Del GAL a soplón del narco

El exinspector Michel Domínguez recibió un WhatsApp el 19 de julio de 2012: "Mírame esta matrícula”. Un narco le encargó indagar si el coche que merodeaba por una vivienda del barrio madrileño de Vallecas pertenecía a la policía.

El juzgado 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) acumula decenas de pinchazos telefónicos inéditos como este que apuntan a Domínguez como un chivato a las órdenes de la presunta red dirigida por el colombiano Eduardo Orjuela Salazar, El Gordo. Los investigadores sostienen que el exagente condenado en 1991 a 108 años de prisión por seis asesinatos frustrados de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la guerra sucia que se cobró la vida de 23 miembros de ETA, recurría a sus antiguos contactos policiales para informar a los narcos. Era el soplón de un grupo con tentáculos en Madrid, Barcelona y Valencia, según el sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Domínguez, de 56 años, se encuentra en libertad provisional desde mayo tras pagar una fianza de 10.000 euros. Y se sentará en el banquillo por tráfico de drogas en los próximos meses. La policía sospecha que su organización distribuyó en España 500 kilos de coca que se colaron por el puerto de Valencia en abril de 2012. La mercancía sumaría en el mercado negro del menudeo 16 millones de euros. La banda operaba como una multinacional de la droga. Planeaba importar estupefacientes desde República Dominicana y Venezuela para garantizar el abastecimiento en España.

El antiguo GAL trabajaba a las órdenes de Julio Andrés Díaz, el presunto coordinador de dos laboratorios en Madrid donde se procesaba el polvo entre probetas y disolventes. También transportaba la mercancía en un ciclomotor Peugeot y cobraba a los clientes. Jefe y empleado se comunicaban en clave. "Hay que ir a la habitación de los 50", le pedía Díaz para encomendarle a su subordinado una entrega de 50 gramos. “Solo me faltan 200”, replicaba el exagente en alusión a la cantidad pendiente.

Domínguez y su superior vivían obsesionados con la seguridad. El jefe acostumbraba a pedir a su empleado referencias de los vehículos estacionados cerca de su casa de la calle Villamayor de Santiago en Madrid. También solía desconcertar a la policía con abruptos cambios de itinerario. Ocurría cuando sospechaba que un vehículo formaba parte del “otro equipo” (policía de incógnito). La relación Díaz-Domínguez se remontaría a la época en la que ambos coincidieron como trabajadores de una empresa de reformas, según el abogado del expolicía, Jorge Manrique.

El Gordo, como factótum, supervisaba las operaciones del grupo. El presunto capo manejaba desde su casa en Cubelles (Barcelona) 14 móviles, siete vehículos -cuatro Mercedes y un Jaguar- y disfrutaba de un tren de vida imposible para un desempleado de 51 años. Un cruce de datos internacional alertó de que este cabecilla ya fue arrestado en 1993 en Heredia (Costa Rica) por tenencia de droga.

El modus operandi de la organización mutaba a diario. Su modelo de negocio combinaba la venta con la importación. Y planeaba utilizar los puertos de Barcelona y Tarragona para desembarcar centenares de paquetes precintados. Para evitar sospechas, ideaban camuflar la droga en dos contenedores mensuales cargados con 20.000 litros de aceite de palma. Su destino: una fábrica de patatas fritas y aperitivos en el polígono de Ogíjares (Granada). La policía vincula a esta empresa en el entramado del narcotráfico tras conocer que la red le abonó una deuda con la Seguridad Social de 70.000 euros.

El gancho ciego era otra técnica elegida para introducir la droga en los puertos. Antes de pasar la revisión aduanera, los miembros de la red extraían una bolsa con la cocaína del contenedor con mercancía legal. Se sustituía el precinto de seguridad en una de las zonas de sombra (sin cámaras) y la carga pasaba desapercibida los controles. El cambalache requería de dos a cuatro personas. La banda disponía de una quincena de operarios -estibadores, vigilantes y camioneros- a sueldo en las terminales de Barcelona y Tarragona. Cobraban entre 20.000 y 50.000 euros, según su responsabilidad. Los empleados debían acreditar con documentos internos que eran capaces de moverse con soltura de noche por las instalaciones sin despertar sospechas. Yul, Max o Uru eran los nombres de guerra de los portuarios que completaban con sobresueldos ilícitos sus nóminas legales de más de 5.000 euros.

El grupo llegó a comprar un GPS encriptado. Exploraba como alternativa al gancho ciego tirar la droga al mar en boyas para su posterior localización. Sus últimos proyectos apuntaban a una mega operación con un buque procedente de Venezuela con destino al puerto de Rotterdam. El negocio se bautizó como Operación piscina. Nunca se fraguó.

El esquema piramidal saltó por los aires en junio de 2013. Los agentes desmantelaron la organización cuando intentaba colar por el puerto de Tarragona 100 kilos de coca en dos contenedores refrigerados. “Mañana seremos papás”, confió en clave la víspera del golpe policial que arrestó a 14 personas el presunto coordinador de esta misión Juan A., Camionero. Su hijo nacerá con su progenitor en prisión.

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