarias, organizaciones de defensa de la naturaleza y entidades empresariales y sociales se han reunido esta mañana en Madrid para exigir frente al Consejo de los Diputados que Repsol abandone sus planes para investigar si existen hidrocarburos frente a las costas canarias. Han desplegado una pancarta en la que se leía savecanarias.org, la dirección web de la campaña internacional que pide ayuda para detener las prospecciones. La pancarta se ha mostrado en la plaza de las Cortes, justo al otro lado de la calle. La policía ha acudido para informar a los organizadores de que carecían de autorización y ha tomado los datos del responsable.

Durante la rueda de prensa posterior, Ezequiel Navío, portavoz de la campaña, ha explicado que el Cabildo de Fuerteventura solicitó permiso para realizar un “acto institucional” y que la semana pasada recibieron la denegación. En el escrito, según ha relatado, la Delegación del Gobierno aducía la “presión psicológica” a la que se podía someter a los parlamentarios de autorizarse el acto. “Quien coarta la libertad de expresión es el Gobierno del PP”, ha asegurado Navío.

El presidente canario ha acusado al Gobierno central de “falta de respeto absoluto”, “falta de lealtad institucional” y de “desconsideración con el pueblo canario” por no escuchar sus reivindicaciones. “Es una actitud que raya en el tratamiento colonial”, ha añadido. También ha tildado de “torpe” la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha lanzado una advertencia: “Este trato absolutamente abusivo auguro que no va a ser un buen camino para la cohesión del Estado”. Sobre la consulta, Rivero ha asegurado que lo menos importante es cómo sea la pregunta. “Los residentes canarios están llamados a una consulta clara: sí o no al petróleo”, ha señalado. Y ha añadido que confía en que “no haya discriminación en el trato” que se dé a las prospecciones que también están previstas en aguas cercanas a las Islas Baleares, donde gobierna el PP, que está en contra. “Mi intuición es que en el caso de Baleares España va a forzar una declaración de impacto ambiental negativa para resolver un problema político”, ha asegurado.